correa defraudó 22 millones al fisco

El negocio dorado de la Gürtel: 354 millones en contratos (presuntamente) amañados

120,7 millones corresponden a la primera etapa que se empieza a juzgar este martes. Bárcenas y Correa ya han llegado a la Audiencia Nacional

Foto: Francisco Correa, en sus años dorados, en una imagen incluida en el sumario.
Francisco Correa, en sus años dorados, en una imagen incluida en el sumario.

Las cifras son faraónicas. Es lo que se merece un caso que lleva ya más de siete años de instrucción y casi un millón y medio de folios de sumario (algunas piezas siguen todavía abiertas). Y revelan la importancia del primer gran episodio de corrupción de nuestra historia más reciente. Luego vendrían muchos más, los ERE en Andalucía, el caso Nóos, Púnica, caso Pujol..., pero la trama Gürtel inició una era, abrió un camino. Este martes, la Audiencia Nacional juzga las andanzas de la red corrupta en su primera etapa (1999-2005), que sentará en el banquillo a 37 acusados (otros procesados se quedaron por el camino, fallecidos o apartados por grave enfermedad) y hará desfilar a unos 300 testigos. 

Pero lo que importa es el dinero, lo presuntamente robado, saqueado y burlado de las arcas públicas. Sin contar la seis piezas valencianas, la trama dirigida por Francisco Correa ha amañado contratos por valor de 353,6 millones de euros en todas las administraciones bajo sospecha: Comunidad de Madrid, Gobierno de Castilla y León, ayuntamientos de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey, los consistorios andaluces de Estepona y Jerez, y AENA (el operador aéreo que depende de Fomento). Es una cantidad mínima, ya que los diversos informes de la Policía, de Hacienda y de la Intervención del Estado no han podido cuantificar, por ejemplo, la cifra exacta que tres de los imputados ocultaron de los fondos públicos que el PP se gastó en actos electorales en 2003 y 2004.

El extesorero del PP Luis Bárcenas es uno de los que se sentarán desde este martes en la Audiencia Nacional.
El extesorero del PP Luis Bárcenas es uno de los que se sentarán desde este martes en la Audiencia Nacional.

Este martes, en la Audiencia solo se juzga parte de esos amaños, los perpetrados dentro del Gobierno regional de Madrid que presidía Esperanza Aguirre, en el Ayuntamiento de Madrid que digiría José María Álvarez del Manzano, en la Junta de Castilla y León bajo el mando de Juan Vicente Herrera, y en los consistorios de Pozuelo y Majadahonda (ambos en Madrid) y en Estepona (Málaga). Según un estudio que ha hecho El Confidencial de los últimos informes aportados en la causa, de los 353,6 millones analizados, 120,7 millones se amañaron durante esta primera etapa. Solo en esos años, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, defraudó al fisco 22 millones de euros, según el último informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario, lo que da una idea del volumen de comisiones que manejaba por amañar esos contratos.

El negocio era redondo. Correa no solo amañaba contratos para sus propias empresas (llegó a crear una complicada red de sociedades controladas por testaferros y colaboradores), sino que enseguida se dio cuenta de que también era muy lucrativo cobrar comisiones por amañar contratos que se llevaban otras compañías. Castilla y León fue donde empezó. La Fiscalía Anticorrupción cree que Correa, con la ayuda de Luis Bárcenas y el exdiputado y exsenador del PP Jesús Merino, amañó la adjudicación de tres contratos licitados por la Junta por valor de 31,2 millones de euros: dos tramos de carreteras por valor de 8,7 millones y la construcción de un centro de tratamiento de residuos en Salamanca por 22,57 millones de euros. Por estos apaños, Correa se llevó al menos 1,22 millones en comisiones, y Jesús Merino, otros 331.737 euros.

