El Ayuntamiento de Madrid estudia cómo recortar casi 200 millones en tiempo récord

El Ayuntamiento de Madrid se está esforzando para dar cumplimiento al requerimiento que hace días le hizo el Ministerio de Hacienda por incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que conllevó a intensificar la tutela financiera de esta cartera sobre el consistorio madrileño. El equipo de Montoro denegó por tercera vez consecutiva el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado por el delegado Carlos Sánchez Mato y procedió a controlar más de cerca las cuentas municipales hasta que la institución local "vuelva a la senda de gasto" marcada desde su cartera. Ahora, el consistorio que dirige Manuela Carmena se afana en dar cumplimiento a todo lo que Hacienda solicita. Y para ello, la regidora creó hace unos días una comisión con representantes de distintas concejalías, miembros de la alcaldía y de la intervención general.

Por ahora, Madrid ha retenido crédito por valor de 173,6 millones de euros y lo ha hecho bloqueando 1.206 partidas municipales con el objetivo de que ninguna de ellas sufra un golpe tan significativo. En realidad, 127 millones de esa retención ya estaban incluidos en el PEF presentado el pasado octubre como medida de ahorro, y en estos días recientes el consistorio ha recortado 45,8 millones más, reteniéndolos en los capítulos 2 y 6 de los Presupuestos. El problema es que no basta. El ministerio advirtió en su comunicado al ayuntamiento de que debía retener 238 millones adicionales, según explicó el delegado Sánchez Mato este miércoles, en referencia a la cantidad que Montoro ya le había exigido el pasado mes de abril y que a su juicio el consistorio eludió. Por tanto, el ayuntamiento deberá recortar todavía 191 millones de euros si quiere cumplir rigurosamente con lo que exige Hacienda.

Y lo deberá hacer en un tiempo récord. Según explicó el equipo de gobierno, su intención es presentar el nuevo PEF (esperando que sea el definitivo) a finales de noviembre en el pleno municipal. La cuestión es que en apenas dos semanas deberán cumplir con la inmovilización de esos 191 millones. La alcaldesa y su núcleo más cercano, capitaneado por la delegada Marta Higueras, son partidarios de hacer los esfuerzos necesarios por cumplir cuanto antes, aunque el golpe de esa retención será doloroso. Además, la regidora ha manifestado en todas sus intervenciones que el ayuntamiento "cumplirá por responsabilidad", aunque no comparta la interpretación que el ministerio hace de la regla de gasto.

Por el momento, la retención de crédito ha pasado por tomar varias medidas que suponen el 3,3% del Presupuesto total. Entre ellas, paralizar algunas inversiones previstas para estos 35 días que quedan de 2017 —y que pasarán al próximo ejercicio— y bajas de adjudicación en licitaciones que ascienden a más de ocho millones. También se ha procedido a una retención de 17 millones en gastos de personal. En total, más de 2.000 partidas se han visto afectadas.

La cuestión es ahora si el consistorio podrá retener los casi 200 millones que faltan antes del pleno de noviembre o no, y, sobre todo, de qué partidas saldrán. Fuentes del consistorio ponen en duda que Montoro valore "el gesto" del ayuntamiento para reconducir la situación cumpliendo "a rajatabla con lo requerido" aunque no llegue a la cifra final en dos semanas porque, hasta el momento, recuerdan, la interpretación de Hacienda sobre la regla de gasto ha sido "muy inflexible". Aunque el entorno de la regidora es partidario de no agotar los plazos y solucionarlo cuanto antes, el ayuntamiento tendría tiempo hasta diciembre y podría convocar un pleno extraordinario con ese único punto del día antes de que acabe 2017 para después presentarlo en el ministerio.

En ese sentido, el Partido Socialista juega un papel fundamental, ya que el PEF solo saldrá adelante con su apoyo. En las últimas semanas, los contactos entre el grupo que lidera Puri Causapié y Ahora Madrid han sido continuos, y desde que Carmena tomara las riendas el pasado abril, el respaldo de los socialistas ha sido clave. La portavoz del área económica, Erika Rodríguez, reprocha a Sánchez Mato "la falta de previsión" y reconoce que la situación hoy por hoy pone al ayuntamiento "en una tesitura muy difícil en lo que a gasto público se refiere". Así lo manifestó en la comisión extraordinaria del área este martes, reprobando también al ministro por su actitud y "la falta de diálogo con los entes locales". Además, la portavoz socialista insiste en que, "aunque sea doloroso", el Gobierno municipal debe reconocer que lo que exige Hacienda —y el ayuntamiento debe acatar— son "recortes, lo llamen como lo llamen", y "afectarán a los ciudadanos", empezando por los costes burocráticos que toda está situación está causando al propio Palacio de Cibeles.

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Más allá del cumplimiento estricto de la ley, Carmena anunció que el ayuntamiento ha emprendido acciones legales contra Hacienda al considerar que la interpretación de la regla de gasto es abusiva y "no se acopla a la autonomía municipal y a las políticas públicas que precisa Madrid". Los socialistas, en la misma linea, recuerdan que el punto de partida de Madrid es una ciudad con superávit con muchos recursos que debe emplear en sus ciudadanos. Precisamente, ambos grupos son partidarios de impulsar una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad en el Congreso. La norma se aprobó con la mayoría absoluta del PP de Rajoy y este lunes el grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una iniciativa parlamentaria para reformarla y permitir así que las administraciones locales que tengan superávit y reduzcan la deuda no tengan que estar sometidas a severas restricciones presupuestarias.