las asociaciones de jueces harán un estudio de las sedes

Ratones, alergias y carritos de la compra: así se trabaja hoy en los juzgados madrileños

Hay un déficit de 270 efectivos. Ciudadanos pide un plan de choque porque estamos "al borde del colapso". No hay calefacción en muchas sedes y los funcionarios compran mantas

Foto: Puesto de trabajado de una funcionaria en el juzgado número 3 de Valdemoro.
Puesto de trabajado de una funcionaria en el juzgado número 3 de Valdemoro.

Los juzgados de San Lorenzo del Escorial (municipio de la sierra de Madrid) son bastante peculiares. El número 4 está ubicado en la buhardilla de un edificio, de difícil acceso para personas con discapacidad. El 3 tiene que sufrir los olores y ruidos de un vecino, ya que la rejilla de su baño limita con el pasillo de entrada de la sede judicial. Los sonidos de la grapadora o del teclado del ordenador que usan los funcionarios se mezclan con la cadena del váter cada vez que el inquilino tira de ella. Es solo un ejemplo, pero sirve para resumir a la perfección el estado de la Justicia en la Comunidad de Madrid.

Para Ciudadanos, socio de investidura del Gobierno regional de Cristina Cifuentes, la situación "es precaria, al borde del colapso". Suenan tambores de guerra en el mundo de la Justicia madrileña. Por primera vez en lo que llevamos de legislatura, los cuatro sindicatos principales (CSIF, STAJ, CCOO y UGT) han exigido la destitución del consejero del ramo, Ángel Garrido. Creen que la situación de "deterioro y abandono" ha superado ya todos los límites. La gota que colmó el vaso ha sido el incendio de esta semana en el juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz, provocado por un cortocircuito en el sistema de ventilación. Para más inri, las alarmas de detección de humo no se activaron y el edificio carece de salida de emergencia. Ya hay una denuncia ante la inspección de trabajo.

Ratones en el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Madrid.
Ratones en el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Madrid.

Las quejas son múltiples: falta de medios materiales, déficit de plantilla, un alto porcentaje de interinidad (el 32%), baja dotación presupuestaria para renovar las sedes judiciales y condiciones laborales "de otros siglos", en que las horas extra no se pagan y los minutos de menos son registrados y retraídos de la nómina mensual. Los sindicatos han conseguido forzar una reunión con el consejero el próximo 25 de enero, la primera tras año y medio de legislatura. Ciudadanos anunció este jueves la intención de convocar un Pacto por la Justicia ante "la alarmante situación de los juzgados madrileños".

El portavoz parlamentario, Ignacio Aguado, ha registrado una proposición no de ley en la que propone la creación de una mesa de trabajo, "un plan de choque" en el que se involucren todos los agentes jurídicos, Gobierno y oposición. Incluso la Comisión Interasociativa de Madrid (CIM), formada por las cuatro asociaciones de jueces (la Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), está trabajando en un informe que analiza el estado de las dependencias judiciales en Madrid (hay 534 órganos judiciales en 58 sedes).

Todo es cuestión de dinero. Hay que invertir para revertir la situación. Todos coinciden en la fórmula. De los 362 millones que se presupuestaron en 2015, se pasó a 402 millones en 2016. Pero no es suficiente. "Los últimos gobiernos del PP no han invertido mucho en Justicia en los últimos años y ahora se ven los resultados. Por eso hace falta un plan integral, que nos sentemos todos para ver dónde hay que invertir y cuánto dinero", señala el diputado Juan Trinidad, portavoz de Justicia de Ciudadanos. Juan José Carral, portavoz de CSIF, cree que hace falta voluntad política para que el poco dinero que hay tenga el destino correcto.

