Caso Ivima: la jueza rechaza al perito que eligió la hermana del ministro de Justicia
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da cinco días para nombrar otro

Caso Ivima: la jueza rechaza al perito que eligió la hermana del ministro de Justicia

La titular del juzgado 48 y la Fiscalía no quieren al inspector propuesto por Raquel Catalá, delegada de la Agencia Tributaria, por su vinculación con una de las firmas investigadas

placeholder Foto: Juan Van-Halen, cuando declaró en el juzgado.
Juan Van-Halen, cuando declaró en el juzgado.

El caso Ivima sigue estancado en el juzgado número 48 de Madrid. La magistrada Concepción Jerez ha rechazado el perito que le ha propuesta la Agencia Tributaria "con el fin de evitar ulteriores incidentes de tacha o recusación". A la jueza no le gusta el inspector que le ha designado la delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid, Raquel Catalá Polo, hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en un auto fechado el pasado 24 de noviembre da cinco días a Hacienda para "que designe un nuevo perito para los fines interesados".

El juzgado lleva más de un año esperando que Hacienda nombre dos peritos que lo auxilien en la investigación de la venta de las 2.935 viviendas protegidas que el Ivima hizo al fondo Azora-Goldman Sachs. Una reclamación que también apoya la Fiscalía. La primera petición se hizo en enero de este año y la segunda, en septiembre. La respuesta por parte de la Agencia Tributaria no llegó hasta el pasado 3 de noviembre, cuando en un escrito de tres folios, Catalá explicaba a la magistrada que el fisco dispone de escasos medios y le sugería que acudiese a otro departamento, la Intervención General del Estado, para que la ayudase en las funciones que reclamaba. Finalmente, Catalá proponía el nombre de un solo inspector (y no dos, como pedían el juzgado y la Fiscalía) para apoyar la investigación.

Foto: Juan Van Halen, cuando declaró como investigado. (EFE)

Pero el elegido, A. L. H., no es del agrado de la Fiscalía ni de la jueza. "No procede tenerle por designado" debido a que el inspector tuvo hasta hace pocas fechas "vinculación indirecta" con una de las sociedades objetivo de investigación, concretamente con la sicav Bussola 99, que fue gestionada por el BBVA. El inspector fue apoderado del BBVA hasta el 29 de julio de 2016, y de su filial inmobiliaria Anida Desarrollos Inmobiliarios hasta el 3 de octubre de 2016.

Precisamente esta sicav está siendo investigada dentro del caso. Pablo Cavero, consejero de Vivienda y máximo responsable del Ivima cuando se produjo esta venta, llegó a tener 800.000 euros en este vehículo de inversión. El primer juez instructor del caso quería que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria investigara las posibles conexiones societarias entre las empresas que participaron en esta operación de compra y la sicav de Cavero. Este dejó su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid (su último cargo público) a finales de agosto.

Pablo Cavero.Ya han declarado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) el que fuera director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid Juan Van Halen-Rodríguez, que tuvo que dimitir como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, y la que fuera directora gerente del Ivima Ana Gomendio. Ambos ya desfilaron por la comisión de corrupción que puso en marcha la Asamblea de Madrid para investigar esta venta.

Malversación

El juzgado (que ha cambiado de titular durante la instrucción) ha solicitado la ayuda de Hacienda para proceder "al análisis de toda la documentación de contenido económico con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos", es decir, investigar si alguien pudo lucrarse en esta venta. La investigación judicial quiere indagar si la Comunidad de Madrid cometió durante el mandato de Ignacio González (PP) malversación de caudales y prevaricación.

En enero de este año, el primer instructor del caso, Ignacio Bigeriego, decretó que se volvieran a valorar todas las casas para saber si la tasación de la venta fue correcta (trabajo que ya está haciendo un miembro del cuerpo de Arquitectos Superiores de Hacienda) y se investigaran las "relaciones" entre las sociedades implicadas en la venta: Azora, Goldman Sachs y Encasa Cibeles (la empresa que crearon las dos anteriores para materializar la compra de los pisos). Labor para la que son necesarios los peritos de Hacienda. Azora se hizo con los pisos en agosto de 2013 por 201 millones de euros.

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