La familia de Julio Iglesias recurre a los 'servicios' de Desokupa en Madrid

El sobrino y mánager de Julio Iglesias, o si lo prefieren, el primo de Enrique Iglesias, ha echado mano de la polémica empresa Desokupa para expulsar de una nave de su propiedad en el distrito de Argüelles, en el centro de Madrid, a un grupo de jóvenes que allanaron el local hace tres semanas para abrir un centro social autogestionado. La empresa montó uno de sus clásicos controles de acceso a la propiedad hace justo una semana y en las últimas horas el conflicto ha escalado hasta requerir la presencia constante de dos patrullas de la Policía Nacional.

El martes a mediodía, una empresa de cerrajería tapió con planchas metálicas todas las ventanas exteriores del local, que era por donde los okupas recibían víveres y tabaco del exterior. La única apertura a la calle es una estrecha puerta, custodiada por Desokupa para que no entre nada ni nadie. El objetivo no es otro que aislarlos hasta que se queden sin comida y sin agua y tengan que salir.

La estrategia no gusta dentro del local y fuera genera controversias. Muchos vecinos aplauden la medida, porque no quieren tener de vecinos a los okupas uno o dos años hasta que se ejecute el desalojo. Los jóvenes —pertenecientes a colectivos de extrema izquierda— claman por la "barbaridad" que Desokupa, con el beneplácito de la familia Iglesias, ha ideado.

"No estamos intentando que se mueran de hambre, por favor. Si quieren comer, no tienen más que salir por la puerta e ir a por comida. Nadie se lo impide", afirma hecha un manojo de nervios la representante de la empresa Iglesias Assembly, propietaria del inmueble, que pide no revelar su nombre. La mujer supervisa junto a los dos vigilantes de seguridad de Desokupa y a los cerrajeros la operación de sellado de la fachada. Del otro lado de la acera, en la calle Juan Álvarez Mendizábal, una docena de vecinos y algunos chavales observan y discuten el fenómeno.

—Solo queremos abrir un centro social para el barrio. Esta nave lleva 20 años cerrada y vamos a darle uso para todos los vecinos —explica un joven.
—Si me parece muy bien, pero hacedlo en otro sitio. Este es un local privado, tiene un dueño, no podéis entrar por las bravas —responde una señora, carro de la compra en mano.
—Lleva 20 años cerrado y ahora que se le quiere dar una función social les entra la prisa por echarnos —prosigue el chico. Y así una discusión en bucle de cinco minutos que se va reproduciendo a lo largo de la acera con otros chicos y otros vecinos.

Ese centro social de reciente creación se llama La Yaya y es, dicen sus impulsores, un intento de "recuperar un espacio" para organizar actividades culturales que el barrio, actualmente, no tiene. La familia Iglesias no parece tan feliz con la idea de ofrecer su nave para la causa. En realidad, el inmueble está a la venta desde hace años a un precio de dos millones de euros. Una nave de dos niveles con 880 m2 de superficie, “perfecto para utilizarlo como garaje, supermercado, gimnasio, taller o academia”, reza el anuncio. Hasta la fecha, no ha habido acuerdo de compra.

Iglesias Assembly es una empresa de administración y construcción inmobiliaria dirigida por Jorge Iglesias Domínguez, hijo de Carlos Iglesias, hermano del célebre Julio. El doctor Iglesias Puga dejó en herencia ese local a su hijo Carlos, sin sospechar seguramente que tantos años más tarde sería objeto del deseo de los okupas.

Acusaciones mutuas

“Esto es una violación de los derechos humanos. Quieren impedir que nos traigan comida. Es un abuso. Pedimos ayuda, la gente debe saberlo", exclama Matías, uno de los dos okupas que quedan todavía en el interior del local. Lo hace desde la ventana superior, entre pancartas y mostrando un codo lleno de sangre. Luego baja a la puerta y explica su versión de los hechos. "Si quieren echarnos, que pongan una denuncia en el juzgado y sigan el procedimiento legal. Nos han traído unos matones para amedrentarnos, la otra noche nos amenazaron con quemarnos vivos. Sufrimos un acoso constante", se queja. Su codo sangrante se debe al corte recibido por una de las planchas metálicas cuando trataba de evitar su instalación desde el interior de la ventana principal.

