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El ente que avala a pymes planea despidos: está "sobredimensionada" con 77 empleados

Tras encargar un estudio externo, Avalmadrid, la empresa semipública, cree necesaria una reestructuración "que lógicamente afectará a la plantilla" para cumplir ciertos objetivos

Foto: Un acto de financiación a empresas madrileñas en la Comunidad de Madrid en 2013.
Un acto de financiación a empresas madrileñas en la Comunidad de Madrid en 2013.

Avalmadrid, la empresa semipública sin ánimo de lucro que ayuda a pymes y autónomos madrileños a obtener financiación, prepara un "plan de redimensión de la plantilla", que actualmente cuenta con 77 trabajadores. El consejo de administración de esta sociedad de garantía recíproca, en el que está la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid, la patronal madrileña CEIM y cuatro entidades financieras (Bankia, Santander, Caixabank y Banco Popular), aprobó por unanimidad esta decisión hace un par de semanas. Un portavoz de Avalmadrid no quiere hablar de cifras, ya que no es el momento. "Lo normal es que este plan conlleve una reducción de la plantilla". Otras fuentes del consejo hablan de una reducción del 20%. "En la reunión del consejo no se habló de porcentajes", recalca el portavoz.

En 2015, la entidad avaló a 1.227 sociedades con una financiación de 95 millones de euros. En 2016, la cifra de financiación se formalizó en los 87,5 millones, pero subió el número de emprendedores avalados, 1.696. El consejo está presidido por Rosario Rey García, que compatibiliza el cargo con el de directora general de Economía y del Gobierno regional, que tiene poco más del 27% de las acciones. La CEIM tiene el 37% a través de los socios partícipes o protectores, las entidades financieras un 31% y la Cámara de Comercio un 5%. Avalmadrid está sujeta a la supervisión del Banco de España.

Entre 2013 y 2016, ha sufrido un descenso continuado de la cifra de negocio y de los ingresos, consecuencia del descenso de la actividad

El consejo ha tomado esta decisión después de encargar un informe a una consultoría externa que ha analizado la situación de Avalmadrid y ha puesto sobre la mesa los ejes de acción para cumplir con los objetivos que se había propuesto la sociedad después de que en abril del año pasado se decidiera prescindir de su anterior director general, Juan Luis Fernández-Rubíes. Avalmadrid, según su portavoz, quiere seguir un "plan de transformación" con cinco pilares: mayor dedicación al cliente, a los socios partícipes, "ya que las sociedades de garantía recíproca no tienen clientes, sino socios"; buscar más cercanía y eficiencia; corregir el desequilibrio que hay entre la parte comercial y la operativa; el desarrollo de procesos digitales; e incrementar los fondos propios para poder tener más avales.

No hay que olvidar que Avalmadrid garantiza con su propio patrimonio los avales que concede, lo que se llama coeficiente de solvencia, que en este caso es del 18%. El plan es ambicioso y la situación de la sociedad, según la consultora externa, no es la más óptimo. Entre 2013 y 2016, Avalmadrid ha sufrido un descenso continuado de la cifra de negocio y de los ingresos, consecuencia del descenso de la actividad. "Existe un dimensionamiento excesivo en comparación con otras sociedades del mismo nivel". En total hay 19 en España.

Trabajadores de Avalmadrid.
Trabajadores de Avalmadrid.

El consejo decidió implementar unos "procesos de mejora y transformación" tras analizar la información, y eso incluye a la plantilla. "Buscamos eficiencia, productividad, cercanía, dar mayor capacidad de respuesta a los socios. Y eso incluye una reorganización y un dimensionamiento, una reestructuración. Lógicamente afectará a la plantilla. Lo normal es que haya una reducción, pero esto no se ha abordado en este consejo. Cuando se ponga en marcha, se hará con sensibilidad y profesionalidad", explican fuentes oficiales de Avalmadrid. En resumen, "hay que adecuar la organización".

Avalmadrid también ha impulsado ciertas novedades, promovidas por el Gobierno regional, que han concretado en la aprobación de un código ético para evitar conflictos de intereses y en una serie de incompatibilidades que impiden que no puedan suscribir operaciones con la sociedad ni los miembros de sus órganos de gobierno ni tampoco los altos cargos de la Administración pública.

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