CASO OPEN DE TENIS

El PSOE salvará a Mato y Mayer de su reprobación por el pleno del Ayuntamiento

La opción de los socialistas pasa por hacer propuestas “constructivas”, sin caer en operaciones de 'marketing' con las que asocian estas iniciativas de reprobación

Foto: La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (d), y la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, durante una rueda de prensa. (EFE)
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (d), y la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, durante una rueda de prensa. (EFE)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid todavía no ha tomado una decisión respecto a las dos iniciativas, una de PP y otra de Ciudadanos, que se llevarán al pleno municipal del próximo miércoles para reprobar a los ediles imputados por el caso Open de Tenis, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, pero su voto a favor de estos puntos del orden del día está prácticamente descartado. Su opción pasa por hacer propuestas “constructivas”, sin caer en operaciones de 'marketing' con el que asocian estas iniciativas de reprobación, según señalan fuentes del grupo socialista.

En esta línea, el PSOE busca pactar con el Gobierno de Manuela Carmena las medidas y cambios necesarios para que este tipo de situaciones, contrataciones “a dedo” que es este caso se corresponden a la externalización a un despacho de abogados de los informes que dieron pie a la denuncia del caso Open de Tenis ante la Fiscalía Anticorrupción, no vuelvan a repetirse. La líder de los socialistas, Purificación Causapié, mantendrá conversaciones durante estos días con la alcaldesa Manuela Carmena para buscar una salida pactada, por lo que prefieren reservar el sentido de su voto hasta las horas previas al pleno del Ayuntamiento de Madrid. Si fracasan en su intento de ir al fondo de la cuestión y “corregirlo”, no descartan votar a favor de la reprobación o abstenerse. La abstención sería suficiente para dejar al Gobierno en minoría.

El pasado mes de marzo ya votaron junto a los ediles de Ahora Madrid en contra de la reprobación a Celia Mayer planteada por los populares, cuando estaba al frente del área de Cultura, por su gestión en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Fuentes cercanas al grupo popular muestran su desconfianza respecto al hecho de que la tibieza del PSOE se deba a que es su última oportunidad para entrar en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, una puerta que siempre estuvo abierta pero que se quedó en punto muerto debido a su dilatado proceso congresual.

La posición oficial pasa por exigir a Carmena que “reflexione sobre si quiere seguir acompañada de personas que han mostrado una gran deslealtad”. Causapié, sin dejar de señalar la “gravedad” de la situación, añadía que “hemos votado a Manuela Carmena como alcaldesa, pero no compartimos la actuación del Gobierno en este caso”.

Si fracasan en su intento de ir al fondo de la cuestión y “corregirlo”, no descartan votar a favor de la reprobación u optar por la abstención

La alcaldesa, que se reincorporó el pasado viernes a su actividad municipal tras vivir esta crisis de Gobierno desde Canadá, en donde asistió al XII Congreso Mundial de Metrópolis, mantuvo a su llegada la línea oficial tomada por el resto de su Gobierno. Aseguró “sin duda” su apoyo a los ediles investigados por presunta malversación de fondos públicos en la externalización de dos informes por valor de 50.000 euros y negó que se trate de imputaciones. “Hay mucha confusión. Estas personas no tienen imputación ninguna. Como no hay imputación, ¿cómo va a tener que dimitir si no hay nada contra ellos?”, aseguraba matizando que "en modo alguno el juzgado ha hecho ninguna imputación, sino que van a ser oídos como querellados”.

Desde Ciudadanos, su portavoz municipal, Begoña Villacís, ya se mostraba el pasado miércoles escéptica respecto al hecho de Manuela Carmena cesase a los dos ediles llamados a declarar, y recalcaba la contradicción que suponía haber calificado su actuación de “error”, destituyendo por ello a ambos ediles del consejo de administración de Madrid Destino, y mantenerlos al frente de sus cargos. "Su corrupción huele igual que el resto de las corrupciones. Malversación es malversación, lo haga Podemos o el Partido Popular", criticaba la portavoz en el Ayuntamiento de la formación liberal en una entrevista radiofónica.

