Un alcalde del PP pagó un máster a su hija concejala con dinero del Ayuntamiento

"Adjunto la factura correspondiente al pago del segundo plazo de la matrícula del Máster en Política Territorial y Urbanística (Curso 2001/02) de doña Olga Fernández Fernández. La Universidad pasará el cargo la semana que viene". El escrito lo recibió el 20 de septiembre de 2001 el Ayuntamiento de Serranillos del Valle, una pequeña localidad madrileña gobernada entonces por el PP. El 28 de septiembre, una semana después, la Universidad Carlos III de Madrid recibía una transferencia de 2.557 euros de la cuenta oficial del consistorio.

Olga Fernández era entonces concejala de Urbanismo. Y la localidad la gobernaba su padre, Evelio Fernández, que estuvo en la Alcaldía más de 20 años. Precisamente Olga, que en 2003 sustituyó a su padre como regidora del municipio, se sienta el próximo 22 de noviembre en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada de malversación. No por el máster, un gasto desconocido hasta ahora, sino porque cuando era alcaldesa se compró dos bolsos de Purificación García valorados en 370 euros y los cargó a la Visa del Ayuntamiento.

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La fiscalía pide dos años de prisión y una multa de 1.080 euros. Ella siempre ha defendido que no los adquirió para sí misma sino que fueron dos regalos para dos funcionarias de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid porque agilizaron para el municipio la tramitación de unas subvenciones. Una versión que no se pudo acreditar durante la fase de instrucción. Fernández dejó la Alcaldía en 2011. Ahora es concejala del PP en la oposición. Fernández también fue imputada el año pasado por la Audiencia Nacional dentro del 'caso Púnica' por adjudicar cuando era vicepresidenta de la Mancomunidad del Suroeste (que agrupa a varios municipios de esa zona de la región) un contrato de recogida de ropa usada a una empresa de la trama que no tenía trabajadores y que no estaba dada de alta en la Seguridad Social.

El nuevo equipo municipal (una coalición de los independientes Transparencia y Democracia y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos) también ha denunciado este verano ante la fiscalía a Olga Fernández, a la que acusa de los delitos de falsedad de documento público y privado, prevaricación y malversación de fondos públicos. Como adelantó 'El País', en 2008 el Ayuntamiento dirigido por Fernández pidió una subvención de 30.000 euros a la Comunidad para realizar las obras de una plaza, trabajos por lo que una empresa privada solo se llevó 7.000 euros. El nuevo equipo municipal descubrió además que esta firma hizo poco, solo la instalación eléctrica, ya que la plaza la ejecutaron operarios del consistorio.

Un máster de 10.800 euros

La nueva documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial acredita que el Ayuntamiento también pagó el máster a Olga Fernández cuando esta era concejala a las órdenes de su padre. El coste de ese curso era de 10.800 euros hace ocho años. La carta que el Consistorio recibe en septiembre 2001 por parte de la universidad habla del segundo pago de la matrícula, que asciende a 2.557 euros. Olga Fernández ha reconocido a El Confidencial que hizo el máster, pero ha preferido no hacer más comentarios hasta no hablar con su abogado.

Fuentes del PP que aquellos años compartieron pleno con Fernández señalan que durante esa época muchos ediles trabajan sin sueldo, por lo que se decidió que Fernández, que llevaba los temas de urbanismo en un municipio que quería crecer en población, tuviera una formación extra que le ayudara a desempeñar su labor. Fernández perdió la Alcaldía en 2011 tras un pacto entre el PSOE y los independientes de Antonio Sánchez Fernández, que hoy también está imputado en el 'caso Púnica'.

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David Fernández

La deuda de Serranillos asciende actualmente a los 18 millones de euros (4.500 euros por vecino), una dura losa que el consistorio arrastra por la gestión de anteriores alcaldes. El penúltimo en el cargo, Antonio Fernández Sánchez. La trama campó a sus anchas en la localidad, amañando un contrato de eficiencia energética que hipotecó a la ciudad (4,7 millones durante 15 años) y falseando facturas para pagar el servicio de deportes, adjudicado a una de las empresas del cabecilla, David Marjaliza. El exrregidor está en litigios con el Ayuntamiento porque reclama judicialmente 7.600 euros en salarios atrasados.