Una edil de Cs (investigada en otra causa) pide 3 años de prisión para un alcalde del PP

Elena Talavera, concejala de Ciudadanos en el municipio madrileño de Hoyo de Manzanares (7.800 habitantes), pide tres años de prisión para el alcalde del municipio, el popular José Ramón Regueiras García, que se sentará en el banquillo el próximo 26 de junio después de que el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid haya dictado la apertura de juicio oral. La concejala naranja es una de las acusaciones particulares del caso. La Fiscalía, por su parte, pide dos años de prisión. El regidor está acusado de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas porque se convirtió en alcalde gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica.

Da la casualidad de que Elena Talavera está siendo investigada por prevaricación en otra causa que dirime un juzgado de Colmenar Viejo sobre el fallido pelotazo urbanístico que la Universidad Antonio de Nebrija proyectó hace 16 años en el campus que tiene en Hoyo, donde pensaba construir 118 viviendas. La Fiscalía ya solicitó al juez que citara como investigadas a 13 personas, entre ellas el propio regidor y la concejala de Ciudadanos. Los acusados han pedido el archivo de la causa tras prestar declaración. "Esta sigue abierta hasta que se pronuncie el ministerio público", señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

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El procesamiento de Ramón Regueiras puede suponer la primera condena de un alcalde madrileño del PP en esta legislatura, lo que pondría en un serio aprieto a la presidenta regional y presidenta del partido, Cristina Cifuentes. En teoría, no se le puede aplicar el código ético del PP de Madrid. Otro regidor popular, de Brunete, está imputado en el caso Púnica y tampoco ha dejado el cargo. También tensa aún más la mala relación que PP y Ciudadanos mantienen ya a nivel autonómico en la Asamblea de Madrid. Sobre todo porque la acusación particular, la de la concejala de Ciudadanos junto a otras tres personas, pide una pena más alta (tres años de prisión, tres de inhabilitación y una indemnización de 25.000 euros) que la que solicita la Fiscalía, que solo es de dos años.

El caso que ha llevado al procesamiento de Regueiras es bastante insólito. Todo ocurrió durante la legislatura 2007-2011, cuando el ahora alcalde del PP era concejal del Partido Independiente Popular de Hoyo. El regidor era entonces el popular Antonio Antolínez Sousa, que gobernaba en minoría. El 18 de enero de 2008, Regueiras consiguió el apoyo de los ediles del PSOE y de IU para presentar una moción de censura, expulsar a Antolínez y hacerse él con la alcaldía. La moción se votó el día 28 de enero, pero una de las concejalas independientes del partido de Regueiras se equivocó y votó en contra de la moción.

El secretario municipal proclamó que la moción no había obtenido la mayoría absoluta y que por tanto no había prosperado. De nada sirvieron ese día las quejas de la edil que se había equivocado, que, según el escrito de la Fiscalía, "votó no, pidiendo acto seguido perdón diciendo de forma reiterada 'sí, sí'. Insistió en que había cometido un error, un 'lapsus linguae', y que lógicamente su intención era votar a favor". El secretario, no obstante, manifestó que no se podía votar otra vez y que no se podía rectificar el resultado.

Regueiras movió ficha inmediatamente. Presentó un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno que había tumbado su moción. El recurso se votó el 10 de marzo de 2008 y, esta vez sí, se votó a favor de corregir "el vicio contenido de la voluntad real" de la concejala que se había equivocado. Hubo un nuevo recuento de votos y en el mismo pleno se acordó proclamar alcalde a Regueiras. Además, el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 le dio la razón, ya que entendió que cuando la edil se equivocó al votar se había conculcado su derecho fundamental. El asunto, obviamente, no quedó así. Y comenzó entonces un reguero de vericuetos judiciales.

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El 22 de octubre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sentencia del juzgado 14 y alegó todo lo contrario: no se había infringido ningún derecho y los votos del primer pleno, aquel en que la edil independiente se equivocó, tenían "plena validez y eficacia". La sentencia fue notificada al ayuntamiento el 5 de noviembre de 2009. Según la Fiscalía, era una sentencia "firme y ejecutiva" que obligaba a Regueiras a devolver la alcaldía a Antolínez.

La Fiscalía y la edil de Ciudadanos también acusan y piden dos años de prisión para el entonces letrado interino de la Corporación Local, Francisco Javier Cardona Ayuso, "que en connivencia con Regueiras hizo caso omiso de la sentencia y a cuantos requerimientos se le hicieron". El fiscal señala que el ahora alcalde, "con ánimo de perpetuarse ilícitamente en el cargo, continuó ejerciendo hasta las siguientes elecciones en mayo de 2011, al cobijo del artificio jurídico que había diseñado para él Cardona Ayuso".

En noviembre de 2009, el TSJM ordenó al alcalde que devolviera la alcaldía al anterior regidor del PP tras dictar que la moción de censura no fue válida

José Antonio Antolínez, el alcalde expulsado, pidió que se cumpliera la sentencia en febrero, octubre y noviembre de 2010. La ley estipula que al tratarse de un acto administrativo, es el ayuntamiento quien debe ejecutarlo. Regueiras y el letrado Cardona recurrieron al Tribunal Supremo. El alto tribunal aceptó su recurso en febrero de 2010, pero recalcó que mientras resolvía se debía ejecutar la sentencia, es decir, devolver la alcaldía a Antolínez. Posteriormente el Supremo avaló lo que había dicho el TSJM. La Fiscalía los acusa de delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. Los cuatro ediles del PP del grupo municipal de Antolínez se querellaron contra ellos y piden tres años de prisión. Uno de ellos era Elena Talavera, hoy en las filas de Ciudadanos.