Getafe se pone duro y pide 6 años para barrenderos por la estafa de los empastes

El Ayuntamiento de Getafe, gobernado por PSOE e IU, ha decidido ponerse duro con los trabajadores de su servicio de limpieza viaria a los que ya despidió tras descubrir que presuntamente falsearon facturas para cobrar los 600 euros que este consistorio abona para tratamientos dentales o para cambio de gafas. En su escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número 3 de Getafe, la empresa pública Limpieza y Medio Ambiente SA (Lyma) solicita cuatro años de prisión "por el delito de estafa en tipo agravado" y otros dos años "por el delito de falsedad en documento privado" para uno de los trabajadores afectados.

El ayuntamiento getafense, que dirige Sara Hernández (líder también de los socialistas madrileños), ha decidido interponer denuncias penales en cada uno de los casos. Concretamente en 24, el número de extrabajadores públicos denunciados. "Sin excepción", señala un portavoz municipal. "Tal y como dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es obligatorio denunciar un acto delictivo si se conoce". Tres de las denuncias han recaído en el juzgado número 3 de Getafe, y las 21 restantes en el juzgado número 7 del mismo municipio.

TE PUEDE INTERESAR

El juez investiga si la líder del PSOE-M pagó con dinero público el 'parking' de su asesora

David Fernández

Cada caso es una diligencia judicial distinta. El pasado 8 de junio, el juzgado pidió a la Fiscalía Provincial de Madrid y a las acusaciones personadas que formularan sus escritos de acusación en el primero de ellos, el de Luis Miguel F. G., uno de los trabajadores despedidos de Lyma, que en abril de 2015 presentó a la empresa pública una factura de 616,40 euros por varios tratamientos de "extracción simple, endodoncia molares, perno muñón multiradicular, endodoncia premolares, empaste compuesto y empaste simple". El convenio colectivo regula una prestación social de 600 euros como ayudas para el dentista y la óptica.

El ayuntamiento detectó al examinar la factura "que las letras estaban borrosas, como si de un escaneado se tratase, que el sello de la mercantil emisora de la factura parece manipulado, así como el número de CIF de la mercantil, que figura como DNI". Lo que generó suspicacias en la dirección de la empresa, que decidió incoar expediente disciplinario al trabajador y abrir una investigación interna. En ella, el empleado reconoció que no se había hecho los tratamientos bucales y que otro compañero se había ofrecido a falsear la factura a cambio de 100 euros.

Según el escrito de acusación del ayuntamiento, el trabajador, "a sabiendas de que la factura que presentaba era falsa, cobró indebidamente el importe máximo correspondiente a la prestación social [600 euros], no comunicándoselo nunca a la empresa". Lyma sancionó al trabajador con el despido disciplinario y ahora le acusa de los delitos de estafa y falsedad en documento privado y exige que devuelva el dinero. Las penas que solicita el Gobierno local son más duras que las que pide por su parte la Fiscalía, dos años y 10 meses de prisión y una multa de 12 euros diarios durante 11 meses.

La investigación interna realizada por el consistorio reveló que más trabajadores de Lyma copiaron el mismo método y pudieron falsear facturas. El equipo municipal llegó a abrir expedientes disciplinarios a 26 empleados de Lyma, de los que solo cerró dos. Los otros 24 concluyeron en el despido disciplinario y la posterior denuncia penal. "Hay que recalcar que en todos y cada uno de los 24 casos se ha probado que se han beneficiado de cobrar una cantidad de dinero por la presentación de facturas falsas a su nombre", explica un portavoz del consistorio.

TE PUEDE INTERESAR

El arquitecto de los vips incrimina al cuñado de Esperanza Aguirre en la trama de Getafe

David Fernández

A su vez, los 24 trabajadores no se quedaron con los brazos cruzados y denunciaron a la empresa pública por sus despidos. De momento, los juzgados de lo social ya han resuelto cinco casos: tres a favor del ayuntamiento y uno a favor de un exempleado de Lyma. En el quinto caso, el exoperario de limpieza retiró la demanda tras haber reconocido los hechos. La web local ElBercial.com adelantó la sentencia del juzgado de lo social número 36 de Madrid, fechada el pasado 3 de julio, que ha dado la razón de momento al único extrabajador despedido, el cual ha pedido ser readmitido en la empresa pública en lugar de percibir una indemnización finalizando su relación laboral.

El ayuntamiento ha recurrido la sentencia, que, según un portavoz municipal, "recoge de manera expresa que su factura es falsa, que el procedimiento interno estuvo bien realizado y con todas las garantías de defensa para el trabajador". La elevada petición de pena por parte del consistorio ha despertado críticas. El ex alcalde del municipio, el socialista Pedro Castro, ya ha señalado en varias ocasiones que Sara Hernández debería haber hecho honor a las siglas del PSOE (por lo de obrero) y haber buscado un acuerdo con los trabajadores denunciados en vez de despedirlos y llevarlos al juzgado. Abogados de los ex empleados creen que pedir seis años por un supuesta estafa de 600 euros es "desproporcionado e injusto" y recuerdan que Iñaki Urdangarin ha sido condenado a seis años y tres meses por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales