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La UCO investiga si Isolux pagó mordidas en Leganés y el alcalde 'blinda' a su mujer
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La UCO investiga si Isolux pagó mordidas en Leganés y el alcalde 'blinda' a su mujer

Ediles de la oposición pidieron la comparecencia este viernes de la esposa del regidor, cargo de la empresa pública Emsule. Esta sociedad aparece en un listado de presuntos pagos de la constructora

Foto: El alcalde de Leganés (con americana rosa) con el edil de IU que le apoya en el Gobierno.
El alcalde de Leganés (con americana rosa) con el edil de IU que le apoya en el Gobierno.

El consejo de administración de Emsule, empresa pública de Leganés, ha rechazado que la mujer del alcalde comparezca este viernes en la junta general de accionistas para que explique todo lo que sepa sobre la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reclamado a este ayuntamiento madrileño en relación con un caso que se inició a 640 kilómetros de distancia, en Barcelona, donde se investiga si la constructora Corsán (hoy Isolux-Corsán, en concurso de acreedores) pagó sobornos para llevarse las obras del AVE en la estación de La Sagrera. Un caso complejo que tiene varias variantes en distintos juzgados y que ha salpicado de refilón a esta sociedad pública de Leganés, que se dedica a la promoción de viviendas protegidas, aparcamientos y gestión de servicios públicos.

La mujer del alcalde, el socialista Santiago Llorente, es la jefa de administración de Emsule, según un portavoz municipal, aunque en este acta el regidor la cita como directora financiera. Los seis ediles de ULEG (partido independiente), el edil de Ciudadanos y varios concejales no adscritos (que fueron expulsados de Leganemos) habían solicitado al consejo de administración de la empresa pública la comparecencia este viernes de Sonia Martín, pero la petición se rechazó después de que los miembros del consejo presentes se abstuvieran en una votación. ULEG y Ciudadanos aseguran que esto es una interpretación errónea de la ley que rige las sociedades mercantiles, "ya que la simple petición de los accionistas sirve para su inclusión en el orden del día. No hay que votar nada". Los 27 ediles que conforman el pleno municipal de Leganés son accionistas de Emsule, aunque solo 11 forman parte del consejo de administración.

"Desde hace meses estamos reclamando la comparecencia de la directora financiera ante la junta general de accionistas, pero el alcalde, que también es presidente del consejo de administración de Emsule, está haciendo todo lo imaginable para torpedear las explicaciones de su mujer", señala Carlos Delgado, portavoz de ULEG. En Leganés gobierna en minoría el PSOE con el apoyo de IU. En la oposición están ULEG, PP, Leganemos y Ciudadanos. Hay cinco ediles no adscritos (uno que antes era de Ciudadanos y cuatro que fueron expulsados de Leganemos). Un portavoz municipal señala que se rechazó la comparecencia de Sonia Martín después de que todos los miembros del consejo que votaron se abstuvieran. "Ella no tiene poder de decisión en Emsule y su labor es meramente administrativa", explican desde el ayuntamiento. Una triquiñuela, según ULEG, "ya que el día de la votación no estaba ninguno de lo consejeros que precisamente como accionistas habían pedido su comparecencia". Los ediles de ULEG no están en el consejo porque dimitieron.

Según fuentes consultadas por El Confidencial, la UCO investiga qué contratos ganó la constructora en Leganés, después de que los agentes encontraran en los registros que hicieron en las oficinas de Corsán un listado con nombres y cifras que podrían reflejar el pago de mordidas a empresas públicas a cambio de adjudicaciones. Uno de los nombres que aparecían, junto a cifras de 500, 400 y 300 (pero sin símbolo al lado), era la sociedad pública de Leganés. El caso se destapó en mayo de 2014, en una operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto amaño de las obras de la estación del AVE en La Sagrera (Barcelona). Hubo una decena de detenidos y registros en las sedes de Adif (en Barcelona y Madrid) y en las oficinas de la constructora.

En un principio, la investigación cayó en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, donde el fraude investigado ronda los 115 millones de euros. Pero Adif encargó además dos auditorías que destaparon más irregularidades. Anticorrupción interpuso en mayo de 2016 otra querella que recayó en el juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, que ordenó 14 detenciones más. Lo que hizo la Fiscalía, según fuentes consultadas por este diario, fue remitir los indicios aparecidos sobre los presuntos pagos de mordidas por parte de Isolux a otras empresas públicas a los juzgados territorialmente competentes, por no tener conexión directa con los hechos del AVE a Barcelona. Desde el ayuntamiento, señalan que la Guardia Civil ha requerido "información", pero aseguran que no preguntó "ni por contratos ni por empresas concretas". Isolux-Corsán construyó 180 viviendas en la parcela 18 del PP5 gestionado por Emsule cuando el PP gobernaba en Leganés (2011-2015). Sonia Martín trabaja en Emsule desde 1994.

ULEG, Ciudadanos y los ediles no adscritos solicitaron la comparecencia de la directiva de Emsule después de que el propio gerente de la empresa pública, José Enrique Serrano, les "confirmara en una conversación extraoficial que se produjo el 21 de febrero de este año que Emsule estaba siendo investigada por la Guardia Civil", señala Delgado. "Serrano había sido conocedor de tal investigación porque el alcalde, Santiago Llorente, le había llamado al despacho y le había mostrado un documento oficial de la Guardia Civil donde requería determinada documentación". ULEG también ha puesto el relato de estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

El consejo de administración de Emsule, empresa pública de Leganés, ha rechazado que la mujer del alcalde comparezca este viernes en la junta general de accionistas para que explique todo lo que sepa sobre la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reclamado a este ayuntamiento madrileño en relación con un caso que se inició a 640 kilómetros de distancia, en Barcelona, donde se investiga si la constructora Corsán (hoy Isolux-Corsán, en concurso de acreedores) pagó sobornos para llevarse las obras del AVE en la estación de La Sagrera. Un caso complejo que tiene varias variantes en distintos juzgados y que ha salpicado de refilón a esta sociedad pública de Leganés, que se dedica a la promoción de viviendas protegidas, aparcamientos y gestión de servicios públicos.

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