también una concejala del municipio

La Púnica sigue asediando al PP de Madrid: imputan al alcalde de Brunete, que no se irá

La Audiencia Nacional cita como investigado a Borja Gutiérrez, actual regidor, por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros. El código ético del PP no le obliga a dimitir

Foto: Borja Gutiérrez, con Cristina Cifuentes.
Borja Gutiérrez, con Cristina Cifuentes.

El caso Púnica sigue acorralando al PP de Madrid, que preside Cristina Cifuentes. El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha citado como investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) al actual alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, del PP, a una concejala de su equipo, Cristina Gil Guerra, y al padre de esta, José Gil Granizo, que ocupa el cargo de secretario general del partido en este municipio. Tendrán que declarar el 9 y el 10 de octubre dentro de la pieza de Cofely, que investiga los contratos de eficiencia energética en varios municipios de Madrid.

El caso ya ha dejado varios imputados en las filas del Gobierno regional y del PP de Madrid: Daniel Ortiz, exdiputado autonómico y exalcalde de Móstoles; Miguel Ángel Ruiz, exviceconsejero de Medio Ambiente, y Carlos López Jimeno, ex alto cargo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Todos tuvieron que dimitir de sus cargos tras ser citados a declarar como investigados. No será el caso de Borja Gutiérrez. El código ético del PP solo obliga a renunciar a diputados autonómicos, cargos del Ejecutivo autonómico y cargos del PP de Madrid. No a los alcaldes. Gutiérrez solo tendrá que abandonar la presidencia del PP de Brunete, localidad de 10.500 vecinos.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya implicaba a Gutiérrez, al que acusó de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a una de las principales empresas investigadas en el caso, Cofely, la multinacional de eficiencia energética del grupo francés Engie. A cambio, la compañía gala financió "espectáculos musicales" en el pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según la UCO, deberían haber sido pagados por el ayuntamiento (los conciertos) y por el PP de Brunete (las encuestas).

La UCO aseguró que hay "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos y trabajadores de Cofely actuaron en connivencia con funcionarios y responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". Es cierto que el contrato de eficiencia energética, de 8,4 millones y con una duración de 15 años, finalmente no se adjudicó, pero solo porque la UCO destapó este escándalo el 27 de octubre y detuvo a los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta" en Brunete. De hecho, antes de las detenciones, Brunete ya había convocado para el día 29 la comisión municipal que iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos. "Una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día".

La Audiencia también ha citado como investigada el 18 de octubre a la que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder. El magistrado García-Castellón quiere interrogarla sobre la adjudicación que en 2009 el Parlamento madrileño hizo al empresario Arturo Fernández sobre el servicio de cafetería, un contrato en el que también intervino Cifuentes. El concurso está bajo sospecha por ayudar a financiar, presuntamente, al PP madrileño. Dos informes de la UCO salpicaron de lleno a la presidenta regional, ya que la acusaban de cohecho y prevaricación.

Madrid

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