Correa, Merino, Bárcenas y Jesús Sepúlveda (exsenador, exalcalde de Pozuelo y exmarido de la ministra Ana Mato) crearon en octubre de 2001 la empresa Spinaker 2000 SL. Esta sociedad tenía participaciones en otra, Rialgreen, que se encargaba de actos publicitarios. El PP contrató a Rialgreen para las elecciones municipales, autonómicas, generales y al Parlamento Europeo que se celebraron en los años 2003 y 2004. Según la Fiscalía, los cuatro procesados diseñaron este entramado empresarial para conseguir ilícitamente "los fondos públicos" que recibió el PP para la financiación de estos comicios y que se destinaron a pagar los gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal, a través de una facturación ficticia". Es decir, dirigentes del PP facturando al propio partido a través de empresas pantalla para llevarse los fondos públicos que el Estado destinaba a la formación para sus gastos electorales. Los investigadores han conseguido concretar un 'modus operandi', pero no la cantidad total de fondos públicos defraudados. 

Majadahonda y Pozuelo

Tras Castilla y León llegó Madrid. La mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajó en el Ayuntamiento de Majadahonda. En ese municipio, tradicionalmente controlado por el PP, Correa hizo su agosto: 27,7 millones en contratos amañados para sus propias empresas y para otras. El último escrito de la Fiscalía revela que el entonces alcalde, Guillermo Ortega, apodado 'la rata' por la trama, se forró aceptando todo tipo de comisiones, dádivas y cohechos. En solo cuatro años, Anticorrupción acusa a Ortega de llevarse 2,56 millones de euros de la trama y de otras empresas ajenas a la misma, ya que Ortega aprendió el sistema y lo empezó a aplicar con otras compañías que llegaban al municipio y no tenían nada que ver con la red de Correa. Ortega camufló parte de su fortuna en Suiza. La Fiscalía pide 50 años de cárcel para él.

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.
El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.

Y de Majadahonda a Pozuelo, el municipio que dirigió su amigo Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra Ana Mato. En esta localidad, Correa hizo y deshizo a su antojo, aunque el trozo de la tarta fue menor: 4.945.098 euros. Las empresas de Correa recibieron contratos menores por valor de 245.953 euros y otros 66.702 euros a través de empresas pantalla. La mayoría de los muebles que había que cambiar en el consistorio se facturaban a Correa, otros 49.195 euros. 

Así no es de extrañar que Sepúlveda fuera uno de los políticos mejor agasajados por la trama. Entre 1999 y 2005 percibió, como mínimo, un total de 732.640,37 euros: 449.017 euros en efectivo, servicios turísticos por valor de 50.331,82 euros, otros 31.580,99 euros en regalos a familiares, 5.108 euros en eventos familiares (lo ya famosos cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y Mato) y dos coches de lujo, valorados en 83.000 y 52.000 euros. En Majadahonda y Pozuelo, el PP está imputado como partícipe a título lucrativo, ya que la trama pagó actos electorales por valor de 236.864 euros. También están imputadas a título lucrativo las dos mujeres que estaban casadas con los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo durante esos años, Gema Matamoros y Ana Mato.

El exconsejero Alberto López Viejo, con el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero.
El exconsejero Alberto López Viejo, con el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero.

Los actos electorales de Aguirre

El Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre también fue un campo abonado para las semillas de Correa. Aunque Aguirre presume de haber destapado la Gürtel, la Fiscalía cree que la trama, en connivencia con el exconsejero Alberto López Viejo, amañó al menos 348 actos del Ejecutivo autonómico por un valor de 8.754.066 euros. lo que permitió a las empresas de Correa llevarse de forma ilícita 4,9 millones, dinero en el que se incluye la comisión de entre el 5 y el 11% que cobraba López-Viejo por las adjudicaciones. En total, el expolítico se llevó 875.000 euros por favorecer a la red.

Correa organizó todo tipo de actos para Aguirre: inauguraciones, actos contra el terrorismo, exposiciones infantiles, memoriales en honor a Jesús Gil, campañas culturales, belenes en Navidad, la fiesta del ascenso del Getafe, actos contra el cáncer, para reforestar un parque... incluso la visita de Bill Gates. Todo caía en manos de Correa, gracias al buen hacer de su amigo López Viejo, que fue viceconsejero de Presidencia e Interior (entre mayo de 2004 y junio de 2007) y consejero de Deportes (desde junio de 2007 hasta febrero de 2009).

