Un directivo de Carmena 'perdió' 4,3 millones de la Comunidad invirtiendo en preferentes

El consorcio urbanístico Móstoles Sur, participado al 50% por el ayuntamiento de esta localidad madrileña y al 50% por la Comunidad de Madrid, perdió 4,3 millones de euros en preferentes después de invertir 14 millones en este producto financiero en el año 2009. El gerente del consorcio, el arquitecto Gonzalo Fernández, el que llevaba el día a día de este ente público, es hoy alto cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Por encima del gerente había un consejo de administración, cuatro vocales elegidos por el consistorio y cuatro vocales elegidos por el Gobierno regional, ambas administraciones gobernadas ese año por el PP. Fernández baja la cifra de pérdidas a 1,8 millones, ya que asegura que se compensaron con los intereses que generaron esas preferentes y otras inversiones financieras entre 2008 y 2014. El consorcio es uno de los investigados por la Audiencia Nacional dentro del caso Púnica.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles constituyeron en consorcio en noviembre de 2001, cuando el Gobierno regional lo presidía Alberto Ruiz-Gallardón y Móstoles lo dirigía el alcalde socialista José María Arteta. El objetivo era construir 9.400 viviendas, el 75% de ellas protegidas. Ocho años después, en 2009, el consorcio decidió invertir 17 millones en productos financieros: 10 millones en preferentes de Caja Madrid, cuatro millones en preferentes de La Caixa y tres millones en deuda subordinada de La Caixa. En 2009, la Comunidad de Madrid estaba ya controlada por Esperanza Aguirre y el Ayuntamiento de Móstoles, por Esteban Parro, del PP. Era época de vacas gordas y el consorcio, tras haber vendido muchas de las parcelas, tenía liquidez. De hecho, había otros 49 millones en tesorería.

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Caja Madrid y La Caixa eran las entidades financieras encargadas de financiar la urbanización de los terrenos. En 2009 ofrecieron las preferentes y el consorcio decidió invertir. Ese año, la entidad madrileña emitió 3.000 millones de euros en preferentes, de las que el 98,9% se ofrecieron a clientes minoristas (familias) y el resto a empresas no financieras, como es Móstoles Sur. Gonzalo Fernández, que fue gerente del consorcio durante 15 años y cuatro meses, explica que no recuerda muy bien quién ofreció las preferentes. "Seguramente sería alguien del banco. Se estudiaría esa opción y se vio viable en esos momentos. Por encima de mí había un consejo de administración, que ratificaría la decisión", explica Fernández, hoy director de Rehabilitación y Obra Nueva de la EMVS.

Ese consejo de administración estaba compuesto en 2009, por parte de la Comunidad de Madrid, por Ana Isabel Mariño, entonces consejera de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (hoy diputada en la Asamblea de Madrid); Manuel Beltrán, entonces viceconsejero y consejero delegado de Arpegio (hoy alto cargo del Canal de Isabel II); Diego Lozano, entonces director general de Suelo y después jefe de gabinete del expresidente Ignacio González (hoy en el Ayuntamiento de Las Rozas); y Juan Blasco (entonces viceconsejero de Vivienda). Por parte del ayuntamiento gobernaba Esteba Parro, del PP, que eligió a cuatro ediles para que representaran al consistorio en el consejo de administración del consorcio.

En 2011 y 2012, los balances del consorcio revelan que los 17 millones invertidos en preferentes y deuda subordinada sufrieron un deterioro de su valor: los 17 millones se convirtieron en 14,2 millones en 2011 y en 12,1 millones en 2012. Caja Madrid ya se había fusionado con otras cajas y la entidad resultante, Bankia, había salido a bolsa en julio de 2011. Lo que vino después ya se conoce. En abril de 2013, UPyD presentó una querella por la estafa de las preferentes, que no solo se dirime en la Audiencia Nacional sino también en muchos juzgados de toda España de manera individual en decenas de casos.

Canje por acciones

En 2013, los 17 millones se habían transformado en tres en el balance del consorcio. Bankia decidió ese año canjear las preferentes por acciones de la entidad, con un descuento medio del 38%. Los preferentistas recibían 62 euros en acciones por cada 100 euros invertidos. El balance refleja que los 14 millones en preferentes (10 de Caja Madrid y cuatro de La Caixa) se canjearon por acciones cuyo valor era de 5,7 millones, lo que se traduce en una pérdida de 8,3 millones de euros. Gonzalo Fernández asegura que La Caixa devolvió los cuatro millones invertidos, por lo que la pérdida solo hay que calcularla sobre los 10 millones de Caja Madrid, es decir, 4,3 millones de euros. "Luego, las acciones las vendimos un poco más altas, por lo que se recuperó parte de la inversión. Además, no hay que olvidar que entre 2008 y 2014 el consorcio obtuvo más de ocho millones gracias a los intereses que generaron este tipo de productos financieros, por lo que yo calculo que la pérdida definitiva por las preferentes fue de 1,8 millones", explica Fernández.

El exgerente cifra la pérdida solo en 1,8 millones, ya que no hay que olvidar los intereses que entre 2008 y 2014 generaron este tipo de productos

¿Puede invertir una empresa pública en preferentes? "Nadie nos dijo que no en ese momento", concluye Fernández. Lo cierto es que el consorcio no solicitó a la Consejería de Hacienda ningún informe en 2009 consultando si era preceptivo o no. El nuevo Ejecutivo autonómico (Cristina Cifuentes tomó posesión en 2015) asegura que ha conocido recientemente esta operación financiera. El Ayuntamiento de Móstoles (desde 2015 gobernado por el PSOE) también señala que nadie hasta la fecha les ha informado sobre esta operación fallida. "No sabemos si es legal. Parece que muy ética no fue. El dinero del consorcio se tenía que haber invertido en los fines del consorcio, construir vivienda libre y protegida", señala un portavoz del consistorio. Hoy, el consorcio de Móstoles no tiene gerente, a la espera de que la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento convoquen un consejo para elegirlo.