comidas "no amparadas legalmente"

Ramón y Cajal: el hospital que pagó 705.000 euros en comidas ilegales al 'rey del rancho'

La Intervención General de la Comunidad de Madrid revela que el 81% de los contratos que el centro licitó en 2014 fueron menores, es decir, adjudicados a dedo. Y que acepta pagos en especie

Foto: El Ramón y Cajal.
El Ramón y Cajal.

El hospital Ramón y Cajal, uno de los grandes centros de referencia de la Comunidad de Madrid (atiende al 9% de la población de la región), "abusa" de los contratos a dedo. Con un presupuesto anual que supera los 340 millones de euros, el 81% de las licitaciones se tramita sin pasar por un concurso público. Es una de las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que el año pasado terminó los informes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. A esto hay que sumar las abultadas facturas que las dos empresas que han gestionado la cafetería del hospital han remitido al centro: 705.000 euros en comidas "no amparadas legalmente", entre ellas las que ha disfrutado la gerencia. Sin olvidar ciertos "pagos en especie" que la dirección del hospital ha aceptado por parte de determinadas adjudicatarias que, según la intervención, incumplen la ley tributaria y la de contratos del sector público.

El propio director gerente del hospital, Juan José Equiza, reconoció antes de Semana Santa en su comparecencia en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid que "se ha abusado del contrato menor", aunque señaló que el objetivo es ir reduciendo este tipo de licitaciones poco a poco. El análisis de la Intervención General es claro. En 2011, solo el 30% de los contratos que adjudicaba el hospital eran menores, es decir, se daban a dedo sin ningún tipo de concurso público. El porcentaje subió al 38% en 2012, volvió a crecer al 60% en 2013, y se disparó al 81% en 2014. Ese año, el último analizado, el Ramón y Cajal adjudicó 113 millones de euros a dedo, sin ningún tipo de concurrencia ni publicidad.

No hay datos de 2015 y 2016, a la espera de que sean analizados por la Intervención. El gerente solo mencionó en su comparecencia que, en lo que llevamos de 2017, el Ramón y Cajal ha reducido un 5% los contratos menores, entre acusaciones de la oposición, sobre todo de Podemos y PSOE, de realizar una gestión "muy opaca" y de que el objetivo de la dirección, fraccionando contratos para convertirlos en menores (por debajo de 50.000 euros para obras y de 18.000 euros para servicios), es el "favoritismo a ciertas empresas". La Intervención General señala que "la clara prominencia del contrato menor frente al procedimiento abierto supone una contratación administrativa contraria al principio de libertad de acceso de los licitadores, publicidad y transparencia".

Los informes acaban de llegar a la Asamblea, después de que Podemos haya tenido que solicitar amparo a la Mesa tras ocho meses esperándolos

Los informes acaban de llegar a la Asamblea, después de que Podemos haya tenido que solicitar amparo a la Mesa de la Cámara madrileña tras ocho meses esperándolos. "Estos informes demuestran que en nuestros hospitales reinan la mala gestión, el despilfarro y la falta de control. Mientras se recorta en profesionales y se culpa a pacientes, estamos demostrando que lo que realmente hace insostenible al sistema sanitario es la incompetencia de gobiernos que administran lo público con deslealtad", señala Mónica García, diputada de Podemos.

En este apartado, la Intervención ha detectado un sinfín de irregularidades: contratos menores por valor de 2,5 millones de euros en los que no se ha aprobado el gasto previamente, "incumpliendo el artículo 111 de la Ley de Contratos del Sector Público". También fraccionamientos que incumplen la ley en contratos "que teniendo el mismo objeto se han adjudicado al mismo proveedor a lo largo del año". Dentro de ese fraccionamiento irregular, la intervención menciona a 12 proveedores de material de laboratorio, 24 de material de quirófano y curas, 10 de prótesis e implantes y 13 de productos farmacéuticos.

Protestas del personal sanitario del Hospital Ramón y Cajal en una imagen de archivo. (EFE)
Protestas del personal sanitario del Hospital Ramón y Cajal en una imagen de archivo. (EFE)

El informe también señala que el hospital abusa sobre todo de los contratos menores en las obras de reparación y conservación. Un 99,5% de las licitaciones se hace a dedo, "lo que supone una contratación de poca transparencia y por lo tanto poca concurrencia, siendo necesario analizar los motivos de la misma". La Intervención finaliza con dureza su informe: "Debe actuarse decididamente contra una práctica que además del incumplimiento legal supone una actuación antieconómica, sin que se haya podido estimar el coste que para el erario público puedan suponer estas prácticas restrictivas de la competencia". Y es que las anomalías detectadas son varias: "En líneas generales, falta de una adecuada justificación de la necesidad del contrato" y "falta de una adecuada justificación del presupuesto del contrato".

Comidas indebidas

La Intervención General de la Comunidad de Madrid también detecta como irregulares las facturas que las dos empresas adjudicatarias de la cafetería del hospital han remitido durante esos años a la dirección del centro por "los desayunos, comidas y cenas del personal de guardia y algunos otros servicios como las comidas de trabajo del Comité Ético, comidas de trabajo de la gerencia, y comidas, desayunos y cenas especiales". La firma Eurest Colectividades gestionó la cafetería hasta marzo de 2013. Luego el servicio pasó a la empresa de Ramiro Jaquete, más conocido como 'el rey del rancho'. Como publicó el Confidencial, Jaquete es el gran proveedor del Ministerio de Defensa (186 contratos en cuatro años) y sirve 30.000 menús diarios en seis provincias españolas, aunque tiene problemas para pagar las nóminas de sus empleados.

En 2012, el hospital pagó 54.366 euros por estas comidas especiales. Cifra que subió a 306.576 euros en 2013, y a 345.000 en 2014. En total, 705.000 euros, de los que más de la mitad se los llevó Jaquete. Según la Intervención, "la obtención de forma gratuita de la manutención, por parte de los facultativos y del resto de personal de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, supone una forma de retribución no amparada legalmente, ya que no está contemplada en el Real Decreto Ley 3/1987 de 11 de septiembre". Aunque no aparece desglosado, un alto porcentaje de esta partida se refiere a las comidas del personal de guardia, que "obviamente no haría esas guardias si no le pagan la cena o la comida. Lo que pasa es que el Ramón y Cajal, como la gran mayoría de los hospitales madrileños, no contabiliza correctamente ese gasto como gasto de personal", señalan fuentes sindicales. Otro tema son las comidas del Comité Ético o de la gerencia, que no tendrían que ser abonadas con fondos del hospital.

José Equiza, director gerente del hospital.
José Equiza, director gerente del hospital.

Otra de las irregularidades detectadas es el "abono en especie indebido". Es decir, empresas adjudicatarias de servicios del hospital, que deben pagar un canon económico al centro por ocupar un espacio físico, pero que en cambio abonan parte de ese canon en especie. "Esta actuación incumple la Ley Reguladora de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Ley de Contratos del Sector Público", según la Intervención. Además, "la verificación del cumplimiento de estos contratos se hace de forma extracontable, mediante actas donde se deja constancia del importe compensado. Al no tratarse de precios públicos, la gestión recaudatoria es deficiente".

Por ejemplo, la empresa AutorBar Spain, que gestionaba las máquinas expendedoras de bebidas y comidas, y que se comprometió a pagar parte del canon comprando mobiliario para el centro. De los dos millones que iba a pagar en especie, "no se encuentran registrados en el inventario 1,7 millones de euros". También se han detectado casos en los que el contrato ha vencido y la empresa adjudicataria sigue ocupando el local del hospital.

Madrid

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