Dietas B en la Universidad de Alcalá: 21 altos cargos cobraron 28 € al día durante tres años

Altos cargos de la Universidad de Alcalá de Henares han estado cobrando durante años unas dietas de sobresueldo, al margen de las oficiales, que provocaron una querella por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid y la apertura de una investigación en el juzgado de instrucción número 3 de Alcalá de Henares. La pista sobre estos pagos, que no habían trascendido hasta ahora, partió del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que denunció la presunta ilegalidad de estos complementos retributivos. Según la central de trabajadores, entre enero de 2009 y mayo de 2012, rectores, vicerrectores y directivos de la universidad percibieron al menos 287.000 euros al margen de su salario y las dietas correspondientes por comidas, viajes y alojamiento.

La documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial revela que estas dietas B se cobraban ya cuando la universidad estaba dirigida por el rector Virgilio Zapatero Gómez (exministro socialista y uno de los condenados por las tarjetas 'black' de Caja Madrid). La denuncia sindical relata que "mediante el abono de cantidades periódicas camufladas bajo el concepto de dietas se habrían pagado sobresueldos a los más altos cargos institucionales de la universidad".

Las dietas tienen carácter temporal, ya que su finalidad es compensar a un trabajador por los gastos derivados de alojamiento, manutención y transporte. Sin embargo, en la universidad alcalaína se convirtieron en algo periódico durante la etapa comprendida entre 2009 y abril de 2012, ya que se abonaban todos los meses (con excepción de agosto). El importe que se pagaba a cada cargo coincidía con el número de días laborable de cada mes: 50 euros diarios al rector y 28 euros diarios para cada vicerrector. En los meses corrientes, los pagos sumaban un extra de 616 euros en la nómina.

"El hecho de que los importes mensuales abonados en concepto de dietas a los citados cargos durante varios años obedezca a los importes unitarios que cada cargo tiene asignado en función de los días laborables de cada mes, es prueba evidente de que no se están pagando dietas sino sobresueldos completamente ilegales", señala CCOO en su denuncia. Estos sobresueldos, "encubiertos bajo el concepto de dietas", se solapan con las verdaderas dietas que también cobraban los implicados cuando justificaban alguna comida o viaje.

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Los cargos que percibieron estas dietas son 21. Se trata de los vicerrectores Filomena Rodríguez, Fernando Galván (que la cobró luego también como rector cuando sustituyó a Zapatero), José Luis Lázaro, Michel Heykoop, Purificación Moscoso, Josefa Toro, María Luisa Marina, Nazareth Pérez, Javier Rivera, Juan Ramón Velasco, Elena López, José Vicente Saz, Leonor Margalef, José Santiago Fernández, José Antonio Gutiérrez y Carmelo García; los secretarios generales Pablo Santolaya y Miguel Rodríguez; los gerentes Luis Mediero y Rubén Garrido, y el director de la Oficina de Proyectos Fernando da Casa. No hay constancia de que Virgilio Zapatero las cobrara, ni la universidad ha aclarado si se han seguido percibiendo a partir de 2012.

Los sueldos oficiales de la cúpula de la universidad no han variado desde junio de 2010. El rector cobra unos 3.300 euros mensuales y un vicerrector, unos 2.700 euros. Cantidad a la que hay que sumar las dietas oficiales y lo que CCOO considera dieta B, que la universidad llama complemento retributivo por cargo académico.

El rector cobra 3.300€ mensuales y un vicerrector, unos 2.700€. Cantidad a la que hay que sumar las dietas oficiales y lo que CCOO considera dieta B

La denuncia de CCOO y la posterior querella presentada por el Ministerio Público motivaron la apertura de un procedimiento sobre los sobresueldos en el Juzgado número 3 de Alcalá de Henares. Ante los indicios de ilegalidad, se remitió la información a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que elaborara un informe. Según fuentes cercanas al caso, el resultado de sus averiguaciones fue demoledor. El pasado otoño, los investigadores de la policía comunicaron a la jueza Begoña López Anguita, instructora de la causa, que el cobro de las dietas de forma sistemática y sin ningún tipo de justificación podía constituir un delito de malversación de los caudales de la universidad y que la ocultación de esos ingresos a la Agencia Tributaria también implicaba un delito fiscal.

Sin embargo, tras año y medio de investigación y a pesar del informe de la UDEF, la jueza dictó un auto el pasado 17 de enero en el que negaba la existencia de malversación, al considerar que los altos cargos de la universidad no destinaron las dietas a fines privados, sino que se trataba de unas remuneraciones "a las que tenían derecho" el rector y los vicerrectores para compensar su dedicación al centro educativo. La instructora admite que las dietas nunca se justificaron, pero insiste en que no se les dio "un destino distinto ajeno al público". En su opinión, eran "un concepto incorporado a su actuación como cargos de la universidad, por ello no integraría el tipo de la malversación". Tampoco apreció que pudiera haber existido delito fiscal, ya que las dietas no declaradas nunca superaron los 120.000 euros por contribuyente y año. La conducta solo "podría tener ubicación como infracción tributaria", de carácter administrativo y no penal. Finalmente, la jueza acordó el archivo provisional de la causa.

Para la universidad, se trata de un procedimiento "antiguo" y "cerrado". Un portavoz del centro asegura a este diario que "la investigación fue notificada en diciembre de 2015 y, desde el primer momento, la universidad tomó la decisión de personarse con la condición de perjudicada, con una doble finalidad, colaborar de forma leal y transparente con la Justicia, como no podría ser de otra manera, y depurar, en su caso, responsabilidades si es que se había producido de verdad alguna actuación irregular". Este portavoz insiste en que la universidad "ha colaborado en todo momento con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos, facilitando siempre, en el plazo más breve posible, toda la información y documentación que se le ha solicitado". A su juicio, el archivo confirma que no se ha producido ninguna irregularidad.

Sin embargo, el caso no está completamente cerrado. Tras presentar a la Fiscalía la información que motivó la apertura de la causa, CCOO intentó a comienzos de año personarse como acusación popular para tratar de impulsar la investigación solicitando nuevas diligencias. En ese primer momento, la jueza se opuso a su petición al considerar que el sindicato necesitaba contar en ese trámite con la asistencia de un procurador. Finalmente, el pasado 3 de julio, la instructora dictó un auto al que ha tenido acceso El Confidencial en el que aceptaba la personación de la central de trabajadores, a pesar de que el procedimiento se encuentra archivado. Con todo, la jueza impone al sindicato la obligación de presentar previamente una fianza de 3.000 euros. CCOO debe decidir ahora si se persona o no, ya que de momento no había recibido notificación del último auto. Si reúne los fondos, pedirá que se practiquen nuevas pruebas para reactivar el caso.

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