"Se han usado, por ejemplo, 13 millones de euros destinados a personal para devolver la paga extra o para ejecutar sentencias, en lugar de hacerlo para aumentar la plantilla. Otro ejemplo: en los Presupuestos de 2016 había 14,93 millones de euros para la modernización y el mantenimiento de las sedes judiciales, pero 13,7 millones se han ido para pagar contratos de limpieza y de seguridad de los edificios. De modernización y mantenimiento, nada". Desde la Consejería de Presidencia y Justicia, reconocen que uno de los principales problemas de la justicia madrileña es la dispersión de las sedes. Primero Esperanza Aguirre y luego Ignacio González intentaron en dos faraónicos y fallidos proyectos (Campus de la Justicia y Ciudad de la Justicia) reubicar todas las sedes en un gran complejo.

Un calefactor puesto por los trabajadores en uno de los juzgados de Valdemoro.
Un calefactor puesto por los trabajadores en uno de los juzgados de Valdemoro.

Dos proyectos que solo han supuesto gastos (más de 150 millones) sin apenas resultados, posibles problemas judiciales (PSOE y Podemos quieren llevar a la Fiscalía las irregularidades detectadas en la Asamblea) y unas hipotecas que pueden incrementar la factura. Como ya publicó El Confidencial, dos arquitectos y una constructora reclaman dinero a la Comunidad de Madrid por los trabajos que hicieron y no cobraron. Las demandas judiciales suman nueve millones de euros. En definitiva, un agujero económico que ha hecho mella en las inversiones en Justicia. Y es que las cuentas no cuadran tras el fiasco de estos dos proyectos.

Esta dispersión de sedes provoca que el Gobierno regional tenga que pagar, cada mes, 42 alquileres (18 en la capital y 24 en diferentes municipios), una nueva factura que al final del año asciende a 29 millones de euros. Más gastos que suman en detrimento de la inversión. No es de extrañar que la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la de 2015, a falta de que se publique la de 2016, defina nuestras sedes judiciales como "edificios obsoletos carentes de las mínimas condiciones de seguridad estructural".

16 tipos de carencias

El TSJM identificó 16 tipos de carencias materiales graves en las sedes judiciales de Madrid: grietas, humedades, acumulación de olores, falta de renovación de la red de saneamiento, fallos en la calefacción, el aire acondicionado y los ascensores. Los archivos son insuficientes y los calabozos, minúsculos. Muchos edificios tienen importantes problemas de accesibilidad. "Los ordenadores están obsoletos, son lentos e insuficientes. Hay fallos continuos en los aparatos de videoconferencia y de las cámaras de vigilancia". El capítulo sanitario también es deficitario. Faltan desfibriladores y botiquines. Los médicos forenses también carecen de medios adecuados para desempeñar su trabajo. La descripción es, cuanto menos, impactante.

Un cartel en un juzgado madrileño denunciando la falta de impresora.
Un cartel en un juzgado madrileño denunciando la falta de impresora.

Tampoco hay dinero para inauguraciones (Madrid lleva seis años sin la creación de nuevos órganos judiciales). El esqueleto del edificio que iba a albergar los nuevos juzgados de Navalcarnero sigue vacío e inerte, como un gran cadáver de hormigón. La Comunidad adjudicó las obras en 2006 por 5,3 millones de euros, pero la constructora quebró y aunque el Gobierno regional recuperó el inmueble, todavía sigue abandonado. En su sustitución, el chalé que antes era la residencia de un médico sirve de sede para los juzgados número 1 y 2 de la localidad, mientras los trabajadores desempeñan su trabajo entre montañas de papel. Los carritos de la compra son ya un clásico en los juzgados de Plaza de Castilla, epicentro judicial de Madrid, para seguir transportando los documentos.

