Un autónomo litiga con el Ayuntamiento de Madrid y deja de pagar decenas de multas

La cruzada del Consistorio presidido por Manuela Carmena para reducir el tráfico rodado en el centro de Madrid, mitigando así la contaminación atmosférica y acústica, ha dado muchos disgustos a conductores profesionales y particulares. Algunos han sido víctimas de la desinformación, una desinformación provocada en ocasiones por cambios repentinos en la legislación y en las señales de tráfico. Particularmente gravosas lo son las áreas de prioridad residencial (APR), cuatro espacios del centro de la capital (Embajadores, Letras, Cortes y Ópera) en los que se restringe el acceso de vechículos a los no residentes.

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David Fernández

Una de esas víctimas fue Juan Manuel R., repartidor de comida, que abastece al centro de día de mayores Carmen Conde, ubicado en la calle Ave María del barrio de Lavapiés. En un periodo de dos meses, entre finales de marzo y mayo de 2016, incurrió 30 veces en la misma infracción: circular por esa calle sin que su furgoneta estuviera autorizada. Este trabajador autónomo no fue consciente porque de una día para otro la señal que permitía transitar a los vehículos para “carga y descarga en días laborables de 10 a 13 horas” pasó a ser restrictiva hasta sólo permitir el tráfico a los automóviles autorizados.

El coste de las multas que recibió ascendía a 2.700 euros, 90 por cada una de ellas, la mitad si hacía un pronto pago. Tras recibir en su domicilio de Guadalajara las treinta multas en lotes de diez, el repartidor de comida pagó un total de 1.485 euros. “Me quedé sin dinero en el banco y comencé a recurrir las multas por vía administrativa, pero la burocracia era infernal y finalmente decidí contratar un abogado”, cuenta Juan Manuel R. De modo que no se dio por vencido y llevó el asunto a los tribunales.

Un juzgado ha dado la razón al conductor autónomo y el Ayuntamiento tendrá que devolverle el dinero de 30 multas

Su abogado defensor, Ignacio Palomar, argumentó que se debía aplicar el principio jurídico ‘non bis in idem’, lo que significa que no se puede castigar dos veces un mismo acto sujeto a infracción o delito. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid ha dado la razón al conductor autónomo y el Ayuntamiento tendrá que devolverle el dinero las 30 multas. La sentencia en firme señala que sólo deberá afrontar "una sanción de 100 euros por la comisión de una infracción continuada", que no es sino una nueva multa a parte de las otras. Palomar subraya que esta decisión del juez "responde a una forma de estimar parcialmente la demanda sin darnos totalmente la razón".

El letrado defensor, del despacho ServiLegal, agrega que este tipo situaciones se suele dar en Madrid, pero la gente no suele litigar porque “el plazo de recurso es de dos meses y resulta engorroso”. Aunque añade que “este caso es excepcional” por el número de multas y puede sentar un precedente de actuación administrativa.

Entretanto, Juan Manuel R. se muestra a favor de las restricciones de tráfico en Madrid “porque es una ciudad muy contaminada”, al mismo tiempo que solicita que pongan “menos trabas administrativas a los que trabajan para llevar comida caliente” a la gente que lo necesita en el centro de la ciudad.

Tres millones de multas anuales

Miembros del Gobierno municipal de Manuel Carmena han manifestado varias veces que no se tiene un afán recaudatorio, sino de prevención y concienciación. La realidad es que en 2016 se impusieron 2.933.226 multas de tráfico, un promedio de 8.000 diarias, casi 700.000 más que en 2015. El municipio capitalino recaudó en 2016 casi 200 millones de euros por infracciones de circulación. El Consistorio actual se ha referido reiteradamente al récord de 4.347.887 de infracciones que se tramitaron en 2007, cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Según los últimos datos disponibles en el portal de datos abiertos de Madrid, entre enero y octubre de 2017 se impusieron 2.526.289 multas, un promedio de 8.300 diarias. El coste impuesto a los infractores fue de 242 millones de euros hasta octubre, pero en esa cifra no se recoge el descuento aplicable a los conductores que recurran al pronto pago, que en la mayoría de los casos es del 50 por ciento. La recaudación vía voluntaria hasta obtubre se eleva a 71,5 millones de euros, mientras que la que ha pasado a vía ejecutiva (cantidad que se ha transferido a la Agencia Tributaria Madrid, al no haber sido pagada la multa durante el periodo voluntario) asciende a 98,6 millones. Esos dos conceptos suman 170 millones hasta octubre, según informa a este diario el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento.