LA COMUNIDAD DIJO "NO" A SU CONSTrucción

Cordish anuncia nuevas acciones legales por el rechazo a su macrocomplejo en Madrid

La empresa responde a la segunda negativa de Cifuentes para la construcción del complejo. Asegura que irá a los tribunales en defensa de sus "legítimos intereses"

Foto: Detalle del primer proyecto presentado por Cordish.
Detalle del primer proyecto presentado por Cordish.

El grupo Cordish, que pretendía construir un macrocomplejo hotelero y de ocio en Torres de la Alameda (Madrid), ha dicho que está sorprendido y "en 'shock'" por el nuevo rechazo de la Comunidad de Madrid a su proyecto y ha anunciado que ejercitará acciones legales para defender sus intereses.

La compañía estadounidense, especializada en la promoción de grandes centros de entretenimiento en todo el mundo, critica que se enteró del rechazo por los medios de comunicación y no por el Gobierno regional. El grupo de ocio ha indicado que ya su primera petición, que también fue rechazada, "cumplía con todos los requisitos para la concesión de una licencia de CID (Centro Integrado de Desarrollo)", aunque, "como deferencia al Gobierno regional", volvió a presentar los 500 folios de solicitud "dejando cristalino cada matiz del 'resort' integrado".

El consejero delegado de Cordish Global Entertainment, Joseph Weinberg, ha indicado que si su proyecto no cumple los requisitos para una licencia CID, ningún proyecto puede cumplirlos y ha recordado que su propuesta crearía 56.000 puestos de trabajo y miles de millones de euros para la Comunidad. Según Cordish, las razones alegadas por el Gobierno regional "no tienen sentido" y están "seguros de que los tribunales así lo verán".

Cordish ha asegurado que en la pasada reunión nadie les dijo que hubiera ningún problema que pudiera motivar de nuevo el rechazo

Ha recordado también que en una reunión celebrada el pasado 19 de julio con representantes de la Comunidad de Madrid la empresa se comprometió a hacer el proyecto completo y a sufragar todos los gastos necesarios de las infraestructuras requeridas para el proyecto, así como a no solicitar ni ayudas ni subvenciones de la Comunidad de Madrid. Cordish ha asegurado en el comunicado que en la reunión nadie les dijo que hubiera ningún problema que pudiera motivar de nuevo el rechazo y ha afirmado que su segunda solicitud se presentó con toda la información y mejoras técnicas requeridas por la Comunidad de Madrid, así como con el respaldo de los bancos M&T y Credit Suisse, que se comprometieron a financiar los 2.200 millones del proyecto. En esa reunión, aseguran, "como ha sido una práctica habitual durante el proceso", no participaron ni Cifuentes ni su consejera Engracia Hidalgo.

La empresa ha explicado que aquella reunión incluyó un compromiso específico de que construiría el proyecto en su totalidad, incluida una playa de acceso público gratuito de 6,7 hectáreas, y, además, las áreas destinadas a zona de juego supondrían menos del 15 % del proyecto. Cordish ha recordado que por la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante todo el proceso, tuvo que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admitió su demanda a trámite el 26 de mayo y dio un plazo de 20 días a la Consejería para que entregase el expediente completo con originales.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta regional, Cristina Cifuentes. (EFE)

La compañía ha afirmado que, "a la vista de las gravísimas irregularidades observadas en la tramitación de la primera y segunda solicitud", ejercitará "cuantas acciones legales puedan corresponderle en defensa de sus legítimos intereses contra el Gobierno regional y las personas responsables".

El Gobierno de Madrid anunció este viernes que rechazaba por segunda vez el proyecto al no tener relevancia desde el punto de vista económico, de ocio y cultural, y el suficiente impacto para ser tramitado bajo la figura de CID, que permite construir en cualquier tipo de suelo salvo en los de especial protección y ofrece ventajas fiscales. Cuando Cordish anunció su proyecto, en noviembre de 2016, dijo que preveía invertir 2.200 millones de dólares (más de 2.000 millones de euros) para construir un "megacomplejo" de ocio de 134 hectáreas que generaría 56.433 empleos.

Madrid se defiende

Horas después del comunicado de la empresa, la Comunidad de Madrid remitía a los medios una nota en la que explica que "entiende la decepción pero lamenta la mala aceptación que ha mostrado el inversor". El Gobierno regional se defiende asegurando que su decisión se basa en "ocho informes técnicos" que consideran que el proyecto no tiene la entidad suficiente para iniciar el procedimiento. Informes, aclara, de distintas direcciones generales y diversas opiniones técnicas que "han realizado un análisis serio y riguroso de la documentación presentada por el grupo inversor".

"La Comunidad de Madrid es una región abierta a toda inversión extranjera que cumpla los requisitos legales", dice el comunicado en el que el Ejecutivo regional añade que su negativa "no se basa en voluntades ni declaraciones sino en la documentación presentada" en el Registro por la empresa promotora. Según el comunicado de la Comunidad, el recurso judicial anunciado por Cordish "carece de sentido" porque "se ha seguido de forma escrupulosa el procedimiento marcado por la ley".

En opinión del Gobierno, el proyecto "carece de la multisectorialidad necesaria, puesto que el 90% de los ingresos giran sobre una propuesta de Casino"

Por otra parte, añade la Comunidad de Madrid, la activación de un CID y la decisión de aplicar las ventajas que prevé la Ley "es una potestad de la Administración que debe quedar perfectamente justificada en la singularidad y excepcionalidad del proyecto". Esto es así, según el comunicado, "para no crear inseguridad jurídica y favorecer la competencia desleal con otros inversores".

En opinión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el proyecto "carece de la multisectorialidad necesaria, puesto que el 90% de los ingresos previstos giran sobre una propuesta de Casino y los servicios hoteleros y de restauración que lo complementan, y carece del impacto relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural que requiere la Ley". La segunda versión del proyecto, explica la Comunidad, "no modifica sustancialmente" el primero y, según los informes técnicos, "el promotor justifica de forma insuficiente las cifras de visitantes y de empleo que el proyecto podría generar".

"Además, el promotor ha aportado de nuevo cifras de ingresos y de demanda del proyecto contradictorias y, en algunos casos, no soportadas suficientemente, lo que conllevaría un elevado riesgo de sobrevaloración de las cifras", explica la Comunidad.

Madrid

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