El capricho del jefe policial de Carmena sale caro: 6.500 € por antidisturbio eliminado

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar las unidades centrales de seguridad (UCS) de la Policía Municipal, los antidisturbios, puede resultar bastante cara para las arcas públicas. La reciente sentencia judicial que anuló esa decisión del consistorio conlleva que los agentes trasladados puedan reclamar el complemento de destino que perdieron al ser enviados a otras unidades. Ese complemento es de 360 euros brutos mensuales, por lo que algunos sindicatos cifran en unos 6.500 euros la indemnización que podrán pedir cada uno de los 135 policías afectados.

La decisión de suprimir estas unidades (había dos) fue tomada en febrero de 2016 por el nuevo equipo de gobierno de Manuela Carmena. El Área de Seguridad que encabezan el concejal Javier Barbero y el máximo jefe policial, Andrés Serrano, llevaba ya tiempo diseñando una reestructuración del cuerpo donde no tenían cabida este tipo de unidades policiales tan especializadas. La naturaleza de Ahora Madrid, nacida a raíz de los movimientos del 15-M, provocó que sus representantes no miraran con buenos ojos a aquellos funcionarios que meses atrás se habían encargado de controlar sus protestas callejeras. Lo que conllevó que el actual equipo municipal pusiera en entredicho a las UCS desde el momento en que tomó posesión.

[Carmena elimina la unidad antidisturbios de la Policía Municipal]

Los cambios se hicieron en dos fases. Primero, cuando los dos grupos se fusionaron en uno solo. En ese momento, todos los policías que estaban en esas unidades en comisión de servicio volvieron a sus antiguos destinos. Los demás pasaron a ocupar una plaza en el nuevo grupo unificado, aunque algunos fueron recolocados a su vez en comisión de servicio en otras unidades. La segunda fase conllevó la transformación de la UCS, que quedaba en una nueva unidad de apoyo que pasó a reforzar las unidades de distrito. Los antidisturbios perdieron incluso su clásico uniforme negro y empezaron a vestir como los demás departamentos del cuerpo.

La fecha clave fue el 6 de abril de 2016, cuando el ayuntamiento aprobó una resolución que modificó la relación de puestos de trabajo (RPT), que amparó los cambios en las UCS y que no fue negociada con los sindicatos. Esa resolución fue recurrida por el sindicato CSIF. Año y medio después, en una sentencia fechada el 12 de septiembre de 2017, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Madrid daba la razón al sindicato y anulaba la resolución municipal, argumentando que el ayuntamiento debía haber seguido "el procedimiento sobre negociación colectiva" antes de eliminar los antidisturbios. Esa no negociación, según el juez, violó los artículos 37 y 38 de la Constitución.

El fallo deja, además, abierta la puerta a que los agentes trasladados pidan el complemento salarial que tenían por pertenecer a esa unidad (unos 360 euros brutos mensuales). CSIF va a pedir la ejecución de la sentencia y quiere asesorar a todos los policías afectados para que puedan llevar a cabo sus reclamaciones individuales. Los policías pueden reclamar los complementos perdidos entre la fecha de su cambio de unidad y la fecha de la sentencia, lo que se traduce en una media de 6.500 euros por cabeza.

Un portavoz del Área de Seguridad recuerda que el Consistorio decidió no recurrir la sentencia. "En estos momentos, estamos sentados a la mesa con los sindicatos, precisamente para cumplir con la sentencia. En resumen, lo que esta dice es que cualquier cambio en la RPT y en las condiciones laborales tiene que ser negociado y comunicado a los sindicatos. Antes de tomar la decisión, nos sentamos con los sindicatos a negociar, aunque el juez no lo ha interpretado así, lo que nos lleva a volver a sentarnos y negociar. No podemos avanzar el resultado de las conversaciones hasta que se levante la mesa de negociación con los sindicatos. Una vez termine la negociación, sabremos el tema del complemento".

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Lo que está claro es que el ayuntamiento no va a recuperar las UCS. Para el equipo municipal, la sentencia no conlleva la restauración de estas unidades sino que los cambios organizativos se consensúen con los sindicatos. En lugar de la UCS, se ha creado la Unidad de Apoyo y Seguridad (UAS), que puede realizar labores de contención de masas pero sin ser propiamente antidisturbios. Se trata, más bien, de un refuerzo para los distritos en eventos especiales y multitudinarios. El consistorio siempre ha defendido que la Policía Municipal no tiene competencias de orden público. El concejal Javier Barbero mantiene que Ahora Madrid tiene "un modelo de policía distinto" basado "en la prevención y en la mediación antes que en lo reactivo".

El ayuntamiento asegura: "No podemos avanzar el resultado de las conversaciones hasta que se levante la mesa de negociación con los sindicatos"

Una de las últimas propuestas del ayuntamiento es "ofertar los destinos que actualmente ocupan en comisión de servicios los agentes que componían las UCS, respetando a aquellos que habiendo participado en convocatorias de plazas vacantes hayan ya obtenido destino". Víctor Martínez, portavoz de CSIF, asegura: "Nosotros no somos parte de esa mesa [en la que sí están otros sindicatos]. Van a negociar sin tener en cuenta la opinión de los perjudicados y nosotros no pasamos por eso". CSIF recalca que fueron ellos los que denunciaron. Por su parte, el sindicato AMPU señala que "ningún sindicato ha firmado la propuesta de la dirección, estando todos de acuerdo en que para poder llegar a un acuerdo se debería compensar económicamente a los afectados. La dirección insiste en que si no hay ninguna sentencia que lo diga expresamente, no abonará ninguna cantidad de dinero".

El sindicato Colectivo Emergencias Madrid (CEM), que cuenta con afiliados en la Policía Municipal, espera que los compañeros afectados puedan percibir el complemento que les quitaron. "Alguien tendrá que asumir responsabilidades. El ayuntamiento no toma esta decisión sin el acuerdo tácito y bajo cuerda de algunos sindicatos, por mucho que la sentencia diga que no hubo negociación", señala un portavoz de CEM.