Fotografías de archivo de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. (EFE)
Fotografías de archivo de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. (EFE)

Además de la reprobación a los dos ediles, la iniciativa de Ciudadanos que defenderá la concejal Sofía Miranda defiende que se cree una comisión no permanente de investigación, cuyo objeto será “el análisis de las actuaciones seguidas y la contratación realizada desde Madrid Destino con ocasión de la presentación de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por su presidenta, vicepresidente y consejera delegada”.

La proposición del PP, que se discutirá con posterioridad a la de la formación naranja, será defendida por el concejal y portavoz del grupo, José Luis Martínez-Almeida, e instará a que Mayer y Mato dimitan de todas sus responsabilidades públicas. Asimismo, insta a la alcaldesa a que, “en el caso de que no dimitan, les cese de todas sus responsabilidades en el gobierno municipal, organismos autónomos y empresas públicas”.

Estrategia de defensa

Sánchez Mato y Celia Mayer han dirigido un escrito a los juzgados solicitando comparecer con la mayor premura posible (la citación según el escrito del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid está prevista para el próximo 18 de septiembre). La estrategia de defensa a la que ha tenido acceso este diario se centra en que los resultados del primer informe (encargado a Afisa) no concuerdan con los pronunciamientos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento ni con las respuestas a los requerimientos de información y documentación que desde Madrid Destino hacen a MTP, la empresa organizadora del torneo de tenis.

Al tener sobre la mesa dos opiniones no coincidentes, y ante la necesidad de decidir si realizar el pago de la factura por importe de 500.000 dólares, se piden los dictámenes expecíficos al Lex Iusta Advactus y a Alemany, Escalona y De Fuentes. En el último de los informes emitidos por la asesoría jurídica del Ayuntamiento, el 19 de enero de 2017, y ante el cuestionamiento del incremento y multiplicación del precio, responde que se trata de cuestiones económicas que no procede valorar a la asesoría jurídica. Sin embargo, “dichas cuestiones, calificadas como 'económicas' por la asesoría jurídica, son elementos que necesariamente han de analizarse para concluir si existen o no indicios de delito”, según añade el argumentario.

“No hay dos contratos, sino una única hoja de encargo de servicios profesionales y dos dictámenes, uno instrumental respecto al principal"

Por lo tanto, y además de la existencia de opiniones diversas, “las competencias de la propia asesoría jurídica no se extiende a circunstancias de naturaleza económica, que son precisamente las que se solicita que se valoren en los dictámenes para determinar la posible existencia de delito”. Por otra parte, la hoja de encargo de servicios profesionales “es una, no dos, y en ella se especifica que se requiere un dictamen penal respecto de los contratos vigentes firmados por Madrid Destino con MTP”.

Para emitir dicho dictamen jurídico penal era necesario, al tiempo, “depurar todas las circunstancias fácticas y jurídicas, desde diferentes perspectivas del derecho, y eso no lo podía hacer el despacho penal: la maraña de relaciones entre el sector público municipal y MTP requería de especialistas en desentrañar la naturaleza jurídica y la realidad de dichas relaciones; el despacho penalista evaluó si dicha situación podía o no ser delictiva”. La conclusión es, por tanto, que “no hay dos contratos, sino una única hoja de encargo de servicios profesionales y dos dictámenes, uno instrumental respecto al principal [penal]”.

El fraccionamiento, según añade el argumentario de la defensa, es un concepto que se refiere a los procedimientos de licitación pública y supone la formalización de contratos más reducidos en precio para evitar la posible publicidad y concurrencia. Al no ser lo requerido por Madrid Destino a los abogados un servicio, sino un encargo profesional, y no tener que licitarse, no cabe hablar de fraccionamiento. Además, sostienen que el arrendamiento de servicios es la forma habitual de relación contractual entre el abogado y quien requiere de sus servicios profesionales. Como ejemplo citan que el Ayuntamiento también contrató directamente a Rodríguez Ramos para el caso Madrid Arena, a través de un contrato menor, y la Fiscalía entendió que no hubo ningún delito, lo cual también ha ocurrido con la Comunidad de Madrid.

Madrid

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