El Tribunal de Cuentas expedienta al letrado que ha denunciado a la dirección. Noticias de Madrid
le pueden sancionar tres años

El Tribunal de Cuentas expedienta al letrado que ha denunciado a la dirección

Fernando Clemente presentó una denuncia por prevaricación y malversación contra tres consejeros el 10 de julio. Un día después, su jefe le denunció por no hacer su trabajo

Foto: El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.

Fernando Clemente, letrado del Tribunal de Cuentas, podría ser sancionado con tres años de suspensión de empleo y sueldo si prospera el expediente disciplinario que le ha abierto la institución. Su jefe, el consejero José Manuel Suárez Robledano, decidió elevar a la comisión de gobierno una denuncia interna contra Clemente el 11 de julio, justo un día después de que el funcionario presentara una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por prevaricación y malversación de caudales públicos precisamente contra la comisión de gobierno, es decir, contra los máximos responsables del Tribunal de Cuentas: el presidente, Ramón Álvarez de Miranda, y los dos vicepresidentes, Javier Medina y Felipe García. Precisamente este último tendrá que dirimir sobre la sanción a Clemente.

El funcionario, que ingresó por oposición en el Tribunal de Cuentas en 1993, asegura que su expediente disciplinario es una clara represalia por la denuncia que ha interpuesto en el Supremo y porque hace años consiguió (le avalan otras cuatro sentencias del Supremo) que se anulara la convocatoria que había permitido 'enchufar' como alto cargo al hermano del vicepresidente Javier Medina. Mientras se resuelve el expediente, Clemente ya ha sido cesado (era asesor técnico de la sección de enjuiciamiento) de su puesto y trasladado a otro departamento y a otra oficina distinta, con la misma categoría y sueldo.

El Tribunal de Cuentas le acusa de dos faltas graves que pueden conllevar un castigo importante: la suspensión de empleo y sueldo durante tres años. Una de esas faltas está relacionada con un expediente que tramita el equipo en el que está encuadrado Clemente; un procedimiento de ejecución de sentencia abierto contra el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, que debe 17,4 millones de euros al Estado como responsabilidad civil por su condena. El Tribunal de Cuentas le acaba de embargar 40.000 euros correspondientes a los derechos de autor por su libro de memorias.

El superior jerárquico de Clemente, el consejero Suárez Robledano, elevó una denuncia interna contra él por retrasos en la tramitación del expediente de Roldán, retrasos que supuestamente se produjeron entre febrero de 2016 y enero de 2017. Curiosamente, Suárez Robledano no tramitó la denuncia interna hasta el 11 de julio de 2017, justo un día después de que Clemente presentara en el Tribunal Supremo una denuncia contra la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas. En su escrito de alegaciones, el letrado señala "que no le constan escritos de queja por los retrasos en la tramitación en ambos procedimientos. Ni de la Abogacía del Estado ni de la Fiscalía, que son parte en ambos procedimientos". Además, Clemente es un mero funcionario, que solo tramita procedimientos y no tiene funciones de instructor, consejero o secretario judicial.

Sede principal del Tribunal de Cuentas, en la calle Fuencarral, actualmente en obras.
Sede principal del Tribunal de Cuentas, en la calle Fuencarral, actualmente en obras.

Para contextualizar toda esta historia hay que remontarse a febrero de 2015, cuando este funcionario consiguió que el Tribunal Supremo anulara una convocatoria que el Tribunal de Cuentas había diseñado expresamente para enchufar al hermano del vicepresidente Javier Medina, que dirige la sección de enjuiciamiento. Cuatro sentencias y dos autos (de ejecución de las sentencias) han avalado las denuncias de Clemente y han tachado de "desviación de poder" el proceso diseñado para colocar a Enrique Medina, hermano del vicepresidente, que ya no está en el puesto que desencadenó el litigio judicial.

Clemente consiguió una importante victoria en los tribunales y el Tribunal de Cuentas fue condenado a pagar además 38.000 euros en costas. Pero ahí no acabó la lucha de este funcionario, que el 6 de junio de 2017 presentó una denuncia por responsabilidad contable ante el propio Tribunal de Cuentas para que fueran los consejeros que diseñaron la convocatoria irregular quienes pagaran de su propio bolsillo el importe de las costas, y no que el dinero saliera de las arcas del Tribunal. La institución, como era de esperar, rechazó la denuncia de Clemente y le condenó a pagar 450 euros en costas.

El 10 de julio, Fernando Clemente presentó una nueva denuncia ante el Tribunal Supremo por prevaricación y malversación contra los tres miembros de la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas, ya que "para recolocar a Enrique Medina se realizaron una serie de actuaciones ilegales así declaradas por varias sentencias de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal de Cuentas". Un día después, su superior elevaba a su vez la denuncia interna contra él, que supuso a finales de julio la apertura de una información reservada contra Clemente.

La sucesión de golpes se desencadenó después. El 11 de septiembre de 2017 Clemente presentó denuncia por acoso ante el Órgano para la Tramitación de Asuntos Confidenciales (OTAC) contra su superior, el consejero Suárez Robledano. Denuncia que fue finalmente archivada. Tres días después, el 14 de septiembre, Suárez Robledano propuso a la comisión de gobierno el cese de Clemente y su traslado de su departamento. Este fue cesado el 16 de octubre. El 14 de noviembre la información reservada se convirtió en expediente disciplinario, que aún sigue abierto. Uno de los vicepresidentes denunciados, Felipe García, deberá dirimir la sanción contra Clemente.

