El bodeguero metido a constructor que debe 1,4 millones tras dejar sin piso a 28 familias

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia que condena a un importante empresario de Tomelloso (Ciudad Real) a devolver 1,4 millones de euros a 28 familias de la localidad madrileña de Pinto que le adelantaron gran parte de sus ahorros para construir una vivienda. Se trata de Santiago Lahoz Soto, propietario de Bodegas Lahoz, que posee 500 hectáreas de viñedo muy cerca del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Las familias afectadas solo han podido recuperar 15.000 euros que el juzgado embargó de una de las cuentas de las dos empresas de Lahoz condenadas y estudian presentar contra Lahoz una querella criminal por alzamiento de bienes.

Las familias se concentraron hace unos días ante el Ayuntamiento de Tomelloso, frente a la casa del bodeguero y en un salón de bodas que regenta su familia, para reclamarle que pague lo que debe. La sentencia de la Audiencia Provincial no ha sido recurrida dentro de los plazos, por lo que ya es firme. El problema, explica Juan Luis Ontiveros, abogado de las familias, es que la deuda solo se puede reclamar a las dos empresas condenadas (una constructora y un promotora) y de momento no contra el resto del importante entramado societario vinculado a Lahoz, que el Registro Mercantil eleva a 18 empresas, entre inmobiliarias, hoteles y viñedos.

Todo lo que comenzó como un sueño se ha convertido ocho años después en una auténtica pesadilla. Varios de los afectados protagonizaron a finales de noviembre de 2008 una mediática espera, con tiendas de campaña y sacos de dormir incluidos. Los informativos y los periódicos se hicieron eco de las 1.500 familias que llevaban días haciendo cola para apuntarse a los pisos que ofrecía José Moreno, más conocido como 'el pocero bueno' o el 'Robin Hood del ladrillo', el constructor de Fuenlabrada que quería levantar viviendas a precio de saldo. Pero José Moreno no pudo llevar a cabo lo que había prometido, y en el año 2010 devolvió el dinero y pasó el testigo a un constructor de Tomelloso (Ciudad Real), Santiago Lahoz Soto, que convenció a algunas de las familias y les vendió un nuevo proyecto en la localidad de Pinto, municipio de 48.000 habitantes del sur de Madrid.

Como es el caso de César y su chica, Raquel, que dieron una entrada de 18.000 euros y empezaron a pagar religiosamente sus mensualidades de 620 euros. Así hasta 42.600 euros. Tenían que abonar 34 cuotas mensuales y en el verano de 2013 tendrían su piso en Residencial Cristina Sur. "Pero empezaron los retrasos, misteriosos incendios, y se incumplieron los plazos. No hubo pisos y reclamamos nuestro dinero", señala José Aragonés, otro de los afectados. Comenzó entonces un viaje judicial que tuvo su primera parada en el juzgado de primera instancia número 60 de Madrid, que en noviembre de 2015 dio la razón a las familias, anuló los contratos de compraventa por incumplimiento y condenó a Cristina Sur Promociones y Prola SA (promotora y constructora de Santiago Lahoz) a devolver las cantidades que adelantaron 28 familias que, como la de César y José, llevaron al constructor ante los tribunales. Cada una de ellas había pagado entre 30.000 y 50.000 euros.

La sentencia señala que la licencia de primera ocupación no fue otorgada hasta noviembre de 2014, un año y cuatro meses después de lo firmado por contrato. Que el constructor nunca tuvo avales para asegurar las cantidades adelantadas por los compradores, como marca la ley. Y que el incendio que se produjo, y que el constructor utilizó en el juicio para justificar el retraso en la entrega de las viviendas, "solo afectó a 10 de las 348 casas que constituyen la promoción. No resulta creíble que del incendio resultara el retraso", señaló entonces el juez.

"Cuando tuvimos la sentencia favorable en primera instancia, ya pedimos la ejecución provisional, a pesar de que no era firme. Pedimos que se embargaran las cuentas a nombre de las dos sociedades condenadas y se hiciera una averiguación patrimonial de las mismas. Solo conseguimos recuperar 15.000 euros de una cuenta", señala el abogado Ontiveros. "Luego descubrimos en el registro de la propiedad más de 90 plazas de garaje y unas siete viviendas a nombre de Cristina Sur, pero todas están hipotecas por La Caixa. Si pedimos su ejecución, habría una subasta y el dinero obtenido iría a La Caixa para devolver estos créditos".

Las familias afectadas aseguran que Lahoz nunca ha cumplido su palabra. En un primer momento se comprometió a devolver el dinero cuando vendiese los pisos terminados con retraso a nuevos compradores. No lo hizo. Luego, cuando llegó la condena en primera instancia, recurrió a la Audiencia Provincial y dijo que habría que esperar a que hubiese una sentencia firme. Con dos sentencias ya en contra y habiendo revendido la mayoría de los pisos de la promoción, todavía no ha pagado. "La sentencia ya es firme. Ahora estamos en un proceso difícil que va a llevar tiempo, ya que en principio solo se puede ir contra las empresas condenadas. Nos queda seguir peleando por la ejecución de la sentencia y buscar la responsabilidad personal de Lahoz como administrador", afirma el abogado.

"Ha vendido los mismos pisos dos veces. El que a mí me tocó y nunca me entregó, porque incumplió los plazos, lo ha vuelto a vender. ¿Por qué no me devuelve entonces lo que yo pagué si ya ha vuelto a vender mi piso? Solo con la venta de ocho viviendas nos podría devolver el dinero a los 28 que denunciamos por incumplimiento de contrato", señala José Aragonés. Las familias preparan ahora una querella criminal por alzamiento de bienes contra Lahoz, ya que denuncian que podría estar poniendo sus bienes a nombre de familiares para no responder patrimonialmente con ellos. A las 28 familias les debe 1.050.425,23 euros, que sumados intereses y costas judiciales se elevan a la cantidad de 1.401.686,48 euros.