se esperan otras sentencias de este tipo

El pueblo más endeudado de Madrid pagará 3 millones más por un pufo del exalcalde

La Audiencia Provincial condena al ayuntamiento madrileño a pagar porque en 2004 el exregidor Baltasar Santos vendió suelo que no era aún del municipio y que nunca entregó

Foto: Baltasar Santos, exalcalde de Navalcarnero.
Baltasar Santos, exalcalde de Navalcarnero.

La herencia política de Baltasar Santos, alcalde popular de Navalcarnero durante 20 años (entre 1995 y 2015), sigue erosionando las arcas públicas. Según el ministerio de Hacienda, Navalcarnero es el municipio madrileño más endeudado de la comunidad de Madrid (y el número 24 de toda España). Cada uno de los 27.000 vecinos debía a diciembre de 2016 más de 3.700 euros. El fisco hace ese cálculo con una deuda financiera de 101 millones de euros, aunque el actual equipo de Gobierno la cifra en 230 millones. Una cantidad que se va a ir incrementando poco a poco a causa del goteo de sentencias judiciales que van a ir llegando contra el Ayuntamiento por culpa de la anterior gestión del exregidor del PP.

La última, la de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó el pasado 28 de septiembre al Consistorio a pagar 2,8 millones (más intereses legales) a una quincena de vecinos y empresas de la localidad porque el Gobierno local entonces presidido por Santos les vendió un suelo que no era propiedad del Ayuntamiento. "Les engañó doblemente", señala José Luis Adell, el actual regidor socialista. "Les vendió unos aprovechamientos urbanísticos sin estar registrados y titularizados por el Consistorio, y encima les vendió más metros cuadrados de los que por ley correspondían al ayuntamiento, un porcentaje superior de ese aprovechamiento".

Esta es la primera de las sentencias de este tipo que Adell espera que desgraciadamente lleguen contra el ayuntamiento por "culpa de la nefasta gestión de Santos". Esa misma operación, la de vender futuro suelo municipal que le correspondía al Consistorio en determinados desarrollos de la ciudad que aún no se habían aprobado, se ha repetido en varias ocasiones. "Santos vendió suelo que no era del ayuntamiento, que no lo tenía titularizado ni registrado. Como si te vendo un reloj que voy a comprar y no tengo en mi poder. Estimamos que vamos a pagar unos 70 millones de euros en este tipo de sentencias, lo que va a aumentar la deuda municipal a los 300 millones. Hay otra reclamación al ayuntamiento de 23 millones de euros por otros aprovechamientos vendidos y no entregados. Y otro juzgado dirime ahora sobre la devolución más los intereses de otra reclamación que asciende a 6 millones de euros", señala Adell.

En este caso concreto, el engaño se produjo en el sector II-8 de Navalcarnero, una zona donde se iba a construir un polígono industrial. En julio de 2004, el ayuntamiento (gobernado entonces por Santos) adjudicó a estos vecinos y empresarios los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían a la ciudad por aprobar el desarrollo del ámbito. Se trataba de una iniciativa privada, que como marca la ley reserva un 10% del suelo para el Consistorio. En el sector II-8 ese 10% eran 28.289 metros cuadrados de edificabilidad. Los adjudicatarios pagaron el 90% del precio de adjudicación (2,51 millones) y una garantía de 124.000 euros.

Los terrenos del sector II-8, que hoy siguen sin desarrollarse.
Los terrenos del sector II-8, que hoy siguen sin desarrollarse.

Pero todo se hizo sin estar nada aprobado. Tuvieron que pasar cinco años hasta que Navalcarnero aprobó su plan urbanístico, en septiembre de 2009. Un plan muy ambicioso que pretendía recalificar 3.153 nuevas hectáreas de terreno como urbanizable, con la previsión de construir más de 5.000 viviendas. El objetivo era aumentar la población de los 18.600 habitantes que había entonces a una cantidad que superase los 80.000. Eran años de burbuja inmobiliaria (aunque ya se aventuraban los primeros síntomas del pinchazo). Además, en 2009, el Gobierno regional presidido entonces por Esperanza Aguirre ya había puesto sobre la mesa un proyecto para construir un aeropuerto privado en terrenos de Navalcarnero y el vecino municipio de El Álamo y ya había licitado las obras para llevar el tren de Cercanías a este municipio, un proyecto fallido.

Terrenos del sector II-8, junto al camino de Mancigordo.
Terrenos del sector II-8, junto al camino de Mancigordo.

