La guerra judicial que hereda Cifuentes: 2.109 millones de la era Aguirre y González

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para este 2017 ascienden a 18.500 millones de euros. Pero, si se saca la calculadora, el 11% de este montante está comprometido en litigios judiciales que pueden hacer un enorme socavón a las arcas públicas de la región. El tren fallido a Navalcarnero, la Ciudad de la Justicia, los terrenos del parque de la Warner, la reclamación que hace la empresa Gallina Blanca en Arganda del Rey, los créditos de Madrid Network o las deudas del Plan de Universidades son solo algunos ejemplos de la guerra judicial que ha heredado el Gobierno regional de Cristina Cifuentes de sus antecesores en el cargo.

El descalabro puede llegar a los 2.109 millones de euros. Más de la mitad están comprometidos en la Ciudad de la Justicia, el proyecto ideado por el expresidente Ignacio González para suceder a otro proyecto similar, también fallido, el Campus de la Justicia, diseñado por Esperanza Aguirre para aglutinar en un solo complejo todas las sedes judiciales de Madrid. En el Campus, por ejemplo, se gastaron 140 millones de euros para construir un solo edificio y unos túneles hoy en desuso. En la Ciudad el futuro económico no es nada halagüeño, ya que lo que está en juego son 1.356 millones de euros.

La Comunidad de Madrid sacó a concurso la Ciudad de la Justicia en febrero de 2015, con González de presidente. El 15 de junio de ese año se adjudicó a la oferta más ventajosa, la UTE formada entre OHL y Acciona. Pero para que se formalizase el contrato era necesario que el Gobierno regional lo ratificase. Y este, que cambió tras las elecciones de mayo, no lo hizo. Cristina Cifuentes llegó al poder y suspendió la tramitación del expediente de contratación el 10 de julio. ¿Por qué? Entre otras razones porque no creía en el proyecto, demasiado caro, y porque ya estaban en los juzgados tres demandas, todavía hoy sin resolver, que reclaman a la Administración regional 9,1 millones por contratos adjudicados del proyecto anterior, Campus, que luego fueron desestimados.

Acciona y OHL no se quedaron con los brazos cruzados. El contrato es muy goloso, ya que la Comunidad se comprometió a pagarles 45,2 millones al año durante 30 años. Por eso las empresas acudieron en diciembre de 2015 al Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP), que enero de 2016 les dio la razón y declaró nula la orden del Ejecutivo que paralizó el expediente de contratación. El asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que el Gobierno regional recurrió la decisión del TACP. El 6 de febrero de este año el TSJM acordó la paralización del expediente, como reclamaba el Ejecutivo de Cifuentes, ya que "la Comunidad de Madrid podría sufrir graves perjuicios económicos".

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Las empresas licitadoras han vuelto a recurrir la decisión del TSJM y la Ciudad de la Justicia puede llegar al Tribunal Supremo. El proyecto ya está en la Audiencia Nacional. El juez Eloy Velasco investiga dentro de una de las piezas del caso Púnica si contratos de publicidad vinculados al complejo judicial fueron utilizados para desviar fondos públicos que ayudaran a la financiación irregular del PP de Madrid.

El segundo frente abierto también atañe a OHL. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid acaba de acordar la liquidación de la empresa Cemonasa, 100% propiedad de OHL, la concesionaria que se llevó el contrato del tren de Cercanías a Navalcarnero, otro proyecto fallido de la era Aguirre. La decisión judicial, adoptada el pasado 15 de marzo, implica la resolución automática de este contrato y abre la puerta para que OHL reclame todo lo invertido hasta la fecha en la infraestructura, más una indemnización por daños y perjuicios. La constructora del Grupo Villar Mir reclamará al Ejecutivo de Cristina Cifuentes 370 millones de euros.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, como ya adelantó este diario, también va a reclamar "una cantidad millonaria" a OHL por incumplimiento de contrato, cantidad que rondará los 300 millones de euros. De momento el Gobierno de Cifuentes ha ganado la primera batalla en esta guerra judicial, y la Consejería de Hacienda ya ejecutó el aval de 16 millones de euros que había depositado OHL tras ganar el contrato. El TSJM ya había denegado a OHL la devolución de esta fianza, pero de momento no está claro quién perderá la 'guerra' abierta en los tribunales, que si finalmente dan la razón a la constructora puede conllevar un quebranto de 370 millones por unas obras que nunca se ejecutarán.

