El fondo Fidere no renueva el alquiler a la portavoz de la asociación que les denunció

Fidere Patrimonio, la sociedad de inversión inmobiliaria constituida por el fondo Blackstone, ha decidido no renovar el contrato de alquiler a los padres de Arancha Mejías, la presidenta de la asociación que llevó a los tribunales a Fidere después de que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, vendiera a este fondo 1.860 viviendas protegidas. Arancha explica a El Confidencial que este lunes han recibido un burofax de Fidere informándoles de "nuestra voluntad de no prorrogar el citado contrato de arrendamiento". Fidere anuncia a la familia de Mejías que deberán abandonar la casa el 6 de octubre. La sociedad Fidere prefiere no hacer ningún comentario.

Arancha, de 27 años, vive con su hermana y sus padres en una vivienda protegida de la calle Jacobeo (distrito de Carabanchel) desde octubre del año 2006, cuando fueron adjudicatarios del piso que promocionó la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). "Está claro que es una venganza. Nosotros hemos cumplido religiosamente en estos 10 años con el pago del alquiler y no somos unos vecinos conflictivos, todo lo contrario. ¿Por qué no nos dejan renovar el contrato o nos permiten adquirir la casa? Legalmente, tenemos las dos opciones, pero Fidere ha decidido unilateralmente que nos tenemos que ir. ¿Por qué? A otros vecinos les han renovado. Y en nuestra promoción hay casas vacías. ¿Por qué nos echan?", se pregunta Arancha Mejías.

El actual equipo municipal, dirigido por Ahora Madrid y Manuela Carmena, ya ha anunciado que llevará a los tribunales la venta de estos pisos protegidos, que el anterior Gobierno local presidido por Ana Botella ejecutó en julio de 2013. Carmena tomó esta decisión después del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que revelaba una serie de irregularidades. En su informe, fechado el pasado 30 de junio, la Cámara de Cuentas concluyó que no existió justificación para que se vendieran los pisos protegidos, ya que la operación carecía de la "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos". El ayuntamiento acaba de concluir una comisión de investigación sobre este asunto. La concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ofrecerá este lunes una rueda de prensa para informar de la actual situación de algunos afectados.

"Tal y como dispone el artículo 10 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, y una vez transcurrido el plazo pactado establecido en la estipulación segunda del contrato de arrendamiento suscrito, pongo en su conocimiento, dentro del plazo legalmente establecido de 30 días, nuestra voluntad de no prorrogar el citado contrato de arrendamiento, debiendo proceder el día 6 de octubre de 2016 a poner a nuestra disposición el citado inmueble, en el mismo estado en que se le hizo entrega".

Mejías: "No nos han dado opción"

Arancha Mejías insiste en que antes de enviarles el burofax, Fidere nunca les ha dado la opción de prorrogar el contrato de alquiler. "Llevamos 10 años viviendo aquí. Ya hemos pagado más de 70.000 euros de alquiler. Nosotros queríamos comprar la casa. Podemos hacerlo o haber renovado el alquiler tres años más. Pero no nos han dado opción. ¿Por qué?, ¿por qué nos quieren echar? No hay motivos", señala la joven.

Después de que la EMV vendiera los pisos a Fidere, los vecinos afectados acudieron a los tribunales. El asunto recayó en el juzgado de instrucción número 38 de Madrid, que lo sobreseyó provisionalmente tras no detectar indicios de fraude, prevaricación y malversación. La asociación de afectados recurrió a la Audiencia Provincial, que lo rechazó. El Ayuntamiento de Madrid espera ahora reabrir el caso gracias al informe de la Cámara de Cuentas. Arancha Mejías ha sido la voz y la cara de los afectados, y ha denunciado públicamente que cuando vence el contrato de alquiler, Fidere solo lo renueva si los inquilinos aceptan pagar un 42% más de alquiler, además de incrementar el recibo de la comunidad y el precio de las plazas de garaje.