Ferrovial reclama 248 M a Cifuentes por una autovía (fantasma) que nunca se terminó

La autovía MP-203 puede provocar todo un roto económico al Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes. Cintra, filial de Ferrovial, acaba de reclamar 248 millones de euros al Ejecutivo autonómico como compensación por la rescisión del contrato de concesión de la carretera, actualmente en desuso porque las obras nunca finalizaron. La petición, formulada oficialmente el pasado 16 de junio, se produce seis meses después de que el Tribunal Supremo fallara a favor de la constructora. La MP-203, que iba a ser de peaje, fue adjudicada en octubre de 2005 (bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre) por 101,8 millones de euros. Por ella estaba prevista que circularan más de 2,7 millones de vehículos al año.

Ferrovial reclama una compensación que incluye el coste de lo construido, los intereses y el lucro cesante por no poder contar con una concesión de explotación que iba a durar 30 años. La empresa pensaba recuperar la inversión con el cobro de un peaje, ya que la comunidad licitó el proyecto sin poner un euro. Alcalá O'Donnell, la sociedad creada por Cintra para esta adjudicación, ganó el concurso de construcción, conservación y explotación durante esas tres décadas. La MP-203 se diseñó como alternativa de comunicación para reducir los atascos de la A-2, comunicando la zona de Alcalá de Henares con la R-3 a la altura de Mejorada del Campo. En total, 12,5 kilómetros de recorrido.

La Comunidad de Madrid tiene ahora que recepcionar la obra, cuantificar lo que está construido y valorarlo en su justa medida. Pero la cantidad que está en mente del Gobierno regional se aleja bastante del elevado montante que reclama Ferrovial. "Todavía no ha habido una reunión con Cintra para plasmar cómo se va a resolver el contrato de concesión. El mantenimiento de la estructura sigue siendo suyo hasta que no nos hagamos cargo de la infraestructura", señalan desde la Dirección General de Carreteras.

La MP-203 es hoy una carretera fantasma. No tiene la capa de rodadura ni asfalto. Hay unas vigas almacenadas sobre el suelo que la comunidad no sabe si son reutilizables. Los puestos de peaje sí están, aunque el Ejecutivo autonómico ha descartado que sea de pago cuando esté operativa. Porque a la reclamación que pide Ferrovial hay que sumar el coste de terminar la carretera. Los Presupuestos de 2017 no incluyen ninguna partida destinada a la MP-203, un proyecto que se puede ir ya a la siguiente legislatura. "Ahora estamos estimando cuánto cuesta acabarla. Lo que está claro es que hay que invertir. La conexión con la R-3 no está finalizada y falta otra conexión con la M-203 antes de llegar a la A-2. Ya tenemos un proyecto y se contratará una asistencia técnica para ver cómo lo tenemos que hacer".

La carretera lleva en el dique seco 10 años. Las obras arrancaron a finales de 2005. Sin embargo, a mediados de 2007, cuando se había construido alrededor del 80% de la infraestructura, Cintra detuvo los trabajos. ¿Por qué? La concesionaria se había lanzado a hacer la carretera sin que el Ministerio de Fomento hubiera autorizado su conexión con la R-3 y su paso por debajo del AVE Madrid-Barcelona. Esto último se solucionó, desviando el itinerario 350 metros al oeste para usar el puente de la M-206. Pero el enlace con la R-3 ha supuesto el verdadero embrión del proyecto.

Cintra se negó a suscribir un convenio con Fomento para asumir el coste de las expropiaciones de los terrenos que se necesitaban para conectar la radial (gestionada por otra concesionaria) con su autovía, la MP-203. Además, Fomento también quería que la Comunidad de Madrid pagase una compensación porque la sociedad que gestionaba la radial (Accesos a Madrid) calculó entonces que esta nueva conexión supondría una reducción del tráfico en su autopista de peaje. Ante tantos problemas, Cintra abandonó definitivamente el proyecto en 2008. "Hoy no está resuelto el tema de la conexión con la R-3, que depende de Fomento. ¿Quién se va a quedar la R-3?", se preguntan desde la Dirección General de Carreteras. Fomento tenía previsto rescatar en julio la R-3, pero la Audiencia Provincial de Madrid acaba de rechazar el proceso de liquidación aprobado por un juzgado de lo mercantil.

Con estos antecedentes, Cintra solicitó el 31 de octubre de 2012 la resolución del contrato, pero la Comunidad de Madrid lo desestimó por silencio administrativo. Por su parte, el 6 de agosto de 2013 la Consejería de Transportes impuso a la empresa penalizaciones por incumplimiento contractual, acogiéndose a la cláusula 28.1.6. del pliego de concesión, que, a su entender, obligaba a Cintra a gestionar las licencias y autorizaciones necesarias, incluida la de Fomento, ya que la cláusula 27.1.4. establecía que la empresa debía correr con los costes de adquisición de terrenos. De no asumir estos costes, "se produciría un enriquecimiento ilícito de la concesionaria". El asunto llegó a los tribunales.

En febrero de 2015, el TSJM dictaminó que existían causas para resolver el contrato y anuló la orden de penalizaciones de la consejería. Tras el recurso de casación del Ejecutivo autonómico, el Tribunal Supremo volvió a dar la razón a Ferrovial en diciembre de 2016. El fallo implicaba la resolución del contrato. Ahora Ferrovial ha determinado la cantidad por la que debe ser compensada, que deberá negociar con el Ejecutivo de Cifuentes y que puede suponer un nuevo roto para las arcas de la comunidad, que ya está inmersa en otros litigios heredados de anteriores etapas. "Tenemos que sentarnos a una mesa de trabajo conjunta con Cintra para resolver el tema", sentencian desde la Comunidad de Madrid.