El juez investiga si la líder del PSOE-M pagó con dinero público el 'parking' de su asesora

La justicia vuelve a señalar a Cristina González Álvarez, mano derecha de Sara Hernández, líder del PSOE de Madrid y actual alcaldesa de Getafe. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 5 de este municipio madrileño que abra diligencias para esclarecer si se pagó con dinero público del Ayuntamiento getafense el 'parking' de González cuando esta visitaba con frecuencia las instalaciones del consistorio. En el periodo analizado, González no tenía ningún cargo público ni trabajaba para el Gobierno local. Solo era colaboradora de Sara Hernández en el PSOE de Getafe, ocupando la secretaría de política municipal. Según la denuncia inicial, en un solo trimestre la Corporación pagó 1.276 euros para que González aparcara gratis.

En un auto dictado el pasado 9 de marzo, el juzgado pide a la "Comisaría de Policía de Getafe que practique las gestiones necesarias para la averiguación de los hechos, las circunstancias o elementos de un posible exceso en las facultades de administración del servicio de aparcamiento del Ayuntamiento de Getafe, mediante el abuso de vales descuento, con la producción de un perjuicio económico como resultado, y ese perjuicio económico". Cristina González, que hace años ya fue concejal de Obras en Getafe con el regidor socialista Pedro Castro, tuvo que dimitir cuando fue imputada en otra instrucción bautizada 'caso aparcamientos', que investigó la supuesta adjudicación irregular de cinco nuevos 'parkings' en el municipio.

Durante su imputación Cristina González siguió trabajando para el partido en Getafe, convirtiéndose en estrecha colaboradora de Sara Hernández, en su mano derecha. Como publicó El Confidencial, el PSOE también la fichó como asistente local en el Parlamento Europeo. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de archivar provisionalmente 'el caso aparcamientos'. Lo hizo el pasado 12 de enero. Apenas un mes después, el 8 de febrero, Sara Hernández fichaba a su colaboradora en el partido como "asesora adjunta del Gobierno Municipal" en el Ayuntamiento de Getafe, con un sueldo bruto anual de 57.337,70 euros. Pero la misma Audiencia que archivó ese caso ha ordenado ahora a un juzgado del municipio que investigue este nuevo caso, en el que también hay aparcamientos de por medio.

Todo parte de la denuncia que hizo otra concejala socialista, Mónica Cerdá, ahora edil no adscrita en el Ayuntamiento tras enfrentarse gravemente con Sara Hernández tras denunciar algunas irregularidades. Cerdá era concejala de Empleo, Desarrollo Económico y Juventud y, por tanto, consejera delegada de la empresa municipal GISA, que se encarga de gestionar el 'parking' del ayuntamiento. Cerdá detectó, tras las quejas de algunas personas, que había un cierto descontrol en unos vales descuento que daba el consistorio y que permitían el uso del 'parking municipal' a coste cero, con independencia del tiempo de uso del mismo.

Un coche en particular

Cerdá encargó un informe. En él "se detecta que el propietario del vehículo matrícula 0384CNV realiza un uso diario del 'parking' y, la mayoría de los días, a coste prácticamente cero", según la denuncia que se presentó en el juzgado. El periodo analizado fue el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2016, un trimestre en el que ese vehículo tuvo un "consumo mensual de 469,29 euros en el periodo entre el 15 de marzo al 15 de febrero [de 2016], de 446,26 euros en el periodo entre el 15 de febrero y el 15 de enero [de 2016] o de 392,06 euros en el periodo entre el 15 de enero [de 2016] y el 15 de diciembre [de 2015] (periodo vacacional de Navidad incluido); pero lo llamativo es cómo sobre un uso por valor total de 1.276,61 euros en ese trimestre, la titular del vehículo que nos ocupa tan solo abonó 63,89 euros, beneficiándose diariamente de vales descuento que el trabajador emisor del informe identifica como correspondientes o aportados por Alcaldía". Y eso solo en un trimestre. En ese periodo, Cristina González, entonces encausada por el 'caso aparcamientos', no trabajaba para el Ayuntamiento.

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La denuncia señala que el coche pertenece a González y que solo altos cargos del consistorio pudieron entregarle los vales descuentos para que aparcara gratis cada vez que visitaba la sede municipal, al parecer con mucha frecuencia. Entre los señalados en la denuncia, la alcaldesa Sara Hernández. Varias fuentes han asegurado a El Confidencial que González, aunque no estaba en plantilla del Ayuntamiento, era una asidua del mismo. "Era una estrecha colaboradora de la alcaldesa. Como estaba procesada no podía estar en plantilla. Pero en cuanto han archivado el 'caso aparcamientos' la alcaldesa la ha colocado en el Gobierno local como asesora", señalan varias fuentes. Algunos apodan a Cristina González "la alcaldesa en la sombra".

