El desafío al CIE y los DNI municipales enfrentan al Ayuntamiento de Madrid

El debate social lleva días asentado en el Ayuntamiento de Madrid y ha terminado por enfrentar a los grupos políticos del consistorio, que esta semana aprobaron en el pleno municipal dos de las propuestas más polémicas de los últimos meses: la petición formal para cerrar el CIE de Aluche y la creación de las llamadas tarjetas de vecindad, que permitirán a los inmigrantes irregulares acceder a los servicios municipales sanitarios, educativos, de ocio y cultura... además de obtener una identificación válida. En sendas votaciones se armaron dos frentes muy significativos con argumentos compartidos: Ahora Madrid y PSOE votaron a favor de ambas, mientras que PP y Ciudadanos lo hicieron en contra. La oposición reprocha al Gobierno de Manuela Carmena dedicar gran parte de su tiempo a ocuparse de cuestiones en las que "no tienen competencia" y generar conflictos con las administraciones encargadas: el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno dependiente del Ejecutivo nacional de Mariano Rajoy.

La iniciativa del DNI municipal, que empezaría a funcionar con la "población más vulnerable" en palabras de su impulsora, la portavoz socialista Puri Causapié, terminó por levantar ampollas en el grupo popular dirigido por Esperanza Aguirre, que advierte "del efecto llamada a la ilegalidad" que supondrá si el Ayuntamiento dota de un documento de este tipo "a todas las personas que aparezcan" en la Administración sin poder acreditar su identificación. Según los datos del área de Equidad y Derechos Sociales encabezada por Marta Higueras, en algunos distritos de Madrid la población extranjera supera el 20 por ciento y muchos de ellos carecen de una documentación válida.

La oposición reprocha al Gobierno de Manuela Carmena dedicar gran parte de su tiempo a ocuparse de cuestiones en las que "no tienen competencia"

Mientras que el PSOE-M y Ahora Madrid insisten en "no dar la espalda" a las personas más vulnerables que más lo necesitan", los centristas liderados por Begoña Villacís y los conservadores acusan al Ejecutivo local de "retar" continuamente a otras instituciones del Estado, no respetando su ámbito competencial y creando "falsas expectativas" a la población migrante a sabiendas de que solo el Ministerio del Interior tiene la capacidad de dispensar documentos identificativos como el DNI o el pasaporte. Los populares, de hecho, insisten en que la denominada tarjeta de vecindad está dirigida "a las personas que no tienen documentación", ya que las personas migrantes —independientemente de su situación administrativa en Madrid— pueden empadronarse con un documento identificativo aunque sea externo.

Según el plan inicial, la tarjeta debería acabar en las carteras de todos los madrileños, entre otras cosas para simplificar procesos administrativos, ya que el objetivo es que concentre todos los servicios municipales a los que los ciudadanos tengan acceso. Desde la biblioteca o la tarjeta sanitaria hasta el abono transporte, para lo que el consistorio emprenderá una negociación con el consorcio de cara a lograr un acuerdo al respecto.

Una decisión que las asociaciones de inmigrantes aplauden, aunque todavía prefieren ser prudentes hasta su implantación. Miembros de la ONG Karibu —Amigos del Pueblo Africano— reconocen que es un buen paso, aunque insisten en que "habrá que esperar" para ver el funcionamiento real de la misma: "Si es de control para los legales o de acceso a los ilegales". También la Comunidad de Madrid amagó con poner en marcha una tarjeta similar... de la que no volvió a haber noticias. "Esperábamos que se pusieran de acuerdo las dos administraciones. Al final parece que no", concluyen.

La exigencia formal para cerrar el CIE de Aluche vía moción de urgencia terminó de agitar al bloque formado por PP y Ciudadanos, que no solo votaron en contra en el pleno municipal, sino que atacaron los argumentos del equipo de Gobierno. La propuesta salió adelante por el voto de calidad de la alcaldesa, al haberse producido un empate, y solicitaba de inmediato al Congreso de los Diputados constiuir una comisión parlamentaria que replantee la normativa referida a extranjería. En opinión de Ahora Madrid, el funcionamiento del CIE que hizo saltar todas las alarmas la pasada semana a causa de un motín de 39 inmigrantes agrupados en la azotea "ha demostrado durante años no conseguir sus objetivos institucionales y no respetar de manera significativa los derechos de los vecinos y vecinas que lo habitan".

Populares y centristas arremetieron contra la propuesta acusando al equipo de Gobierno de hacer política "partidista" y "llamar a la insumisión" de las leyes estatales pese a que el consistorio "no tiene competencias" en esta materia. Duras críticas a las que la concejal de Ciudadanos, Silvia Saavedra, puso la guinda tildando de "cantamañanas" al PSOE-M por garantizar su apoyo a Ahora Madrid... y poniendo negro sobre blanco los dos bloques existentes en el Ayuntamiento en los debates más recientes. Precisamente, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene prevista una visita al CIE el próximo miércoles acompañada de una delegación del Ayuntamiento.