El TSJM da un mes a Cifuentes para que derribe el campo de golf que hizo Aguirre

La justicia aprieta con los tiempos. La Sección de Ejecuciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un mes de plazo al Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes para que desmantele de una vez por todas el campo de golf que Esperanza Aguirre construyó en los terrenos deportivos que el Canal de Isabel II tiene en el distrito de Chamberí. En un auto fechado el 14 de diciembre, el TSJM requiere a la Comunidad de Madrid que "en un mes proceda a la suspensión de actividades y usos desarrollados sobre la parcela, y para que inicie los trabajos para la restauración de los terrenos a la situación previa a la ejecución del proyecto".

El ultimátum del TSJM ya ha sido recurrido por el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región, que ha presentado un recurso de reposición, pero solo dilata pocas semanas lo que parece inevitable. "Nosotros tenemos ahora hasta el 12 de enero para presentar alegaciones al recurso del Canal. Luego, el TSJM debe resolver en un plazo de tres días. Lo más probable es que el tribunal madrileño reafirme de nuevo el derribo de todo lo que se construyó sobre el tercer depósito que el Canal tiene en Chamberí y confirme la ejecución de la sentencia", explica Jaime Doreste, el abogado de la Asociación Parque Sí en Chamberí, que lleva años luchando contra el campo de golf e intentando recuperar esta zona para los vecinos.

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Esta nueva sentencia da poco margen de movimiento al Canal y a los vecinos para que consensúen qué quieren construir en lugar del campo de golf, un proyecto fallido, según ha demostrado el paso del tiempo. Muy pocos madrileños lo han usado y la empresa que explota la instalación desde mayo de 2013, Proingest Management Asociados, está en concurso de acreedores. La dirección del Canal ya se ha reunido con una delegación vecinal para escuchar sus propuestas, pero las alternativas son limitadas. El depósito de agua que hay debajo impide por ejemplo la plantación de árboles, luego sería difícil levantar un gran parque. También está el capítulo presupuestario. El Canal tiene poco margen en este tema y cree que lo mejor es dotar a los vecinos de Chamberí con instalaciones deportivas de uso generalista, como pueden ser campos de fútbol sala o pistas de baloncesto, que podrían utilizar los colegios e institutos del distrito.

Dos sentencias distintas

La lucha judicial contra el campo de golf ha seguido dos caminos paralelos. Todo comenzó en el año 2003, cuando el Gobierno regional entonces presidido por Aguirre obtuvo la licencia de obras por parte del ayuntamiento de la capital para construir una instalación deportiva en los 118.944 metros cuadrados que el Canal de Isabel II tiene en Chamberí. El proyecto inicial destinaba parte de esta parcela a una zona verde de uso público, un estanque ornamental, un campo de fútbol al aire libre y un pequeño helipuerto. Pero durante las obras, el proyecto cambió: el complejo incluiría un campo de prácticas de golf de nueve hoyos y la construcción de nuevos pabellones para vestuarios, almacén y cafetería.

Cuando faltaban seis meses para la finalización de los trabajos, el consistorio (con Gallardón a la cabeza) ordenó la suspensión de las obras, ya que los técnicos municipales entendieron que el Gobierno regional debía solicitar un nuevo permiso que amparara unas obras "ilegales", entre otras cuestiones por las afecciones paisajísticas que causaba la valla perimetral que iba a rodear el recinto para evitar que se escaparan las bolas. La comunidad no lo hizo, y en cambio en enero de 2007 declaró el proyecto "bien de interés general" para salvar el proyecto e inaugurar el conjunto, incluido el campo de golf.

Comenzó entonces una batalla jurídica, liderada por los vecinos de la zona. Así, en enero de 2010, el TSJM declaró que el campo de golf no cumplía los requisitos administrativos requeridos para justificar su condición de interés general, fallo que fue confirmado en diciembre de 2012 por el Tribunal Supremo. Lo que ha hecho ahora el TSJM, con su auto de 14 de diciembre de 2016 dando de plazo un mes, es exigir que se ejecute la sentencia que ya dictó en 2010.

La maniobra del plan especial

Pero tras la sentencia del Supremo de 2012, y para salvar el campo de golf, el Gobierno regional (presidido entonces por Ignacio González), con apoyo del ayuntamiento de la capital (dirigido ya por Ana Botella), aprobó en julio de 2013 un plan especial de infraestructuras (bautizado como 'Definiciones de redes públicas depósito nº 3 del Canal de Isabel II y regulación de condiciones de protección') para intentar legalizar la situación de terrenos. Una maniobra que también fue recurrida por la asociación vecinal. En julio de 2016, el TSJM dictó una nueva sentencia dando la razón a los vecinos y anulando el plan especial. El TSJM ordenó en julio la adopción "de las medidas necesarias para la reposición y restablecimiento de la parcela a su estado físico anterior a la ejecución de las obras".

Es decir, dos sentencias distintas del TSJM han dado el tiro de gracia al campo de golf: la de enero de 2010 que anulaba su condición de interés general, y la de julio de 2016 anulando el plan especial que intentaba legalizar los terrenos. Ahora, el auto de ejecución de la primera acorta los plazos para que se cumpla el derribo.

La Comunidad de Madrid quería esperar al año 2018 para derribar el campo de golf y evitar así pagar una indemnización a la empresa adjudicataria de las instalaciones, pero el tiempo se agota. Los vecinos, por su parte, solo quieren que se quite el campo de golf, que ocupa dos terceras partes de los terrenos, pero que se mantengan las pistas de pádel y los campos de fútbol, que sí se utilizan bastante por los madrileños. La Asociación Parque Sí ha convocado para el 14 de enero en el Centro Cultural Galileo un proceso participativo para que los vecinos decidan qué quieren en lugar del campo de golf.

"Canal ha mostrado su compromiso en apoyar e impulsar este proceso participativo, así como en asumir su resultado y conclusiones. Hemos solicitado la elaboración por parte del Canal de Isabel II de una relación de condiciones que deben cumplir los usos y actividades que se vayan a desarrollar en la parte del parque que ocupará los terrenos que ahora ocupa el golf", señala Mercedes Arce, vicepresidenta de la asociación.