Los hoteleros estallan contra Cifuentes por su decreto para regular los pisos turísticos

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha explotado contra el Gobierno autonómico dirigido por Cristina Cifuentes y su borrador para el decreto que pretende regular los apartamentos turísticos. Su presidente, Gabriel García Alonso, reprocha que en vez de atajar el problema, la Comunidad de Madrid vaya a ahondar en la situación existente y genere "un problema muy importante para la región dentro de cuatro años". En las 26 páginas de alegaciones interpuestas por los hoteleros madrileños, la AEHM critica en primer lugar que el alquiler de viviendas de uso turístico vaya a considerarse con este nuevo decreto como una "actividad económica" para la que no se requiere una licencia específica. Entienden que así el ejecutivo autonómico "abre la mano" a otros sectores en vez de "aprender de los errores" vistos en otras ciudades como Barcelona, Nueva York o Ámsterdam.

El presidente de la AEHM lamenta además la inexistencia de diálogo con la Comunidad y asegura que la percepción que tiene su asociación es que "no hay nada que hacer" porque las decisiones están tomadas de forma unánime pese a haber abierto un periodo de alegaciones. "Solo pedimos que escuchen. Ni siquiera que rehagan de nuevo el borrador", insiste. García Alonso asegura en representación de los hoteleros de la ciudad que la regulación impulsada desde el equipo de Cifuentes "no beneficia a los ciudadanos ni a los empresarios ni a las asociaciones" y se lamenta por entender que son "otros" los que sacarán provecho del nuevo decreto. "Soy empresario y estoy a favor de la competencia. Pero pedimos que esta sea leal y que haya un orden", zanjó.

Otro de los principales reproches salidos de la AEHM mira directamente a las escasas exigencias que se pedirán a aquellas personas que decidan utilizar su vivienda para alquilarla a turistas. Los hoteles de la capital cumplen a día de hoy con un total de 400 normas mientras que los apartamentos, insisten desde la asociación, deben garantizar "cuestiones tan obvias como agua caliente, fría, un extintor y la señalización de salidas de emergencia". A ojos de los hoteleros este nuevo decreto es un "verdadero despropósito" y culpan a la Comunidad de tener una "postura muy cerrada" pese a las experiencias que se ven otras urbes europeas.

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García Alonso también critica que Cifuentes no establezca una limitación temporal de alquiler a diferencia del Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena, que propone un límite de 90 días amparándose en sus competencias urbanísticas (aunque no turísticas). El presidente de los empresarios recuerda las críticas situaciones que han pasado Barcelona o Ámsterdam, que trabajan a día de hoy para paliar los efectos de la desregulación en esta materia. "No comprendemos que la Comunidad "vaya en dirección contraria" pese a las equivocaciones cometidas, y "abra la mano mientras otras grandes ciudades como Nueva York "limiten a 30 días el alquiler turístico con multas de hasta 200.000 dólares para quien incumpla", insiste.

Los hoteleros advierten además de las nefastas consecuencias que ya está teniendo la proliferación de pisos turísticos a través de plataformas tan conocidas como Airbnb, empezando por el coste de la vivienda en la ciudad "que ya es un salvajada". Acusan al altísimo porcentaje inmobiliario que, aprovechando esta realidad y el escaso control, potencian el modelo en vista de la alta rentabilidad. Y, sobre todo, responsabilizan al Ejecutivo regional —que tiene la competencia de regular— de permitírselo en detrimento de ciudadanos y empresarios que cumplen con las normas.

Pese a que tampoco están conformes por completo con la propuesta lanzada por el Ayuntamiento de Carmena (propone una limitación de 90 días; es decir que durante tres meses al año el alquiler turístico podría seguir funcionando de la misma manera), los hoteleros reconocen una "mayor sensibilidad" por parte del consistorio con "el problema tan inmenso que existe en Madrid".

Las claves del borrador de Cifuentes

Precisamente Cristina Cifuentes compareció poco después este martes al término de la reunión de su ejecutivo y reiteró que el borrador del decreto se encuentra en fase de alegaciones y que la Comunidad "estudiará todas ellas porque está abierto a escuchar a todo el mundo". El decreto de la discordia, presentado el pasado diciembre, recogía novedades con respecto a la regulación de ese sector sobre el que ni siquiera la Unión Europea se ha pronunciado.

Aunque los hoteleros las consideran insuficientes alguna de ellas recogían por primera vez obligaciones para las plataformas de alquiler (como Airbnb); que solo podrán publicitar las viviendas registradas y estarán expuestas a sanciones si no cumplen, y los propietarios deberán informar a la Policía sobre la identidad de los inquilinos además de contratar un seguro.

El borrador también fija una ratio máxima de personas alojadas dependiendo de los metros cuadrados útiles de la vivienda aunque sí se permitirá alquilar los pisos de forma total o por habitaciones. Por ejemplo, en viviendas inferiores a 25 metros cuadrados útiles, se podrán alojar un máximo de dos personas. Respecto a las comunidades de vecinos, el veto a tener pisos turísticos deberá ser unánime, por lo que un solo propietario podría forzar la actividad en el edificio. Fuentes de la Comunidad insisten en que la filosofía en la que se inspira el borrador es la de "la necesidad de ordenar el sector" y lamentan que los hoteleros no hayan visto los avances conseguidos.