El ayuntamiento pondrá a Rita Maestre en el consejo del Canal para dar la batalla política

El ayuntamiento de la capital, que gobierna Ahora Madrid, quiere cambiar a su representante en el consejo de administración del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región. El consistorio tiene un 10% de las acciones y está representado hasta la fecha por José Antonio Díaz Lázaro, coordinador de Medio Ambiente del Gobierno local. Un perfil técnico, ya que Díaz Lázaro es ingeniero industrial, especializado en trabajos del ciclo del agua, y excomisario de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El Gobierno local estudia tener un perfil mucho más político en el consejo y ha decidido que Rita Maestre, portavoz municipal, sea la que sustituya a Díaz Lázaro y ocupe el sillón reservado a la ciudad de Madrid.

Según ha podido saber El Confidencial, el ayuntamiento ya ha comunicado (no oficialmente) a la dirección del Canal que se producirá este cambio. La junta general de accionistas del Canal, donde están representados 111 de los 179 municipios que hay en la Comunidad de Madrid, aprobó este miércoles las cuentas de 2016. El consistorio votó en contra. Rita Maestre justificó el voto negativo de la ciudad de Madrid alegando que las cuentas "no son garantistas", ya que hay un proceso judicial en marcha del que "pueden derivarse transformaciones, perjuicios no reconocidos u otro tipo de problemas".

Aunque Maestre sí votó a favor del reparto de dividendos vinculados a esas cuentas, 32 millones entre todos los accionistas. El equipo que dirige Manuela Carmena quiere dar la batalla política en el Canal, uno de los epicentros de la operación Lezo que instruye la Audiencia Nacional. Mientras que la junta aprobaba las cuentas de 2016, representantes de Podemos y Ahora Madrid asistían a una concentración convocada a las puertas de la sede principal, en la calle Santa Engracia.

El Ayuntamiento de Madrid solo tiene el 10% de las acciones (los otros 110 municipios suman un 8%), aunque lidera la mayoría de la minoría, lo que se conoce como la Red de Municipios del Cambio (Madrid, Alpedrete, Ciempozuelos, Torrelodones, Rivas, San Fernando y Pinto). De los nueve consejeros, cinco dependen directamente del Gobierno regional, que ostenta el 82,4% de las acciones.

El ayuntamiento solo tiene a un consejero, lo que limitará la capacidad de movimiento del equipo de Carmena en el plan estratégico que la dirección del Canal ya diseña y que la compañía quiere poner en marcha en 2018 y que durará hasta 2022, un plan que incluye, como ya publicó El Confidencial, la venta de todas las filiales que el Canal aún mantiene operativas en Sudamérica. No solo eso. La empresa pública también estudia desprenderse de otras sociedades que tiene en España (fuera de Madrid). Otro eje de este plan es aumentar las inversiones en I+D+i.

El Canal ultima un plan estratégico hasta 2022 que incluye la venta de las filiales suramericanas

El consistorio, por su parte, ya ha pedido a la Audiencia Nacional personarse como acusación particular en el caso Lezo, y Ahora Madrid ha decidido impulsar una comisión de investigación municipal que revise la legalidad de los convenios suscritos por el anterior Gobierno local, del PP, con el Canal de Isabel II. Comisión que ha apoyado PSOE y Ciudadanos.

Un portavoz del ayuntamiento aseguró a este diario que "todavía no hay una decisión tomada" en cuanto a cambios en el consejo del Canal. La intención de Rita Maestre, según otras fuentes municipales, es seguir apoyándose en la experiencia de Díaz Lázaro. El ayuntamiento de la capital trabajará dentro del consejo por "una revisión amplia de los estatutos respecto a la participación accionarial, que se elimine el enfoque privatizador en el nuevo modelo de futuro, y la exigencia de una mayor transparencia e información".

El ayuntamiento sí tendrá un papel relevante en los cambios que vivirá el campo de golf que el Canal tiene en Chamberí. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ordenó la suspensión de las actividades y el desmantelamiento de las instalaciones. El Canal quiere salvar las pistas de pádel y el campo de fútbol, y gracias a la ayuda del consistorio ha abierto un proceso participativo para que los vecinos decidan qué quieren en su lugar, "siempre que los condicionantes técnicos y económicos lo permitan". Los trabajos de demolición costarán 3,8 millones, se harán en dos fases y el distrito de Chamberí aún tendrá que esperar dos años para ver ya los cambios definitivos en este complejo.

Nuevos accionistas

El plan estratégico 2018-2022 también prevé que el Canal sume nuevos accionistas en aquellos ayuntamientos de Madrid que aún no lo son. El presidente del Canal, el consejero Ángel Garrido, señaló este miércoles que cuanta más presencia municipal haya en el entramado accionarial del Canal, mayor control habrá sobre la gestión del ente público. De hecho, municipios como Brunete y Leganés ya han solicitado entrar en el accionariado.

El proceso más viable, según palabras del director general, Rafael Prieto, es la dilución de un 2,4% de la participación de la Comunidad de Madrid (que tiene el 82,4%) en favor de los municipios. Así llegarían a un 10% de participación, la misma que ostenta el Ayuntamiento de Madrid. Otra posibilidad es una ampliación de capital. El Canal quiere convencer a los pequeños municipios de la sierra norte para que también se sumen al accionariado.

El consejo está formado por Ángel Garrido (consejero de Presidencia), Engracia Hidalgo (consejera de Economía, Empleo y Hacienda), Rafael Prieto (el director general, que lleva el día a día de la compañía), Jaime González Taboada (consejero de Medio Ambiente), Pedro Rollán (consejero de Transportes), José Antonio Díaz Lázaro (en representación del Ayuntamiento de Madrid), Guillermo Hita (alcalde socialista de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios), Jacobo Martínez Pérez de Espinosa (consejero independiente), José Conesa (alcalde de Becerril de la Sierra), Raúl Canosa (consejero independiente) y Manuel Beltrán (secretario no consejero).

El currículo del representante municipal, José Antonio Díaz Lázaro, está muy vinculado al sector del agua. Ingeniero industrial, tiene diversos estudios superiores sobre agua y medioambiente. Con una dilatada experiencia profesional, ha sido técnico superior de la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, asesor ejecutivo en la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y del Medio Ambiente, jefe de área de Calidad de las Aguas y, posteriormente, comisario de la Confederación Hidrográfica del Tajo.