La Policía acusa a Dragados: inició una obra antes de que un senador del PP se la diera

El Grupo XXVI de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional está convencido de que la constructora Dragados, propiedad de ACS, actuó en connivencia con el Ayuntamiento de Getafe (cuando estaba gobernado por el PP) para amañar la adjudicación de las obras de demolición del centro cultural que se iba a convertir en la sede del Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas, el proyecto estrella del que fuera alcalde del municipio en la legislatura 2011-2015, Juan Soler-Espiauba Gallo. El caso ya ha dejado once imputados, otros 35 investigados y puede salpicar de lleno a Soler, hoy diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y senador.

La filial del grupo presidido por Florentino Pérez se llevó dos contratos relacionados con este proyecto, la demolición del edificio donde se iba a levantar el futuro teatro, y la posterior construcción del mismo (el primero por 90.600 euros y el segundo por 2,4 millones de euros). La UDYCO tiene en su poder pruebas evidentes de que Dragados, semanas antes de que fuera invitada a participar en el concurso (negociado sin publicidad) para la demolición del edificio, ya había iniciado los trámites administrativos necesarios para derruir el inmueble y se había reunido con técnicos del Ayuntamiento para 'negociar' esa adjudicación. El caso se inició gracias a la detallada denuncia de un vecino del municipio, Roberto Benítez, que además es editor de un medio local, ElBercial.com.

La primera prueba es el presupuesto hallado en el despacho de Cristóbal Corretje Aznar, jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento (imputado en el caso). Un presupuesto enviado por Dragados el 10 de octubre de 2012, casi dos meses antes de que el Consistorio (a través de la empresa pública GISA) decidiera invitar a varias constructoras a participar en el concurso de derribo, "un presupuesto muy inferior al precio de licitación" que se fijó inicialmente. "Dragados resultó posteriormente adjudicataria por el mismo importe del primer presupuesto", reza un informe policial fechado el pasado 16 de noviembre.

La segunda prueba data del 20 de noviembre de 2012. Ese día, ADR Ecogestión, una empresa gallega que se dedica a certificar si hay amianto en los edificios, y que había sido contratada por Dragados, presentó ante el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (dependiente de la Comunidad de Madrid) "el plan de desmontaje y retirada de la cubierta de fibrocemento del edificio municipal situado en la calle Madrid, 54, de Getafe". Desde el año 2006 la ley obliga a que antes de que se lleve a cabo cualquier trabajo de demolición, las empresas encargadas de hacer este trabajo adopten "todas las medidas necesarias para identificar los materiales que pueden contener amianto". Para ello deben realizar un estudio de seguridad y salud.

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La petición de ADR fue contestada por el Ejecutivo autonómico el 16 de enero de 2013, emitiendo un informe favorable por estimarse que el plan de trabajo presentado cumplía "en todos sus términos las prescripciones del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición de amianto". La autorización fue firmada por María del Mar Alarcón Castellanos, entonces directora general de trabajo y cuñada de Francisco Granados, ex consejero regional y hoy en prisión por el caso Púnica.

Tanto el presupuesto como la solicitud del plan de desmontaje evidencian que Dragados puso en marcha la maquinaria administrativa para demoler el edificio mucho antes de ganar el concurso para ejecutarlo. GISA no invitó a varias constructoras a participar en la licitación negociada hasta el 4 de diciembre. La invitación "irregular", según la Policía, se envió a cuatro compañías, aunque solamente Dragados presentó una oferta antes de que acabara el plazo estipulado, el 12 de diciembre. El 13 se adjudicó a Dragados y el 14 de diciembre, Fernando Lázaro Soler, el concejal del que dependía GISA, y Miguel Foulquié, representante de Dragados, firmaron el contrato de ejecución de la obra de demolición del edificio. Fernando Lázaro Soler sigue siendo hoy edil del PP en la oposición en el Consistorio getafense.

