Cifuentes vetará pelotazos como Eurovegas o el casino Cordish: el suelo deberá ser público

El Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes no quiere pelotazos urbanísticos en la Comunidad de Madrid y cree que la mejor fórmula para evitarlos es regular, por ley, que los grandes proyectos privados que se quieran implantar en la región lo hagan en suelo público, con precio tasado donde no se pueda especular. El Ejecutivo autonómico pone como ejemplo el complejo de ocio y juego que los americanos Cordish quieren levantar en el municipio de Torres de la Alameda, un proyecto que la Comunidad de Madrid ha tumbado ya dos veces porque no cumple los requisitos para ser un centro integrado de desarrollo (CID), una figura jurídica excepcional que permite en cierta medida un auténtico monopolio para el beneficiario.

Cordish ha comprado suelo privado para su complejo, 134 hectáreas que han pasado por las manos de un polémico intermediario, Leopoldo Arnaiz Eguren, urbanista, arquitecto contratado por decenas de ayuntamientos para diseñar sus planes urbanísticos y el encargado de recalificar los terrenos de Boadilla del Monte que el Banco Santander utilizó para levantar su Ciudad Financiera. Como ya adelantó El Confidencial, Arnaiz & Partners, una de las empresas controladas por Arnaiz, ha ejercido una opción de compra sobre muchas parcelas que componen esas 134 hectáreas tras firmar un contrato de exclusividad con Cordish para a su vez traspasarle esos terrenos.

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Precisamente el Ejecutivo de Cifuentes quiere modificar algunos artículos de la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, de 1995, para garantizar que todas las solicitudes que se presenten en Madrid para desarrollar un CID "solo puedan llevarse a cabo en suelos de titularidad pública o en terrenos que no requieran una modificación de los usos, es decir, que ya sean aptos para construir este tipo de proyectos", que incluyen infraestructuras de ocio, turísticas, deportivas, culturales, sanitarias y comerciales. "El objetivo de esta modificación es garantizar el interés general de estos proyectos, que se instalarán en ubicaciones racionales al utilizar suelos públicos ya previstos para ser desarrollados", explican desde la comunidad.

Es decir, "el objetivo es evitar la especulación, y que las operaciones de suelo vinculadas a este tipo de proyectos beneficien a los ciudadanos madrileños en su conjunto, no a un solo ciudadano", recalca un portavoz del Ejecutivo autonómico. El artículo 34 de la ley señala que los CID, catalogados como proyectos de alcance regional, "pueden comprender terrenos situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de suelo. En ningún caso podrán afectar a suelo no urbanizable protegido por la legislación sectorial".

Es decir, la ley vigente permite desarrollar un CID en cualquier tipo de suelo, excepto obviamente el protegido. Es más, el artículo 46 señala que los CID "prevalecerán sobre las determinaciones contenidas en el planeamiento urbanístico, que habrá de ser adaptado por la Administración competente, configurando el ámbito como un área de planeamiento incorporado, permitiendo su ejecución de forma inmediata". En otras palabras, la aprobación de un CID permite que el proyecto pueda ser ejecutado aun en el caso de que el suelo elegido para levantarlo tuviese una calificación no compatible con la ordenación urbanística del municipio elegido. En definitiva, carta blanca en lo que a suelo se refiere.

Algo que ahora quiere cambiar Cifuentes introduciendo modificaciones legislativas "que entre otros aspectos permitan a la Administración determinar las infraestructuras necesarias y su ubicación". Y es que al margen de evitar pelotazos urbanísticos, la Comunidad de Madrid cree que estos proyectos deben suponer un mayor retorno económico a los intereses generales, al margen del empleo que pueden generar. La empresa pública Arpegio gestiona miles de metros cuadrados públicos y la Comunidad de Madrid quiere también poner en valor estos activos para posibles inversores.

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Para Cordish, siempre ha sido clave que la Comunidad de Madrid acepte su proyecto como CID. Este modelo fue creado a finales del año 2012 por el anterior Ejecutivo regional, presidido por Ignacio González. El Gobierno regional cambió entonces la ley de 1995 para allanar el camino del proyecto estrella de la época, el Eurovegas en Alcorcón. Hoy, un mal recuerdo. El CID, una figura jurídica excepcional, permite un auténtico monopolio para el beneficiario, ya que una vez que se autoriza se prohíbe la instalación de nuevos casinos en la región durante los siguientes 10 años. No solo eso. El CID beneficia al promotor a la hora de pagar impuestos relacionados con el juego, ya que solo se le impone un tipo tributario del 10%, frente al tipo que se paga en un casino normal o una sala de juego, entre un 15% y un 45%. La aprobación de un CID lleva además implícita la declaración de utilidad pública e interés social.

La denuncia de Cordish

De momento no hay plazos para aprobar estos cambios, aunque la comunidad quiere hacerlo en lo que queda de legislatura. Esta iniciativa regional supone un nuevo mazazo a las aspiraciones de Cordish, que tiene suelo privado para su proyecto y que ya ha visto cómo la Comunidad de Madrid ha tumbado en dos ocasiones el proyecto que ha presentado. Y es que el Gobierno regional sigue pensando que el plan de Cordish sigue sin encajar bajo la fórmula del CID, que debe tener un carácter multisectorial, es decir, ser un proyecto que integre no solo servicios turísticos, empresariales, comerciales, de ocio, juego y espectáculos, sino también deportivos, sanitarios y culturales. Y la primera fase del proyecto Madrid Live! Resorts lo sigue fiando todo principalmente al juego.

Habrá que ver ahora cuál es el siguiente movimiento que realiza la empresa norteamericana, que ya ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque entiende que los trámites administrativos seguidos por el Gobierno regional le han provocado "indefensión". La compañía prevé nuevas acciones legales. En un comunicado emitido después de que la comunidad anunciara por segunda vez la negativa a su proyecto, señaló que "a la vista de las gravísimas irregularidades observadas en la tramitación de la primera y segunda solicitud, Cordish perseguirá enérgicamente el ejercicio de cuantas acciones legales puedan corresponderle en defensa de sus legítimos intereses contra el Gobierno regional y las personas responsables correspondientes".