Uno de los vicepresidentes denunciados por el letrado, Felipe García, deberá dirimir la sanción contra el propio Fernando Clemente

Un portavoz del Tribunal de Cuentas niega las acusaciones de represalias. En la institución "se realizan, de forma ordinaria y periódica, una revisión del estado de los asuntos que se están tramitando y en esta se incluye el análisis de posibles retrasos injustificados, en el caso de que existieran, así como la correcta realización de los propios trámites del procedimiento de que se trate. Estas revisiones son impulsadas por los consejeros como parte de sus competencias y se llevan a cabo, lógicamente, durante un tiempo; periodo que implica la realización de una serie de comprobaciones y que se realizan con conocimiento expreso del funcionario, ya que a este se le piden aclaraciones antes de que se formule cualquier comunicación, por parte del consejero, a la comisión de gobierno".

"La realización de todas las actuaciones conllevan, necesariamente, varias semanas. En este caso, el funcionario tiene conocimiento de ellas días antes de la fecha de la denuncia presentada por el mismo. Por ello, resulta materialmente imposible que el resultado de la apertura de esa información sea consecuencia de la denuncia; incluso es posible preguntarse que sea más bien al contrario. Por otra parte, la iniciativa fue llevada a cabo por el consejero titular del departamento en el que prestaba sus servicios el funcionario; consejero que no forma parte de la comisión de gobierno ni se encuentra entre las personas denunciadas por aquel".

El 'enchufe' del hermano

Todo el mundo en el Tribunal de Cuentas conoce cómo Fernando Clemente, miembro de la junta de personal (equivalente al comité de empresa), consiguió anular el nombramiento del hermano de uno de los dos vicepresidentes, lo que le ha granjeado importantes enemistades. De hecho, es la primera vez en la historia del Tribunal de Cuentas que se abre un expediente disciplinario a un miembro de la junta.

Esta historia comienza el 6 de septiembre de 2012, cuando la comisión de gobierno decide cesar a la subdirectora técnica de la presidencia. Ese mismo día, Enrique Medina (hermano del vicepresidente y que era gerente de la secretaría general) es nombrado, en comisión de servicios, para el puesto de la cesada, la auditora Graciela García.

Este puesto de subdirección exigía: "Experiencia en cooperación y asistencia técnica, en dirección de proyectos, en auditoría y en elaboración de informes. Dominio de los idiomas inglés y francés, y experiencia en el desempeño de un puesto similar". Medina, funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, solo señalaba en su currículo un nivel medio de inglés". Nada de francés. 

El 15 de marzo de 2013, el Tribunal de Cuentas convocó la plaza que ya ocupaba en comisión de servicios Enrique Medina. A esta convocatoria concurrieron 16 solicitantes, de los que tres ya trabajaban en la institución, y algunos de ellos con un currículo que cumplía los requisitos de la convocatoria. La comisión de gobierno ideó entonces un ingenioso ardid para que Medina ganara. El 4 de abril de 2013 modificó la convocatoria basándose en una corrección de errores y eliminó el requisito de los dos idiomas. Además, excluyó de la convocatoria a los integrantes de los Cuerpos Superiores de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas, al que pertenecían los mejores aspirantes. Enrique Medina cumplía así los requisitos y tras diversas actuaciones, entre ellas la modificación de la RPT (plantilla del Tribunal de Cuentas) para diseñar un puesto acorde a sus características, ganó la plaza.

Entonces comenzó la lucha judicial de Fernando Clemente. La primera sentencia llegó en febrero de 2015. El alto tribunal señala cómo el Tribunal de Cuentas cambió las bases de la convocatoria, una vez publicadas, para ajustarla al perfil de Enrique Medina. Este dejó el Tribunal de Cuentas en agosto de 2015 para irse a una empresa publica.

El consejero del Tribunal de Cuentas Javier Medina ha querido hacer las siguientes puntualizaciones en un escrito enviado a El Confidencial:

"Aunque siempre me he abstenido de intervenir en cualquier acto o resolución que hayan sido dictados en los procedimientos a los que se alude en el artículo, niego rotundamente que en algún momento se haya hecho convocatoria de los puestos de trabajo para 'enchufar como alto cargo al hermano del vicepresidente...' o '...para recolocar a Enrique Media...' o se haya ideado '...un ingenioso ardid para que Medina ganara...' u otras expresiones equivalentes, ni tampoco lo expresan las resoluciones del Tribunal Supremo, como no podía ser de otro modo".

"Ello, no solo por la inexistencia de convocatorias para ocupar altos cargos, que solo existen para proveer puestos de trabajo entre funcionarios públicos, sino también porque Enrique Medina, funcionario desde 1978, lo era del Tribunal de Cuentas desde 1990, donde ha venido desarrollando su carrera administrativa, alcanzando el máximo grado de la misma antes de que se iniciaran los referidos recursos administrativos y, por supuesto, ajeno a nuestras circunstancias familiares. Asimismo, no está de más señalar que, en toda esta historia, el punto de partida es la confusión de considerar la existencia de un solo puesto de trabajo cuando en realidad se trataba de dos, aunque con idéntica denominación y contenido".

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