Madrid te quita la renta mínima si tu hija falta al cole: suben las suspensiones un 42%

Las suspensiones de la Renta Mínima de Inserción (RMI), la ayuda autonómica que reciben las familias sin recursos, se han disparado en el último año en la comunidad de Madrid. Entre enero y noviembre de 2017 el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha tramitado 6.254 anulaciones, un 42% más que en el mismo periodo de 2016. Un importante porcentaje de todas ellas, el 36%, tiene como causa que el perceptor ha encontrado temporalmente empleo y cuenta por tanto con otro tipo de ingresos, aunque Podemos denuncia que el otro 64% restante revela que existe "una directriz política" para ir reduciendo poco a poco este tipo de ayuda "en una región cada vez con más desigualdades y donde 87.000 personas viven en la pobreza extrema".

La Comunidad de Madrid no piensa igual. Es cierto que "hay más suspensiones que nunca", explicó recientemente el consejero de Políticas Sociales y Familia en la Asamblea de Madrid, pero este alto nivel de anulaciones está relacionado "con que los perceptores encuentran empleo". Según un portavoz de la consejería, "la RMI está vinculada a la búsqueda de empleo. El objetivo no es cronificar la pobreza, sino al mismo tiempo que se da esta prestación ayudar a los perceptores a encontrar un trabajo". El Ejecutivo regional asegura que no hay directrices para reducir esta ayuda. Todo lo contrario, ya que se ha ido aumentando el presupuesto destinado. De los 131 millones gastados en 2015 se ha pasado a los 169 millones presupuestados para 2018.

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Uno de los 6.254 perceptores a los que la Comunidad le ha suspendido la ayuda es Javier Salazar Martínez, de 32 años, que vive de alquiler social en el madrileño barrio de Oporto. Él y su mujer (ella es de nacionalidad paraguaya) llevan varios años en paro y tienen dos hijas menores. Javier recibía 655 euros mensuales de RMI para mantener a su familia, "hasta que la Comunidad me la retiró este verano alegando absentismo escolar de una de mis hijas". Javier reconoce que la situación que han vivido les desbordó. "Mi hija de siete años sufrió durante meses acoso escolar, con amenazas de una niñas mayores que ella que si se lo decía a los profes la iban a matar. El colegio estuvo tiempo sin ponerle remedio y mi hija no quería ir a clase".

Javier asegura que los ocho meses que han estado con la ayuda suspendida han sido de lo más complicados. "Mera supervivencia. Nos han cortado hasta la luz. Hemos tenido que pedir ayuda a una amiga de mi madre, que nos dejó 2.000 euros. Mi madre también es perceptora de la RMI". La Comunidad se ha comprometido a reanudarle la prestación en diciembre. "Eso nos han dicho. Nos han dado mientras tanto una ayuda de emergencia de 480 euros para poder pagar varios meses de alquiler, que es de 162 euros mensuales".

Hay dos tipos de suspensiones iniciadas de oficio por la Administración. Las cautelares se tramitan tras haberse detectado indicios fundados de que el perceptor ha perdido alguno de los requisitos necesarios para recibir la RMI. Estas suspensiones pueden estar provocadas por múltiples causas, como la perdida de contacto con los servicios sociales, porque no se ha aportado cierta documentación o por ejemplo porque los menores de la familia no están escolarizados. Por este último motivo se han firmado 28 suspensiones este año. El tiempo máximo de la cautelar es de tres meses, aunque el procedimiento se puede alargar, como en el caso de Javier

Luego están las suspensiones temporales, por un máximo de doce meses. Las causas están reguladas en el artículo 38 del Reglamento de la Renta Mínima de Inserción. Aquí se incluye por ejemplo que el perceptor se vaya a vivir fuera de Madrid más de un mes, que el único miembro de la unidad de convivencia sea ingresado en un centro público o que el perceptor encuentre un empleo de duración superior a un mes e inferior a doce meses. Raúl Camargo, diputado de Podemos, asegura que la RMI no está llegando a todas las familias que la necesitan. "Muchas familias con escasos recursos y que pueden ser perceptoras no se enteran de que existe este ayuda y cuando se enteran tienen dificultades para cumplimentar los trámites. Hacen falta campañas de información en las zonas más pobres de la región".

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Podemos señala que los datos de la pobreza en nuestra región son desalentadores. La formación morada cita el Informe Arope 2016, que sitúa la tasa de pobreza y exclusión social en la comunidad de Madrid en el 21,7%, cuando en 2014 era del 19,2%. Madrid es la tercera región española donde más ha crecido esta tasa en los dos últimos años. "El Gobierno de Cifuentes quiere evitar que el número de perceptores siga aumentado, por eso sube las suspensiones. En 2018 el presupuesto solo ha crecido en 8 millones", afirma Camargo.

La Consejería argumenta por contra que ha incrementado el dinero destinado a la RMI un 24,7% en los dos últimos años. De los 22.200 perceptores que había en enero de 2015 se pasará a más de 34.000 en 2018. Un fuerte crecimiento en años anteriores que provocará que el aumento del número de perceptores en 2017 acabe siendo inferior al que se produjo en 2016. Desde la Comunidad recalcan, no obstante que "existe un número importante de perceptores, alrededor de un tercio, que llevan más de cinco años en este sistema de ayudas y que no se incorporan al mercado de trabajo ni en ciclos de creación de empleo ni en ciclos de regresión económica".

La RMI se empezó a pagar en el año 2002. Su cuantía se establece en función del número de miembros de la unidad familiar, abarcando desde 400 euros para una sola persona hasta un tope de 707 euros para familias de tres o más miembros. Esta renta se concede a toda persona que lo requiera para poder afrontar las necesidades básicas de la vida durante el tiempo que sea necesario, siempre que se cumplan ciertos requisitos: carecer de ingresos, tener un patrimonio inferior a tres veces la cuantía anual de la RMI (la vivienda habitual no se computa, es decir, inferior a los 13.519,80 euros), contar con residencia legal en la comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de, al menos, 12 meses. Los municipios donde más ha aumentado el número de perceptores son Aranjuez (un 46,6 %), Ciempozuelos (35,10 %), Getafe (33,90 %), Móstoles (33 %) y San Sebastián de los Reyes (un 32 %).