Papel, porque la transición digital ordenada por el Ministerio de Justicia el 1 de enero de 2016 está siendo más lenta de lo esperado. CSIF denuncia que las montañas de papeles siguen provocando enfermedades, generalmente respiratorias, y un incremento de las alergias. Y es que el polvo es el gran compañero de los funcionarios. En algunas ocasiones aparecen ratones, cucarachas y hasta chinches. Y ahora en invierno, muchas calefacciones brillan por su ausencia. "En Collado Villaba, esta semana han estado comprando mantas para poder aguantar las temperaturas. En otros puntos de Madrid, los propios trabajadores han llevado calefactores", señala Alberto García, portavoz del sindicato STAJ. Ya se habla en muchas sedes de "estrés térmico".

270 vacantes

Pero el principal problema sigue siendo la falta de plantilla. "También tenemos que reiterar la total ausencia de una política de personal que optimice los medios personales disponibles", reza la memoria del TSJM. La plantilla de funcionarios de los cuerpos generales (hay tres categorías: gestores, tramitadores y auxilio judicial), el principal motor de la Administración de Justicia, asciende a 6.521. De estos puestos, alrededor de 1.900 están cubiertos por interinos. Sus sueldos brutos oscilan entre 1.665 euros y 1.948 euros, por una jornada de 7,5 horas diarias.

La Dirección General de Justicia y Seguridad reconoce que a noviembre de 2016 había 270 puestos sin cubrir, "cifra que se corresponde tanto con el número de plazas vacantes, sin titular ni ocupante, como de puestos con funcionario titular con reserva de puesto, pero que no presta servicios por causas como incapacidad temporal, maternidad, liberación sindical... sin que se haya nombrado un funcionario interino de sustitución". La comunidad asegura que ha hecho un esfuerzo para suplir las bajas. De hecho, las plazas vacantes eran 515 en 2013. En 2016, por ejemplo, se han nombrado 800 interinos "para cubrir tanto vacantes como supuestos de ausencia por enfermedad u otras contingencias", un 40% más que en 2015.

Un puesto de trabajo en el juzgado de Navalcarnero, en el chalé donde antes residía un médico.
Un puesto de trabajo en el juzgado de Navalcarnero, en el chalé donde antes residía un médico.

La última oferta de empleo público es de 2015, tanto de acceso libre como de promoción interna, un total de 421 plazas ofertadas. Para el Gobierno regional, no todos los datos son negativos. "Madrid es la comunidad que más funcionarios tiene por juez; es decir, somos quienes más trabajadores aportan para que pueda salir adelante la Justicia. Esa es la realidad. Nuestra comunidad es la que más funcionarios pone a disposición de cada juez para que los asuntos se despachen de forma más rápida y, por lo tanto, de una forma más eficaz". En la región hay 554 jueces y magistrados. Los sindicatos no lo ven así. "Somos menos productivos que nunca".

Uno de los pasillos de los juzgados de Navalcarnero.
Uno de los pasillos de los juzgados de Navalcarnero.

"270 vacantes sin cubrir es una barbaridad. Este déficit de personal supone una carga de trabajo inasumible para los que ya están, que se traduce en un retraso en el funcionamiento de la Justicia", señala Alberto García, de STAJ. Madrid es, después de Andalucía, la región que más asuntos judiciales tramita: 1,38 millones en 2015. A la espera de los datos de 2016, la Justicia madrileña tiene que resolver 202 asuntos por cada 1.000 habitantes (la media nacional es 179,7 asuntos), lo que se traduce en que cada magistrado ingresó 1.865,5 asuntos en 2015, un 4,3% menos que el año anterior. A pesar de ello, el TSJM considera que son necesarios 92 nuevos juzgados.

Los trabajadores también quieren renegociar sus condiciones laborales. Tienen que fichar todos los días en un ordenador y cumplir a rajatabla las 7,5 horas diarias. "Nos aplican un sistema de control horario que no se adapta a las características del trabajo que desarrollamos. Es habitual realizar exceso de horas que se acaban perdiendo, que no se pagan, pero al contrario, no dudan en reclamar minutos y descontarlo de la nómina si la ausencia no está debidamente justificada", explican desde CSIF.

Madrid

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