La impunidad era tal que Correa incluso diseñó aplicar un sobrecoste al contrato público para que de ahí saliera la comisión que tenía que dar a López Viejo. La gratificación se incluía en los costes de la adjudicación en un concepto tan genérico como 'varios'. Barra libre. Y sobre ese sobrecoste, Correa aplicaba también el porcentaje que como margen de beneficio pretendía obtener. "De ese modo, las empresas vinculadas a Correa no solo se ahorraban el pago de las correspondientes comisiones imputándoselo a las entidades adjudicadoras, sino que, además, obtenían el correspondiente beneficio de esas comisiones con cargo a fondos de la comunidad", señala el sumario. 

Antes de llegar a la comunidad, Correa conoció a López Viejo en el Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de José María Álvarez del Manzano. Allí amañaron el primer contrato: la gestión del servicio público de limpieza viaria. La zona 3 se adjudicó en septiembre de 2002 a la empresa SUFI a cambio de la correspondiente comisión. El contrato fue de 48 millones de euros. Correa se llevó una comisión de 1.232.074,8 euros, y López Viejo, de 682.197 euros. SUFI recuperó parte de los fondos entregados a los imputados a través de facturas que reflejaban servicios inexistentes. Todo un chollo.

Este primer juicio también juzgará los pinitos que la trama hizo en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga): contratos amañados por valor de 55.973,18 euros. El ex alto cargo del consistorio que ayudo a amañarlo, Ricardo Galeote, se llevó regalos por valor de 7.484,32 euros, cantidad que ya incluía dádivas a cuenta de futuras contrataciones públicas, según la Fiscalía.

Boadilla y Época II

La Gürtel es mucho más. Queda por juzgar la pieza de Boadilla del Monte (en 2017) y cerrar la Época II (2006-2009), donde se analiza la parte internacional de la trama (la evasión de capitales) y el gran pelotazo de Correa en Arganda del Rey. Sin olvidar las pequeñas piezas de AENA y Jerez de la Frontera. Otros 233 millones en contratos amañados. Boadilla fue el gran epicentro de la trama, mucho más que Pozuelo y Majadahonda. Por eso ha necesitado un pieza separada.

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.
El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

Solo las empresas de Correa se llevaron en Boadilla contratos por 2,8 millones de euros bajo el mandato de uno de los personajes más mediáticos de la trama, Arturo González Panero, alias 'el Albondiguilla'. Correa también actuó de comisionista en el municipio, consiguiendo contratos para otros empresarios. Boadilla fue la milla de oro para la trama. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, analizó uno por uno los 15 grandes contratos llevados a concurso público que se movieron en Boadilla durante la etapa Gürtel. En total, 15 adjudicaciones que suman 149 millones.

Queda Arganda. Otro reciente informe de la IGAE revela que entre 2005 y 2009, el Ayuntamiento de Arganda adjudicó a la Gürtel un total de 1.164.202,59 euros. La mayor parte de los contratos fueron amañados, fraccionados y calificados como menores o urgentes sin necesitarlo, para poder ser adjudicados mediante el procedimiento negociado y sin publicidad. Además, el 25 de noviembre de 2004, el consistorio adjudicó a Martinsa una parcela valorada en 77,2 millones de euros para que la constructora levantara 1.580 viviendas. Los investigadores sospechan que la comisión de Correa por este pelotazo ascendió a 25 millones.

La pieza de AENA también ha sido cerrada. El juez entiende que 22 contratos que AENA concedió a cinco empresas de Correa, por valor de 2,35 millones de euros, estaban amañados. Cinco de ellos, que suman 1,37 millones de euros, fueron contratos para que el operador aeroportuario participara en ferias de turismo en los años 2001 y 2002. Por último, la pieza de Jerez de la Frontera. Entre las nueve personas procesadas en esta causa, que instruye la legalidad de cuatro adjudicaciones del consistorio por 355.391 euros, figuran varios ex altos cargos municipales del PP. Al final, el Tribunal Supremo ha archivado provisionalmente la investigación contra la exalcaldesa de Jerez y actual diputada del PP María José García-Pelayo.

Madrid

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