En una entrevista con Getafe Radio, Cerdá señaló que cuando era concejala fue "exponiendo al equipo de gobierno y a la misma alcaldesa hechos que vienen a reflejar una clara maniobra para controlar las empresas públicas y ponerlas al servicio de intereses personales como es el uso del 'parking' del Ayuntamiento por Cristina González, haciendo uso de vales gratuitos para visitas de alcaldía, realizándose un uso diario y durante toda una jornada al realizar su actividad política habitual desde las citadas dependencias". Su denuncia hablaba de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos.

En un principio, la denuncia de Cerdá fue archivada provisionalmente en julio de 2016 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe. Pero la edil recurrió. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto fechado el 20 de febrero de este año, ordena la reapertura de la investigación, ya que podríamos estar ante "una actuación arbitraria de la Administración Pública, pues nos encontraríamos con que Cristina González, sin cargo público ni relación laboral con el Ayuntamiento de Getafe, se habría valido de la actuación del gerente de una empresa pública, GISA, para aparcar todos los días del año en el aparcamiento propiedad del Ayuntamiento de Getafe, gestionado por la citada empresa, a coste cero".

Otro vecinos que aparcan

El primer juez instructor archivó provisionalmente la denuncia porque dictaminó que lo hechos no tenían relevancia jurídico-penal "porque la denunciante relató en su declaración que ese aparcamiento lo utilizan ciudadanos que acuden a hacer gestiones al Ayuntamiento y beneficiarios del convenio que este tiene con asociaciones empresariales de la ciudad". Pero ahora la Audiencia señala que los ciudadanos que utilizan ese aparcamiento cuando acuden a realizar gestiones pagan las cuotas de uso públicas que están aprobadas y en vigor, "y no lo hacen gratis como la denunciada". Y que los usuarios que, a su vez, son beneficiarios del convenio que el Ayuntamiento tiene con asociaciones empresariales "lo hacen porque estas asociaciones, fruto de ese convenio, compensan al Ayuntamiento con actuaciones propias de su ámbito y objeto social que, de no ser así, costarían al Ayuntamiento y al erario público una buena cantidad de euros".

La Audiencia también cree que la denunciante "ha acreditado documentalmente que se estaba produciendo un uso irregular del aparcamiento por el propietario del vehículo matrícula 0384CNV, pues viene realizando un uso diario la mayoría de los días, a coste prácticamente cero, mediante el uso de vales descuento y que el citado coche es propiedad de la denunciada". Por eso, la Audiencia pide al juzgado de instrucción que archivó la causa que la reabra e inicie diligencias, algo que se ha hecho con fecha 9 de marzo. Este diario se ha puesto en contacto con Cristina González, que no conocía el auto de la Audiencia y prefería no hacer declaraciones hasta no saber su contenido.

El parking adjudicado a su familia

El 'caso aparcamientos' le costó la carrera política a Cristina González. Pero fue solo un punto y aparte. En 2009, el PP denunció el escándalo de la adjudicación, en 2007, de las obras y la explotación de cinco aparcamientos en el municipio a las sociedades Roblepark SL y Estudio 23 SA y a las cooperativas Jilguero 2005, Valdemorillo 2005, Plus Ultra 2005, Avenida de Aragón 2005 y Gabriel y Galán 2005. Estas cinco cooperativas estaban a su vez gestionadas por Roblepark SL, fueron constituidas en la misma fecha y, además, tenían el mismo domicilio social. Una de ellas, Jilguero 2005, estaba gestionada por el padre y la madre de Cristina González, y por su marido.

El caso le costó el cargo en 2011 a Pedro Castro, a Cristina González (la exedil de obras), y a otros tres concejales (entre ellos, el hijo de Castro). De hecho, fueron procesados por un juzgado en febrero de 2014. Casi tres años después, en enero de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado provisionalmente las actuaciones porque "no se observan por parte de los procesados actuaciones con relevancia penal alguna, máxime cuando ninguno de los licitadores afectados formuló protesta o recurso, ni ninguno de los técnicos intervinientes efectuaron reparos o protestas en los procedimientos de adjudicación y construcción de los aparcamientos".