este viernes se prorrogan los de 2016

Una baja por acoso y tres casos judiciales amenazan los presupuestos de Cifuentes

Las cuentas madrileñas se aprobarán en marzo. Pero la mayoría simple del PP no vale si Elena González no se reincorpora o alguno de los tres diputados investigados es imputado y se enroca

Foto: La presidenta regional, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta regional, Cristina Cifuentes. (EFE)

Una baja laboral y tres investigaciones judiciales pueden complicar la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. La presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, tendrá que lidiar en el primer trimestre de 2017 con varios y serios inconvenientes que pueden tirar al traste las cuentas regionales para el próximo año, debido a la frágil mayoría del PP en la Asamblea madrileña. La previsible alianza con Ciudadanos en una votación no garantiza que los presupuestos salgan adelante si alguno de estos cuatro problemas (o más de uno) se enquistan.

Este viernes está previsto que en el último consejo de Gobierno del año el Ejecutivo de Cifuentes apruebe el decreto que prorroga los presupuestos de 2016. No ha habido más remedio. Dos elecciones generales en el último año han retrasado la formación del Gobierno central y por tanto la fijación de unos criterios económicos necesarios para que las Comunidades autónomas aprueben sus cuentas. El objetivo es que una vez prorrogados los presupuestos de 2016 (17.890 millones), los de 2017 se puedan presentar en enero. Ya se conoce el objetivo de déficit (0,6%) y el techo de gasto, y faltan los datos definitivos de los ingresos estatales que recibirá Madrid y la liquidación de la financiación del año 2015. En la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda trabajan a contrarreloj.

Si los presupuestos se presentan en enero, el plazo de alegaciones y enmiendas nos lleva irremediablemente hasta mediados o finales de marzo para su aprobación definitiva en la Cámara madrileña. La dupla PP y Ciudadanos suman 65 escaños, frente a los 64 de PSOE y Podemos. Lo malo es que a día de hoy el PP no tiene garantizados sus 48 votos. El principal problema es la baja laboral de Elena González-Moñux, que ha denunciado por acoso laboral a su portavoz parlamentario Enrique Ossorio (él también la ha denunciado a ella). González está de baja desde el 10 de octubre, sin acudir al Pleno de la Asamblea, y seguirá de baja al menos seis meses más, según fuentes del PP.

La situación entre González y Ossorio es irreconciliable, según las mismas fuentes, y su baja perjudicará la votación de los presupuestos. En la Asamblea de Madrid no existe el voto de calidad del presidente cuando hay un empate. Si este se produce la votación se repite dos veces más. Si el empate no se deshace a la tercera, la propuesta que se está votando decae. La única opción que se baraja de momento es que Cifuentes sea capaz de convencer a su diputada para que acuda al Pleno de marzo en el que se fije la aprobación de los presupuestos.

Pleno de la Asamblea de Madrid. (EFE)
Pleno de la Asamblea de Madrid. (EFE)

Pero González-Moñux no es el único problema a corto plazo que se plantea para el PP de Cifuentes. Tres investigaciones judiciales pueden acabar con la imputación de tres diputados populares en este primer trimestre del año. La más inminente es la de Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares. La Unidad Central Opreativa (UCO) de la Guardia Civil le ha señalado dentro del caso Púnica como presunto receptor de un soborno de 60.000 euros a cambio de conceder un contrato de suministro energético municipal a la compañía francesa Cofely. La intención del juez instructor, Eloy Velasco, según fuentes de la Audiencia Nacional, es enviar este mes de enero a la Asamblea de Madrid la petición para que la Cámara certifique que Bartolomé González es diputado y por tanto aforado.

Paso previo para que la Audiencia Nacional se inhiba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El mismo procedimiento que se siguió con Daniel Ortiz, ya ex parlamentario y ex alcalde de Móstoles. Ortiz dimitió tras ser citado a declarar como investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) también por la Púnica. Los diputados del PP se han comprometido a presentar su renuncia si son formalmente imputados por un caso de corrupción, como hizo Ortiz, pero no hay que olvidar que el acta de diputado es personal y no del partido, por lo que si González se enroca y no se va (él asegura que es inocente) el PP le expulsaría del grupo popular y pasaría al grupo mixto.

En la misma situación se encuentra María José Aguado del Olmo. Otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, la investiga dentro del caso Gürtel por los delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas. A finales de noviembre el magistrado dictó un auto para que Aguado declarara de forma voluntaria, ya que es aforada y si lo hace obligada esa pieza del caso tendría que pasar al TSJM. Si finalmente es imputada también tendría que dejar el acta. Ella asegura que es inocente y que no tuvo nada que ver con el contrato presuntamente amañado que la trama Gürtel se llevó en Arganda del Rey, municipio en la que fue alto cargo. El juez De la Mata está muy cerca de cerrar esa pieza y quiere que Aguado declare cuanto antes.

El tercer frente abierto es el de Juan Soler, ex alcalde de Getafe y hoy senador al igual que diputado autonómico. La UCO también investiga su gestión al frente del Ayuntamiento dentro del caso Púnica, pero lo que le puede sentar en el banquillo en poco tiempo es otro caso que instruye el juzgado de instrucción número 4 de Getafe, más conocido como 'caso teatro'. El último informe de la Policía Nacional implica a Soler en irregularidades en la adjudicación de las obras, según ha publicado la Cadena Ser. El juzgado sabe que perderá el caso si finalmente imputa a Soler, ya que al ser senador debería pasar al Tribunal Supremo. Soler también debería dimitir si finalmente se da ese caso.

Fuentes de la dirección del PP de Madrid esperan que estos tres diputados señalados por la justicia no jueguen con la debilidad numérica del partido en la Asamblea, motivada por la baja laboral de Elena González-Moñux. Temen que si son imputados antes de aprobar los presupuestos fuercen su continuidad amenazando con no dejar el grupo parlamentario y poniendo aún en más riesgo la votación de las cuentas regionales. En este hipotético caso Ciudadanos se pensaría, y mucho, su apoyo a Cifuentes, ya que no aprobaría los presupuestos de la mano de diputados del PP salpicados por corrupción.

Madrid

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