Desde Desokupa niegan cualquier amenaza a los jóvenes o acto ilegal. Al contrario, han interpuesto una denuncia contra los okupas por la "agresión" de "30 encapuchados violentos que tiraron al suelo a los vigilantes y entraron en la nave que custodiábamos", relata Daniel Esteve, director de Desokupa. En efecto, un vídeo muestra el momento exacto del suceso (ver vídeo más arriba). Una treintena de jóvenes agarra y aparta por la fuerza a los dos vigilantes de seguridad apostados en la puerta. Acto seguido, nueve de ellos entran en tromba en el local y los que están fuera cierran la puerta y huyen a la carrera. Eso ocurrió el viernes y a lo largo del fin de semana fueron saliendo del local.

"No entiendo cómo la Policía Nacional no detuvo a los agresores, tenemos pruebas y testigos. Nosotros estamos dentro de la legalidad y la prueba es que aquí están los agentes viendo cómo la propiedad tapia las ventanas y contrata un control de acceso. Son los okupas quienes se encuentran fuera del sistema", explica Esteve. El director de Desokupa está actualmente liderando tres operaciones de control de acceso en Madrid, señal de que fuera de los focos su negocio va viento en popa, sin que los tribunales hayan visto motivo para el cese de la actividad.

"Ya encontraremos la manera de hacerles llegar comida", dice una amiga de los dos okupas atrincherados en la nave de la familia Iglesias o en el centro social La Yaya, según quien lo vea. "No dejéis entrar nada, por favor, ni comida, ni tabaco ni nada", urge la representante de Iglesias Assembly. Los vigilantes asienten. La mujer reconoce que la okupación le ha costado ya "mucho dinero", sin detallar cifras. Desokupa carga a sus clientes un mínimo de 2.000 euros para los operativos más sencillos y el monto se puede disparar por encima de los 10.000 euros según la complicación. En este caso, la familia Iglesias trabaja sobre un contrato diario. Cuanto más se alargue el operativo, más alta será la factura.

Es previsible que el coste final para los Iglesias supere ampliamente los cinco dígitos. Los dos okupas no tienen intención de abandonar el local mientras tengan comida y agua ("la vamos a racionar", adelantan), y eso puede prolongarse unos cuantos días. Más aún si sus compañeros apostados en la calle consiguen hacerles llegar víveres. ¿Cómo? “Por el agujero que hay abierto en el tejado", indica una joven. "Les tiraremos bolsas desde la calle”.

Otra opción es volver a formar una melé y apartar violentamente a los guardias de seguridad, que se metan de nuevo una decena de jóvenes y vuelta a empezar. La representante de la familia Iglesias se echa a temblar ante este escenario. “Ya he interpuesto tres denuncias en el juzgado, por extorsión, coacciones y allanamiento con violencia", explica. La representante asegura que los okupas exigen 20.000 euros para abandonar el local voluntariamente. "Días atrás, les ofrecimos 2.000 euros y nos dijeron que eso era un insulto. A estas alturas ya no hay negociación posible".

La familia Iglesias denuncia que los okupas exigen 20.000 euros para dejar el local. Les ofrecieron 2.000 euros y los rechazaron

Grupos de la izquierda alternativa pedían a través de las redes sociales una concentración masiva frente al centro social La Yaya (o local de los Iglesias) para "apoyar a las compañeras y organizarnos frente a este tipo de agresiones”. El líder de Desokupa tuerce el gesto ante la convocatoria: “Nosotros no vamos a aparecer para no caldear los ánimos, pero si se junta mucha gente, va a ser calentito. Van a perder los papeles".

Los agentes de Policía Nacional desplazados no confirmaron a este diario si su operativo de vigilancia se alargará en las próximas horas, mientras los dos vigilantes de seguridad de Desokupa suspiran ante lo que se les puede venir encima.