Pero en septiembre de 2009 el nuevo plan urbanístico impuso nuevas condiciones de desarrollo para el sector II-8, situado en los terrenos del camino de Mancigordo, incrementando las superficies destinadas a redes públicas, lo que conllevó "una sustancial disminución de suelo lucrativo para acoger las fincas resultantes de suelo industrial", señala la sentencia. Además, el Gobierno local de Santos redujo la superficie real del sector II-8, de 575.000 metros cuadrados a 495.000, lo que impedía que el ayuntamiento pudiera entregar los aprovechamientos urbanísticos que vendió a los vecinos. Ese 10% ya no era 28.289 metros cuadrados, sino de 3.758.

Vecinos y empresarios exigieron entonces la devolución de su dinero, reclamando la resolución del contrato en mayo de 2011. Pero Santos no devolvió ni un euro, alegando que los demandantes nunca pusieron ningún tipo de reparo, alegación o impugnación al plan urbanístico que anunció los cambios y redujo los aprovechamientos urbanísticos. Además, Santos alegó que los perjudicados también tenían que demandar a la Comunidad de Madrid, que fue quien aprobó definitivamente el plan que se cuestionaba.

Eran años en los que el ayuntamiento gastaba a mansalva: 10,5 millones en un polideportivo que nunca se terminó, más de 12 millones en piezas de granito para decorar distintas zonas del municipio, una plaza de toros cuyo coste se disparó un 42% hasta los 22 millones. Un informe de la Cámara de Cuentas habla de facturas sin justificar por valor de 35 millones en solo dos años (2007 y 2008), 311.000 euros en un paso de Semana Santa que ha desaparecido. Sin olvidar las famosas Cuevas del Concejo, que recorren el subsuelo de la plaza principal del pueblo. Obras que fueron paralizadas en 2011 porque se hicieron ilegalmente (provocando más de un derrumbe) y que costaron 4,7 millones cuando en un principio iban a valer solo 611.000 euros.

Los vecinos del sector II-8 nunca pudieron escriturar los terrenos (nunca llegaron a ser realmente suyos) y perdieron el juicio. El juzgado de lo contencioso administrativo número 25 de Madrid dio la razón al ayuntamiento en julio de 2015, cuando Santos era ya concejal de la oposición y había sido expulsado del PP. Pero vecinos y empresarios recurrieron. La Audiencia Provincial revoca ahora la resolución del 25, resuelve el contrato firmado entre ambas partes en agosto de 2004, y obliga al ayuntamiento a pagar a los demandantes 2,79 millones de euros más intereses desde que se puso la demanda, lo que eleva la cifra a 3,25 millones de euros. También a devolver el aval de 124.000 euros y a pagar las costas del juicio.

Aguirre pone la primera piedra del tren a Navalcarnero. Detras, con corbata a rayas, Baltasar Santos.
Aguirre pone la primera piedra del tren a Navalcarnero. Detras, con corbata a rayas, Baltasar Santos.

"El PP de Santos decidió vender el derecho a futuro del Ayuntamiento sobre aprovechamientos urbanísticos fruto de las recalificaciones de diferentes sectores. Lo hizo antes de la parcelación de los mismos y sin saber ni tan siquiera si podrían entregar. Fue un gran riesgo. Ahora se condena a la ciudad a devolver el dinero y hacer frente a millonarias indemnizaciones, intereses y costas judiciales. Y encima los propietarios de los sectores se han visto obligado a pagar el 100% del IBI durante años, pese a que parte de su suelo, el 10% que tuvieron que ceder al ayuntamiento, ya había sido vendido por el Consistorio. Es decir, han pagado el impuesto por un terreno que no les corresponde", explican desde el nuevo Gobierno local.

Nadie sabe donde está Baltasar Santos. Fue expulsado del PP en el año 2015, tras ocultar al partido que estaba imputado por varias causas judiciales. Santos acudió a las elecciones municipales de ese año con otro partido, URCI, y logró obtener dos concejales. Recogió el acta y pocos meses después, en octubre de 2015, renunció, al igual que hizo el otro edil de su formación. Nadie les ha sustituido. El Consistorio ha creado una comisión de investigación para analizar su gestión. Además, ha contratado una dirección jurídica para que se puedan judicializar todas las irregularidades detectadas y se ha pedido a la Cámara de Cuentas que audite los ejercicios fiscales de Navalcarnero desde el año 2007 hasta el año 2015.

Madrid

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