El Tribunal de Cuentas vigilará con cámaras a sus 562 trabajadores para evitar 'trenecitos'

El Tribunal de Cuentas, el órgano que se encarga de fiscalizar a las administraciones y entes públicos, quiere también vigilar que su plantilla cumple con su horario laboral. Para ello, realizó una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para saber si podía utilizar las cámaras de seguridad que protegen su sede "para el control del cumplimiento del horario del personal". La AEPD ha dicho que sí, que puede hacerlo, y el Tribunal de Cuentas acaba de gastarse 41.600 euros en una veintena de cámaras que se suman a las ya existentes tras detectar algunos truquillos de sus empleados, como que tres o cuatro trabajadores se junten en una fila para entrar o salir con la tarjeta de uno solo, lo que dentro de la institución se ha bautizado como 'el trenecito'. Además, el tribunal ha solicitado poder guardar las imágenes más de un mes (el límite legal) para poder utilizarlas en futuros procedimientos disciplinarios, que necesitan más tiempo de tramitación.

El Tribunal de Cuentas trasladó sus oficinas, temporalmente, al número 100 de la calle José Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca, al mismo edificio que había sido la sede de la Concejalía de Servicios Sociales dirigida por Ana Botella. El inmueble es propiedad de la inmobiliaria Colonial, y el Tribunal de Cuentas pagará alrededor de 1,8 millones al año por el alquiler. La institución tiene una segunda sede, más pequeña, en la calle Padre Damián. La propiedad de las grabaciones que recogen las cámaras de estas dos sedes pertenece al tribunal, pero son gestionadas por el equipo de Policía Nacional asignado allí.

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El 29 de junio de 2016, la secretaria general del Tribunal de Cuentas, Ana Puy Fernández, consultó a la Agencia Española de Protección de Datos si el tribunal "podía utilizar para el control del cumplimiento del horario del personal a su servicio el sistema de vídeo vigilancia que ya está instalado para fines de seguridad pública en la zona interior de entrada de los edificios sedes del tribunal". El control de acceso a Ortega y Gasset, donde trabajan 562 empleados, se realiza a través de un sistema de tarjetas personales e individuales para abrir los tornos de la entrada y las puertas que conducen a los garajes. Este sistema, según la secretaría general, sirve para "asegurar un tránsito ordenado de personal y de visitas, y para realizar las anotaciones de entrada y salida en el control horario de los empleados".

Sin embargo, la secretaría general cree que este control del acceso no es "fiable" en algunos casos que al parecer se han detectado en la institución, como por ejemplo que el sistema anote que el empleado ha fichado, es decir, ha entrado, pero no lo ha hecho, el intercambio de las tarjetas entre el personal, y las entradas y salidas sucesivas de varias personas presentando una única tarjeta. "En el caso de los tornos, se consigue mediante la entrada en fila". Un sistema que los trabajadores han bautizado como 'el trenecito', tres o cuatro trabajadores en fila pegados y entrando gracias a una solo tarjeta.

"Ante las insuficiencias referidas de los sistemas de control de horario, se plantea la necesidad de utilizar un sistema adicional que deje constancia del cumplimiento real del horario por parte de aquellos empleados públicos respecto de los cuales existan dudas acerca de la corrección de sus registros de entrada y salida. En concreto, cabe la posibilidad de utilizar para ello el sistema de vídeo vigilancia que ya está instalado para fines de seguridad pública en la zona interior de entrada", señala Ana Puy en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial.

"Inasumible" y "antidemocrático"

La Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas (ACLA) ha mostrado su "estupor" ante las supuestas conductas de los empleados que la secretaria general, Ana Puy, describe en el escrito de consulta enviado a la Agencia Española de Protección de Datos. "No tenemos noticia de que ningún asociado nuestro haya realizado supuestos fichajes ficticios sin entrada real en la sedes del tribunal, ni que se haya escapado saliendo en fila o por la puerta del garaje, o intercambiando fichas. Se trata de conductas pueriles, totalmente inapropiadas en personas que ocupan puestos de responsabilidad en nuestro tribunal y que, por ello, demandan un buen nombre e imagen", señala el portavoz de ACLA en un escrito enviado a la dirección del tribunal el pasado 16 de noviembre.

"Por último, tampoco tenemos noticia de haberse incoado expedientes disciplinarios como consecuencia de infracciones cometidas por medio de las conductas descritas. En definitiva, dichas afirmaciones vertidas en la consulta [de la secretaria general] resultan inasumibles, no solo por la falta de confianza que demuestra en los funcionarios del tribunal, sino sobre todo por cuanto significa extender de forma indiscriminada, sobre todo el personal, una sospecha de incumplimiento cuasi delictivo de los deberes que nos incumben", señalan desde ACLA.

