Un solo vecino puede forzar que haya pisos turísticos en una comunidad de propietarios

Las comunidades de propietarios pueden prohibir la implantación de pisos turísticos si así lo recogen de forma expresa en sus estatutos. Es una de las grandes novedades (que se ha anunciado en las últimas semanas) del nuevo decreto diseñado por el Gobierno regional de Cristina Cifuentes para actualizar la regulación de esta actividad. Pero este artículo tiene trampa. Por ley, el acuerdo de las comunidades de propietarios debe alcanzarse por unanimidad. Basta con que el dueño del piso que quiere alquilar su casa y darle una salida turística vote en contra de este veto para que no se pueda llevar a cabo.

"En teoría es papel mojado", señalan fuentes implicadas en la negociación de este nuevo decreto. "El vecino que está interesado en alquilar o lo puede estar en un futuro siempre votará en contra del veto". Mientras no exista este veto, el número de viviendas de uso turístico implantadas en un edificio no podrá superar el 75% de la totalidad de las viviendas existentes. Dicho porcentaje se reducirá al 50% en aquellos inmuebles que pertenezcan a un único propietario.

El número de viviendas de uso turístico implantadas en un edificio no podrá superar el 75% del total

El nuevo decreto acaba de ser colgado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para que se presenten alegaciones. Ya se conocían los principales puntos del nuevo texto (que modificará el que ya existe desde julio de 2014), aunque el borrador incluye aspectos que hasta ahora se desconocían, como las multas con que pueden ser sancionadas las plataformas de alquiler de viviendas turísticas como Airbnb que publiciten viviendas sin estar dadas de alta en el registro oficial de la Comunidad de Madrid, un registro en el que en la actualidad hay ya apuntados más de 4.900 inmuebles. Esa multa puede ascender a los 300.000 euros.

TE PUEDE INTERESAR

Cifuentes no impondrá a los pisos turísticos la limitación temporal que quiere Carmena

David Fernández

El texto también limita el número de inquilinos del piso en función de la superficie del mismo. Para viviendas inferiores a 25 metros cuadrados útiles, hasta dos personas. Para viviendas entre 25 y 40 metros cuadrados útiles, hasta cuatro personas. Por cada 15 metros cuadrados útiles adicionales, se permitirán dos personas más. Hay más requisitos. Todas las viviendas que se destinen al uso turístico "estarán compuestas, como mínimo, por un salón-comedor; cocina; dormitorio y baño, pudiendo denominarse 'estudios' cuando en el salón-comedor-cocina esté integrado el dormitorio y cuente con un máximo de dos plazas".

Los propietarios también deberán habilitar un número de teléfono de atención permanente, "para las incidencias o consultas que los usuarios puedan plantear", tener a disposición de los usuarios hojas oficiales de reclamación y contratar un seguro de responsabilidad civil. La previsión del Gobierno regional, que es quien tiene las competencias en materia de turismo, es que el texto entre en vigor en el primer semestre de 2018. Según datos ofrecidos por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, la edad media de los inquilinos de las viviendas turísticas es de 46 años y más de un 80% de las reservas están hechas por familias.

Otra de las grandes novedades del nuevo decreto autonómico es que todos los propietarios que quieran entrar en el negocio deberán contar con un certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (CIVUT), un documento técnico cuya finalidad es garantizar al cliente que la vivienda donde se aloja cumple con unos parámetros determinados de habitabilidad: "Disponer de calefacción en condiciones de funcionamiento, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes; tener al menos una ventilación directa al exterior; contar con un extintor manual en el interior de la vivienda colocado a no más de 15 metros de la puerta de salida de la vivienda; disponer de señalización básica de emergencia y un plano de evacuación del edificio y de la vivienda".

El Ejecutivo autonómico creará también una figura inexistente hasta ahora, los "canales de oferta turística", donde estarán incluidas "las agencias de viajes, centrales de reserva, empresas de mediación y organización de servicios turísticos, las plataformas de intermediación virtuales, páginas web de información, publicidad, reserva o alquiler y publicidad realizada por cualquier medio de comunicación. Todas estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo. Desde que se puso en marcha el anterior decreto, en julio de 2014, la comunidad ha tramitado 259 denuncias, una media de seis al mes. De todas ellas solo seis acabaron en sanción. Los propietarios de las viviendas también deberán remitir a la Dirección General de Policía "información relativa a la estancia de las personas que se alojan en ellos". Los inquilinos deberán comportarse de forma cívica.