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El informe policial incluido en el sumario es claro: "En noviembre de 2012 ya se había entregado el ‘plan de desmontaje de amianto’, fecha anterior a la adjudicación de la demolición a Dragados, de 13 de diciembre. Dragados fue la mercantil que realizó dicho plan, antes incluso de ser invitada a participar en el concurso". Los agentes añaden: "Cuando se realizó la oferta, Dragados ya conocía que el fibrocemento se encontraba presente en el edificio, iniciando los trámites de su retirada antes incluso de que fuera invitada al procedimiento negociado del expediente". La Policía habla de "tráfico de información privilegiada entre la mercantil Dragados y el Ayuntamiento de Getafe, con lo que se produjo un agravio económico al no existir una concurrencia efectiva en el concurso".

La UDYCO resalta que Juan Soler, el entonces alcalde, fue quien decidió encomendar el proyecto del teatro a GISA en vez de dejarlo en manos del propio Ayuntamiento. Para los agentes, "una maniobra para saltarse los trámites que conlleva una mesa de contratación, la fiscalización de la intervención municipal, la publicidad en las juntas de gobierno local, y por lo tanto no informar al resto de grupos políticos, evidenciando una forma de maniobrar cuanto menos irregular". El equipo municipal le dio el proyecto a GISA porque la interventora municipal había puesto importantes pegas al pliego de condiciones que habían elaborado los técnicos municipales. Dragados, como única empresa que presentó una oferta, se llevó la adjudicación de las obras de demolición por 90.636 euros (IVA incluido).

También la construcción por 2,4 millones

Dragados no solo se llevó la demolición del edificio antiguo, de tres plantas. También la construcción del nuevo teatro, diseñado con siete plantas. El Ayuntamiento le adjudicó las obras en octubre de 2014 por 2,4 millones de euros, a pesar de que era la oferta más cara de las cinco que se presentaron. El informe policial revela como un testigo oyó a Cristóbal Corretje Aznar, el jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento, decir el 19 de noviembre de 2012 que la empresa Dragados realizaría la demolición (antes de que saliera el concurso para ello) y que en otra ocasión escuchó al arquitecto del proyecto que "Dragados realizaría gratis la demolición a cambio de la adjudicación posterior de la construcción". Otros dos testigos declararon en el mismo sentido.

La Policía tiene la certeza además de que también están amañados otros dos contratos relacionados con este teatro, las direcciones de obra de la demolición y de la construcción del centro escénico, contratos que se llevó el arquitecto Julián Vegas Bodelón (Vegas Arquitectura). "En este concurso se vuelve a repetir la tramitación irregular, ya que antes de que se iniciara ya estaba adjudicado". Vegas fabricó incluso en connivencia con responsables municipales las ofertas de otros competidores que se presentaron al concurso para simular que había concurrencia. La presunta contratación irregular de Vegas fue el inicio del caso tras la denuncia del vecino.

Todo un Ayuntamiento bajo sospecha

El 'caso Teatro' ha salpicado a gran parte del equipo municipal que rodeó a Juan Soler en la legislatura 2011-2015. En marzo de 2016 la Policía efectuó las primeras detenciones: María Luisa Gil Madrigal, gerente de la empresa GISA (hoy personal laboral en la Comunidad de Madrid); Cristóbal Corretje Aznar, jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento; y Vicente Navarrete Tamargo (técnico de licencias). En junio se ampliaron los arrestos: Juana Álvaro Hernández (directora del área jurídica de GISA); Óscar Felipe Fola Fuentes (técnico jurídico de GISA); Gema Garrido Ramiro (técnico de proyectos y obras de edificación del Ayuntamiento); y Rudy Lamas Gesto (consejero adjunto de urbanismo del Ayuntamiento).

El caso ha crecido. De la denuncia inicial, la del teatro, se ha pasado a investigar irregularidades en otros cinco contratos municipales. Hay cerca de 50 investigados en total. En noviembre, cuatro ediles del PP, Fernando Lázaro, Pablo Martínez, Paz Álvarezy Antonio José Mesa, fueron citados a declarar en sede policial. Aunque sobre ellos no pesa todavía una imputación judicial, la Policía cree que pudieron cometer los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Los cuatro son hoy concejales en la oposición.

El juzgado de instrucción número 4 de Getafe sabe que si finalmente imputa a Juan Soler perderá el caso, ya que este es aforado por partida doble, como senador y diputado autonómico. Por eso de momento los investigaadores están atando todos los cabos y llamando a declarar a más testigos antes de dar ese paso.