Para añadir más leña al fuego, la Audiencia Nacional también investiga esta obra dentro del marco de la operación Lezo. Los investigadores tienen la sospecha de que el expresidente Ignacio González (en prisión por este caso) pudo cobrar una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación de esta infraestructura a OHL.

Los terrenos de Gallina Blanca

La mala gestión del suelo público de Gobiernos anteriores también está suponiendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Cifuentes y supone otra herencia envenenada. La Comunidad ha contratado al prestigioso bufete Garrigues para que la asesore en la defensa jurídica tras la demanda que ha presentado la empresa Airina SL, propiedad de la sociedad Agrolimen, que comercializa las famosas sopas Gallina Blanca. Airina reclama desde mayo de 2016 una indemnización de 62.916.000 euros, a los que hay que sumar 9.631.319 euros de intereses, por el fallido pelotazo en los terrenos que esta compañía tenía en Arganda del Rey y que vendió a la empresa pública Nueva Arpegio.

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Este asunto se está litigando, pero Nuevo Arpegio ya tuvo que pagar el año pasado 34 millones de euros a Parque Temático de Madrid, la sociedad que gestionaba el parque Warner y que pertenece en un 95% a Inversiones Frieira, firma del 'holding' Inveravante, propiedad de Manuel Jove. A Cifuentes no le ha quedado más remedio. Dos sentencias judiciales obligaron a Nuevo Arpegio y al Ayuntamiento de San Martín de la Vega (del PSOE) a compensar a la sociedad de Jove con 34 y 5,5 millones respectivamente porque nunca se desarrolló un convenio urbanístico en los terrenos aledaños al Parque Temático. El complejo fue uno de los proyectos estrella de Alberto Ruiz-Gallardón.

La gestión universitaria de Esperanza Aguirre también ha supuesto un duro golpe a las arcas públicas. La Consejería de Educación ya ha transferido a seis universidades madrileñas 259,6 millones de euros en concepto de sentencias firmes del Tribunal Supremo que la Comunidad adeuda por los planes de financiación del periodo comprendido entre 2006 y 2010 y el plan de inversiones entre 2007 y 2011. Y es que el Gobierno de Aguirre se comprometió a abonar a cada campus un presupuesto destinado a gasto corriente e infraestructuras entre esos años, un total de 585 millones en cinco años para rehabilitación, seguridad, accesibilidad y gestión, y otros 55 millones variables también para obras. Pero llegó la crisis y el acuerdo se comenzó a incumplir en 2008. Las universidades acudieron a los tribunales y ganaron en 2015. Cifuentes ha tenido que ejecutar ahora el pago.

Otro capítulo de la herencia envenenada salpica a la polémica asociación Madrid Network (MN), un ente privado sin ánimo de lucro que tiene a la Comunidad entre sus asociados y que ha estado financiando con dinero público proyectos fallidos de empresas relacionadas con ex altos cargos de la Administración regional. Préstamos que en algunos casos han resultado fallidos y que el Gobierno regional está ahora litigando para recuperar. Se trata de los créditos concedidos a 16 empresas, que han sido resueltos unilateralmente y que están en los tribunales para intentar reembolsar 17,3 millones de euros.

La cuenta se puede ampliar con la carretera MP-203, una autovía de 12 kilómetros inacabada y en desuso. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la constructora de la obra, Ferrovial, y ha obligado a rescindir el contrato de concesión que firmó con el Gobierno de Aguirre en el año 2005 y que iba a durar 30 años. Ferrovial exigirá ahora una compensación por el trabajo ya realizado y porque no se cumplieron las condiciones exigidas para terminar una carretera que estaba destinada a unir la A-2 y la R-3. La empresa debe negociar con el Ejecutivo autonómico el montante económico de esa rescisión, que puede rondar los 70 millones de euros.