Carmena ha intervenido 63 pisos turísticos en Madrid en los últimos ocho meses

Combatir el fenómeno de la turistificación se ha convertido en una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid. La sustitución de la vivienda permanente por vivienda temporal destinada al alojamiento turístico está teniendo consecuencias peligrosas para la capital española, según el consistorio: el incremento del precio del alquiler hasta máximos históricos, la expulsión de los vecinos madrileños de sus barrios hacia la periferia y, por tanto, el deterioro en las comunidades de los distritos más afectados. De ahí el plan especial aprobado en la Junta de Gobierno municipal para exigir una licencia de hospedaje a los propietarios que destinen su vivienda a alojar a turistas más de tres meses al año. Pero no solo eso: el consistorio ya está actuando contra aquellas unidades de alojamiento turístico que podrían estar ejerciendo esta actividad sin el permiso y que han sido denunciadas por las asociaciones vecinales.

Según datos a los que ha accedido este diario, en los últimos ocho meses la Agencia de Actividades del ayuntamiento ha abierto expedientes administrativos a un total de 106 viviendas —todas ellas situadas en el distrito Centro— y durante los meses de diciembre y enero fueron objeto de inspecciones municipales. En el caso de 63 de ellas, el consistorio logró identificar el ejercicio de esta actividad sin la licencia correspondiente, otorgando el preceptivo trámite de audiencia, que es previo al cese de la actividad. Dicho de otra manera, el organismo autónomo adscrito a la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible ha intervenido 63 viviendas de uso turístico y cuando ratifique el ejercicio de la actividad sin permiso administrativo podrá ordenar su cierre. En concreto, estos pisos estaban concentrados en las calles Ventura de la Vega, Costanilla de los Desamparados, Carretas, Santa María y Calvario.

Con respecto a los otros 43 expedientes abiertos a alojamientos, el consistorio no ha podido actuar, al no haber sido capaz de verificar durante las inspecciones que efectivamente se estaba ejerciendo una actividad económica con ese fin. El área que dirige José Manuel Calvo confirma a este diario que han solicitado información complementaria a la comunidad para tratar de verificar la situación de estas viviendas, que se encuentran también en Ventura de la Vega, Núñez de Arce, Corredera Baja de San Pablo y Abades.

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Iván Gil

En ese sentido, en el consistorio insisten en que las actuaciones municipales en materia urbanística se vienen realizando sin perjuicio de las que "debe ejercer" el Ejecutivo regional liderado por Cristina Cifuentes, que es el que realmente tiene las competencias en materia de turismo. En ese sentido, consistorio y comunidad tienen abierta una guerra por la regulación de los apartamentos de uso turístico, sin que haya llegado a buen puerto un acuerdo. El pasado verano, la Consejería de Turismo elaboró un nuevo decreto con la intención de llevar a cabo esta regulación, una exigencia del sector hotelero madrileño, con el objetivo de que la vivienda cumpliera una serie de requisitos y los propietarios pusieran en conocimiento de la policía los datos necesarios sobre sus inquilinos. La principal novedad fue el anuncio de que las comunidades de vecinos podrían vetar que hubiera un solo piso turístico en sus edificios.

El decreto levantó ampollas entre los hoteleros, que aprovecharon el periodo final de alegaciones para lanzar su opinión al Ejecutivo regional: la principal demanda pasaba por exigir el fin de la competencia desleal y que se requiera una licencia específica para la "actividad económica que es". La presidenta madrileña aseguró estar abierta a "enriquecer" el texto con "aportaciones e ideas". Por ahora, sigue su tramitación. De forma paralela, el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena se lanzó a elaborar un plan especial para la ciudad en el que se proponía exigir una licencia de hospedaje a los propietarios que destinen su vivienda a este fin más de tres meses al año. La idea fue aprobarlo en el pleno municipal para, inmediatamente, establecer una moratoria de un año en la concesión de estas licencias, dentro del uso terciario hotelero como parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La moratoria, como publicó este diario, afectará a todo el distrito Centro y, según el borrador al que tuvo acceso El Confidencial, en los barrios de Sol y Letras se vetarán las nuevas licencias de forma indefinida, hasta aplacar la saturación de pisos turísticos. En ambos barrios hay un mayor porcentaje de plazas para alojamiento turístico que para uso residencial.

El ayuntamiento defendió entonces usar sus competencias para tratar de frenar un problema en la ciudad y ante el vacío legal que, a su juicio, está dejando la comunidad. "Madrid ha optado por regular urbanísticamente esta actividad, al margen de la normativa sectorial en materia de turismo", insisten desde la Concejalía de Urbanismo, conscientes de que, en todo caso, las verdaderas competencias en materia de regulación las tiene el Ejecutivo regional. Los 106 expedientes abiertos en los últimos ocho meses se suman a los que afectaban a 122 apartamentos turísticos y que se corresponden con el periodo de 2015 y 2016.