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UGT califica de "medida innecesaria y totalmente desproporcionada" que ahora se quiera controlar el horario de los trabajadores con las cámaras. "Con preocupación e indignación, hemos deducido de la consulta una especial desconfianza respecto a los trabajadores del tribunal. Este tipo de seguimientos por desconfianza hacia el trabajador se parecen más a prácticas antidemocráticas que ya creíamos superadas desde la Constitución de 1978", señala el sindicato. "Desgraciadamente, los propósitos de control de la secretaria general, entre los que no se atisba límite alguno, resultan reveladores de una modalidad de represión laboral que podría dar lugar a la falta de garantías suficientes para los empleados públicos en el desempeño de su trabajo".

El aval de la Agencia de Protección de Datos

El Tribunal de Cuentas tiene el aval de la Agencia Española de Protección de Datos, que contestó al órgano fiscalizador un mes después de su consulta, en julio. "Los sistemas de vídeo vigilancia también pueden perseguir otros fines, distintos a los de seguridad, como puede ser el control laboral de los trabajadores, que aparece amparado por el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal". La agencia, no obstante, informó al tribunal de que antes de usar las cámaras con este propósito, hay que informar a los trabajadores y a sus representantes.

En marzo, el Tribunal Constitucional avaló el uso de cámaras en el puesto de trabajo sin consentimiento del empleado, siempre y cuando la finalidad sea comprobar el cumplimiento del contrato. Según esta sentencia, el deber de informar a los trabajadores de que se les graba con cámaras está cumplimentado usando distintivos informativos en lugares visibles. "Esta semana, han empezado a poner las pegatinas que informan de las cámaras en varias zonas de la sede del tribunal", explican varios trabajadores.

El Constitucional ha avalado el uso de cámaras en el puesto de trabajo sin consentimiento del empleado para comprobar el cumplimiento del contrato

El uso de las cámaras, que están en el exterior y los accesos, no en los puestos de trabajo, "no supone una monitorización constante de los trabajadores durante la totalidad de su jornada laboral, sino en unos ámbitos y momentos concretos y determinados, relacionados con el interés legítimo del solicitante de verificar el cumplimiento de los horarios de trabajo y control de presencia", señala la Agencia de Protección de Datos.

Nuevos ficheros de datos

A finales de septiembre, el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó la modificación de los ficheros de datos de carácter general, que entraron en vigor el 1 de noviembre. El acuerdo ha actualizado la regulación de 11 ficheros y ha creado otros ocho. El número 17 tiene por finalidad "la vigilancia de las instalaciones del tribunal a través de un sistema de cámaras, sin perjuicio de que los datos contenidos en este fichero puedan trasladarse al fichero 7, el de control de asistencia de todo el personal al servicio del tribunal". En este último fichero, el 7, solo se utilizarán "las imágenes específicas y concretas relativas a la infracción observada en materia de control de presencia, y en ningún caso la totalidad de las imágenes en las que no se haya apreciado ninguna irregularidad".

El tribunal también consultó a la agencia si las imágenes grabadas por sus cámaras se podían conservar más de un mes (el límite legal para destruirlas), ya que, de lo contrario, "se impediría la utilización de las imágenes obtenidas como medio de prueba, ya que la tramitación de un expediente disciplinario se puede prolongar por mucho más tiempo". La agencia señala que sí, que se pueden conservar las imágenes más de un mes, ya que este límite solo rige para las finalidades de vigilancia, no para el control laboral.

Aclaración del Tribunal de Cuentas

El Confidencial se pusó en contacto con el Tribunal de Cuentas antes de publicar esta información para recabar su versión. Este viernes, una vez publicado, el órgano fiscalizador ha querido hacer la siguiente aclaración: 

"El Tribunal de Cuentas ha adjudicado, por un precio de 41.677,77 euros (IVA incluido), el contrato de un sistema integral de protección y seguridad física para el edificio de su sede de la calle José Ortega y Gasset, nº 100, de Madrid, no para la adquisición de cámaras de vídeo vigilancia. Estas ya existían en el edificio".

"Esta contratación es consecuencia del estudio de las medidas de protección y de seguridad física en los accesos que, a iniciativa del Ministerio del Interior, ha realizado por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana para la elaboración del Plan Integral de Seguridad de esta sede, un Plan que fue evaluado por personal técnico de la Comisaría Especial del Congreso y del Senado, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas".

"El Tribunal de Cuentas comunicó a todo su personal la utilización de las cámaras de video vigilancia, a esos efectos de control de asistencia, así como de que se realizaba conforme a lo indicado por la Agencia Española de Protección de Datos y la doctrina del Tribunal Constitucional. Esta comunicación se ha realizado, tanto mediante una nota informativa, como con la colocación de distintivos informativos en lugares visibles".

"El personal al servicio del Tribunal de Cuentas actúa con absoluta profesionalidad en el cumplimiento de sus funciones. La adopción de los sistemas de control con las adecuadas garantías legales, va dirigida a asegurar no sólo la presencia y el control de incidencias del personal, de acuerdo con los principios éticos y los deberes previstos en el Código de Conducta del Estatuto Básico del Empleado Público, sino también su propia seguridad".