Seis imputados en Alcorcón por reparar vehículos públicos (870.000 €) sin contrato

El juzgado de instrucción número 6 de Alcorcón investiga a varios responsables de la empresa pública Esmasa, dependiente del ayuntamiento, por estafa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en relación a varios contratos para la reparación de los vehículos municipales que se dedican a la limpieza de las calles de este municipio del sur de Madrid. El juzgado ha citado a declarar en calidad de investigadas a seis personas: Benito Manuel Camacho Ruiz (jefe de taller), Eduardo San Román (encargado general y exgerente del 112 con Esperanza Aguirre), Juan Carlos Clemente Herráiz (ex encargado general), Nuria Gómez Vendrell (jefa de área técnica), Teresa López Chico (jefa de personal y administración) y Yolanda Pérez Tenorio (ex consejera delegada de Esmasa y ex directora general de Parques y Jardines del consistorio).

Los contratos investigados abarcan tres años, 2012, 2013 y 2014, la primera legislatura del popular David Pérez en la alcaldía de Alcorcón. Una auditoría encargada por el propia Esmasa (donde el PP está en minoría) revela que la empresa pública pagó en esos años facturas por valor de 1.154.330 euros a la empresa privada encargada de las reparaciones de los vehículos, Jotrinsa SL, cuando los contratos oficialmente suscritos con esa mercantil solo alcanzaron los 285.194,33 euros, existiendo por tanto "una diferencia de 869.136,13 euros". Se da la casualidad de que la empresa Jotrinsa aparece en el sumario del caso Lezo. El diputado autonómico Jesús Gómez la implicó en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el presunto espionaje que sufrió la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes.

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Dos de los seis imputados (Camacho y San Román) están citados este martes, aunque su declaración se podría posponer al 15 de marzo, señalan fuentes jurídicas. Las otras cuatro declaraciones están previstas para el 1 y el 6 de marzo. Esmasa, con casi 400 trabajadores, se dedica a la limpieza viaria del municipio, a la recogida de vehículos, al mantenimiento de las fuentes públicas y los semáforos, al mantenimiento de las dependencias municipales, a la recogida de residuos comerciales e industriales, a las limpiezas intensivas en edificios privados y a la recogida de papel y cartón. Para ello cuenta con una flota de vehículos.

Tras la declaración de Jesús Gómez en la Audiencia, el consejo de administración de Esmasa (donde el PP está en minoría) decidió encargar una auditoría externa de los contratos que se habían firmado con Jotrinsa. "Los trabajadores llevábamos mucho tiempo indignados. Veíamos cómo los vehículos que se llevaban a los talleres de Jotrinsa volvían sin arreglar. Y con todo el dinero que se pagaba. Algunos camiones tenían los asientos de los conductores sujetados con ladrillos. Recuerdo el caso de un camión al que se le rompió el embrague dos veces en 15 días tras llevarlo a Jotrinsa", señala Jesús Santos, trabajador de Esmasa y hoy portavoz de Ganar Alcorcón. Tras la auditoría el propio alcalde, David Peréz, ordenó el 29 de mayo de 2017 que las irregularidades detectadas fueran enviadas a la Fiscalía.

El problema, según Santos, es que hasta 2015 la empresa pública no tuvo mesa de contratación, por lo que en los años precedentes "hubo una concatenación de contratos menores, algo prohibido por ley, y se pagaron muchas facturas sin el aval de contratos". La auditoría elaborada por Esmasa señala que en 2012 (ya con David Pérez en el ayuntamiento) el primer contrato de Jotrinsa, por 59.000 euros, se limitaba al suministro y reparación de neumáticos, aunque la empresa acabó cobrando 326.234 euros. En 2013 Esmasa formalizó 17 contratos menores (para no sacarlos a concurso) con Jotrinsa por valor de 80.539 euros, aunque acabó percibiendo de las arcas públicas 475.894 euros. En 2014 los contratos menores se elevaron a 28 (145.655 euros), aunque las facturas emitidas a favor de Jotrinsa se incrementaron hasta los 352.202 euros.

Hasta julio de 2014 Jotrinsa trabajó para Esmasa sin ganar ninguna licitación. Lo ha seguido haciendo en 2015 y 2016, pero ya tras ganar un concurso público. Antes de julio de 2014 "nos encontramos con facturas que no tienen soporte contractual alguno, y de la documentación obrante de las facturas no se puede concretar si el trabajo ha sido realmente prestado, ya que salvo el sello de 'contabilizado' y alguna firma de la que no podemos determinar su autoría, lo cierto es que no puede concretarse que las facturas estén fiscalizadas por el jefe de taller o por el área técnica", revela el informe jurídico.

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Antes de elevar las conclusiones al juzgado, la empresa pública Esmasa decidió tomar declaración a varios de los responsables. Uno de ellos, Benito Camacho (jefe de taller desde el año 2005), reveló que su hijo trabajaba en Jotrinsa. "Es el propio Camacho el que durante los años 2012, 2013 y 2014 efectúa la gran mayoría de labores de control técnico sobre las facturas emitidas por la mercantil", señala el informe. Otro de los mencionados es Juan Carlos Clemente, quien fue encargado general hasta septiembre de 2013. "En esa fecha fue despedido por la empresa por irregularidades en la gestión, y concretamente en la contratación de proveedores y suministradores; despido que ha sido confirmado por todas las instancias judiciales".

La auditoría jurídica concluye que "son claras las irregularidades administrativas tanto en la emisión de facturas sin soporte contractual así como en la fragmentación de contratos menores que evidencian un impedimento a la denominada como pública concurrencia". También señala que las "posibles faltas cometidas por los trabajadores se encontrarían prescritas y por tanto Esmasa no puede imponer sanción alguna". Lo que sí ha hecho Esmasa es personarse como acusación particular. Jotrinsa, por su parte, fue constituida en 1993 y es propiedad de Francisco Javier Gómez Hernández.