Navibus, el autobús que robó la navidad al ayuntamiento de Madrid

Este viernes han arrancado dos autobuses navideños en Madrid. El oficial, Naviluz, está operado por la municipal EMT, cuesta 3 euros y pasa por la Puerta de Alcalá, Gran Vía y las principales arterias del barrio de Salamanca. El alternativo, Navibus, cuesta 9 euros y hace el mismo recorrido, solo que no tiene permiso municipal para operar. En el ayuntamiento se refieren a él como el "pirata amarillo", por el color de sus vehículos, y, a pesar de las sanciones, las visitas al juzgado y los cortes de calle, no han conseguido sacarlo de circulación, pese a que llevan años intentándolo.

Al frente del "pirata amarillo" está la mercantil Autocares Jiménez Dorado (RJ Autocares S.L), conocida a nivel popular por gestionar los autobuses del Atlético de Madrid o el Rayo Vallecano. Hace tres años registró la marca Navibus, que llevaba años siendo explotada por la Empresa Municipal de Transportes para mostrar a los ciudadanos las luces de la navidad, y obligó al consistorio a cambiar la denominación del su autobús a Naviluz. Fue una respuesta, consideran fuentes municipales, a las sanciones que impuso el ayuntamiento a la empresa en el verano de 2014, unos meses antes de la petición en el registro de marcas, y que comenzó la guerra de los autobuses turísticos en Madrid. "Nos quedamos esa marca porque a ninguno de los funcionarios del ayuntamiento, algunos con sueldos de 4.000 euros, se le ocurrió registrarla", dice Rafael Jiménez, de RJ Autocares. "A mí, por un fallo como ese, me echarían del trabajo", remata.

Porque Jiménez Dorado no solo opera sin permiso el Navibus, sino que también posee el Busvision Madrid City Tour, un autobús turístico que compite directamente con el Madrid City Tour, operado por Alsa y Juliá, ganadores de la concesión municipal en 2011, que hasta entonces disfrutaba el empresario Díaz-Ferrán. Alsa y Juliá, constituidas en una UTE (unión de empresas temporal) hasta 2021, y que pagarán en torno a 3,5 millones de euros por explotar la línea, se encontraron con la inesperada competencia de Jiménez Dorado, cuya propuesta a concurso fue desestimada por el ayuntamiento. "Fue una de las pocas empresas que se presentó sola al concurso, lo perdió y siguió en sus trece", dicen desde las empresas afectadas.

Los turistas reservan y no se fijan si es un servicio concesionado o no

Estas mismas fuentes lamentan que Jiménez Dorado no solo opere sin permisos, sino que ha copiado su denominación, a pesar de que "Madrid City Tour" es una marca registrada por Juliá Viajes. "Lo hacen porque los turistas no ven la diferencia. Escriben en Google "Madrid City Tour" y contratan con el primero que les salga, no se van a poner a consultar si tienen o no la concesión", explican. "Para colmo, es mucho más barato", prosiguen.

"Es que ese servicio nunca tendría que haber salido como concesión", explica Rafel Jiménez. "Es un servicio privado que le regaló Álvarez del Manzano a su amigo, ese que está en Soto del Real, pero no pasa en ninguna otra ciudad europea". Desde Jiménez Dorado argumentan que el servicio municipal es deficitario y que emplea una flota de autobuses más antigua que la suya, "por lo que contaminan más del doble".

Una batalla sin final

¿Pero por qué dejan circular a los supuestos piratas? En primera instancia, porque las instituciones necesitan un volumen de sanciones elevado para actuar de oficio contra RJ Autocares. Por otra parte, porque Jiménez Dorado explota un vacío legal. Para su puesta en funcionamiento, RJ alegó que su línea era discrecional, con destino en un 'outlet' de San Sebastián de los Reyes, y que por lo tanto no suponía una competencia directa con los vehículos concesionados. Además, al terminar fuera de la ciudad, incluyó a la Comunidad de Madrid en la ecuación, complicándola más aún. Según su versión, Jiménez Dorado solicitó a la Comunidad los permisos pertinentes y, al no responder dentro de plazo, se consideraron legitimados para operar por mero silencio administrativo.

Jiménez Dorado defiende que su trayecto es igual que el que hacen decenas de turoperadoras en Madrid, llevando a sus clientes de un punto A a uno B, con paradas esporádicas para bajar pasajeros. No obstante, desde el consitorio detectaron pronto que la mayoría de los viajeros nunca llegaba al centro comercial en cuestión, sino que lo utilizaban como un transporte público más. El ayuntamiento reaccionó incoándole dos "infracciones muy graves" a Jiménez Dorado por valor de 8.002 euros por incumplir los artículos 110 y 140 de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que prohíbe explíctamente la venta individualizada de las plazas de estos vehículos.

Como puede comprobarse en el audio inferior, Jiménez Dorado vendía y sigue vendiendo tickets en pleno trayecto, igual que si se tratase de un autobús regular, mientras que Alsa y Juliá, las concesionarias, tan solo pueden vender asientos antes de subir al autobús, normalmente a través de internet. "En principio la venta ambulante está prohibida, pero el año pasado se autorizó a Madrid City Tour -la concesionaria- a vender en algunos puntos de la ciudad, de modo que nosotros hicimos una consulta legal y entendimos que sí se podía hacer", detalla Jiménez.

Poco después de llegar las sanciones, a las que se sumaron otras tantas de la Comunidad de Madrid, Jiménez Dorado denunció la situación a la CNMC. En el escrito, el empresario argumentaba estar sufriendo trabas burocráticas y físicas, ya que la policía municipal seguía a sus autocares e incluso los detenía para pedir la documentación a conductor y pasajeros, en su mayoría turistas que quedaban atónitos ante la situación. El regulador de competencia, en una resolución de noviembre de 2015, optó por no aceptar las suspensiones cautelares de las sanciones, como pedía Jiménez Dorado.

Todo parecía acabar el invierno pasado, cuando el ayuntamiento cerró la Gran Vía, con el consecuente veto a los vehículos no autorizados, entre ellos, -especialmente- a los autobuses de Jiménez Dorado. Sin embargo el empresario, como otros muchos transportistas, consiguió la suspensión cautelar de las medidas y pudo circular por la avenida durante todo el mes. Ha comenzado de nuevo el juego: el Navibus echará a andar a sabiendas de que, cuando se cierre Gran Vía, volverán a impedirle el paso. El servicio de autocares ya ha llevado a los tribunales para obtener medidas cautelares. El cuento de nunca acabar. Mientras, desde el consistorio, se resignan a ver cómo, un año más, el Navibus circula por el centro y termina su recorrido en la Plaza de Cibeles, delante de las mismísimas narices de la alcaldesa Carmena.