Los cachopos del alcalde pagados con VISA municipal llegan al Tribunal de Cuentas

Las comilonas del alcalde socialista de Leganés, con cachopos y chupitos incluidos, han llegado al Tribunal de Cuentas. Uno de los partidos de la oposición en este municipio del sur de Madrid presentó este lunes una denuncia para defender "los intereses económicos del ayuntamiento" e intentar que el regidor, Santiago Llorente, devuelva el dinero público gastado "en comidas, cenas y almuerzos sin que se haya acreditado que los mismos estuvieran vinculados a la actividad institucional y pública desarrollada por el demandado". Todas fueron pagadas con la VISA municipal que entonces manejaba el regidor.

Según las facturas a las que tuvo acceso el partido Unión por Leganés (ULEG), el importe de esas comidas ascendió al menos a 7.500 euros, "unos gastos que resultan ajenos a los fines públicos (...) Es reiterada y contumaz la negativa por parte del denunciado de informar el con quién y para qué de esos almuerzos pagados con dinero público", recalca el escrito presentado por el portavoz de ULEG, Carlos Delgado. Este grupo municipal, que cuenta con seis concejales en el pleno, explica que ha tramitado la denuncia tras esperar un año a que el alcalde devolviera lo gastado, tal y como aprobó el pleno municipal en noviembre de 2016 con los votos de los seis ediles de ULEG, los cuatro no adscritos que proceden de Leganemos y la abstención de los seis del PP, los dos de Leganemos y el único concejal de Ciudadanos.

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David Fernández

Como publicó El Confidencial, el alcalde se gastó 478,23 euros el 26 de mayo de 2016 para cenar cuando volvía de Oviedo de ver un partido del Club Deportivo Leganés, que esa temporada se estaba jugando el ascenso a Primera División. Una vez finalizado el encuentro, el regidor y varios de sus acompañantes lo celebraron en Tierra Astur, una sidrería de Oviedo. La cuenta se pagó con la tarjeta municipal, que solo usaba el primer edil. Hubo más gastos: 150 euros "por un almuerzo de trabajo" en la marisquería San Ignacio el 14 de septiembre de 2016; otros 125,48 euros por otro "almuerzo de trabajo" en el restaurante Baco de Getafe el 1 de septiembre de ese año. Ese verano, otras dos "cenas de trabajo por las fiestas patronales" en el restaurante Aris, que sumaron 508 euros.

Así hasta 7.500 euros entre junio de 2015 y octubre de 2016, cuando el alcalde anunció que renunciaba a la VISA municipal. "Hay evidencias de que algunos de esos gastos fueron actividades meramente privadas pese a la etiquetación formal de 'almuerzo de trabajo', como la comida efectuada en el restaurante El Cebadero de las Brujas el día 20 de enero de 2016 por importe de 171,60 euros, que se convirtió en un hecho notorio que fue con dos afiliados del propio partido del alcalde (PSOE) y para hablar de asuntos internos de su organización, bien por horas en las que se desarrollaron [la tarjeta se pasa por el datáfono a las 01:25 horas]", señala la denuncia.

El alcalde siempre defendió que esas facturas correspondían "a gastos de representación" y que en ningún caso se compraron con esa tarjeta productos o bienes. "Todos ellos corresponden a encuentros institucionales o relacionados con la actividad municipal mantenidos con representantes de otras administraciones, por ejemplo, consejeros de la Comunidad de Madrid, asociaciones empresariales de la ciudad, entidades locales o medios de comunicación", explicó entonces un portavoz municipal. ULEG no lo ve así y recuerda en su denuncia que el denunciado, Santiago Llorente Gutiérrez, "también protagonizó hace años un episodio similar (gastos irregulares en comidas, apropiación de una bicicleta de la que tuvo que devolver el importe…) que también terminó en el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, podría hablarse tanto de reincidencia como de pleno conocimiento (dolo) en el proceder que aquí exponemos".

En mayo de 1994, según publicó 'El País', la Intervención General de la Consejería de Hacienda detectó graves irregularidades financieras en el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM). Una auditoría reveló entonces cómo este organismo de representación juvenil regional, alimentado casi en su totalidad por subvenciones públicas, contrató los servicios de una empresa (Joven Gestión, SL) de la que era socio Santiago Llorente, exconsejero de la entidad juvenil. Llorente figuró al mismo tiempo en el consejo permanente de esta entidad pública y en la empresa que luego se hizo con la contrata. "Otro caso que revela la alegría con que la cúpula del asociacionismo juvenil manejó el dinero público la ofrecen los regalos que sus altos cargos se hicieron". Al parecer, Santiago Llorente se compró una bicicleta de 43.000 pesetas, según la información publicada.