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Cifuentes presiona a Alcalá (PSOE): reclama 14,6 millones por la deuda de los autobuses
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el consorcio afirma que aplica la ley

Cifuentes presiona a Alcalá (PSOE): reclama 14,6 millones por la deuda de los autobuses

El Ayuntamiento asegura que tiene hasta 2025 para pagar y que el Consorcio Regional de Transportes es "injusto" con el municipio por ser de otro signo político

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

La deuda asciende a 14,6 millones de euros. Y el Consorcio Regional de Transportes (dependiente de la Comunidad de Madrid) quiere cobrarla. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PSOE con el apoyo de Somos Alcalá, asegura que tiene hasta el año 2025 para pagarla y que el Gobierno regional está siendo "injusto" con este municipio de 198.000 habitantes del este de la región por el simple hecho de ser de otro signo político. El Consorcio rechaza esta acusación, afirma que "su actuación se ajusta a la legalidad", que trata igual a otras localidades en la misma situación, y que quiere ejecutar la deuda "al haberse producido el incumplimiento de dos vencimientos".

Hay una treintena de ayuntamientos madrileños que deben dinero al Consorcio por el sistema de financiación de las líneas de autobuses interurbanos. Alcalá de Henares es el que más adeuda. Con este sistema, el Consorcio suele aportar a cada municipio dinero para que cubra la diferencia entre el coste del billete y lo que realmente cuesta la explotación del servicio. Esta subvención se fija en convenios. Lo normal es que el 50% del déficit de cada línea lo cubra la Comunidad de Madrid, y la otra mitad el Gobierno local.

En el caso de Alcalá, el último convenio se firmó en febrero de 2011. "Pero el municipio ya arrastraba la deuda desde el año 2005, cuando se establece que el servicio de autobuses debe estar financiado por las dos partes", explica Fernando Fernández, concejal de Hacienda. El PP gobernó entre 2003 y 2015. Una veintena de líneas unen Alcalá con Madrid y Alcalá con otras localidades de la región. "Tenemos un calendario de pagos firmado entre 2011 y 2025 para saldar una deuda histórica que este año era de 15,6 millones de euros. Tenemos que pagar un millón de euros cada ejercicio hasta 2023 y luego 1,3 millones en 2024 y 1,3 millones en 2025", señala Fernández.

De hecho, el Ayuntamiento acaba de satisfacer el pago del ejercicio 2016, un millón de euros que se abonó el 6 de mayo, por lo que la deuda se ha reducido a 14,6 millones. Lo malo es que aparte de cumplir con este calendario de pagos, Alcalá de Henares debe abonar también su 50% del déficit de explotación del servicio, ya que los autobuses siguen circulando. El Consorcio reclama ahora otro pago de 1,1 millones. Es decir, no solo hay que pagar deuda, también lo que genera el servicio. "El Consorcio nos presiona y quiere ir por la vía ejecutiva para cobrar. Estamos cumpliendo los plazos del pago de la deuda. Vamos a pedir una reunión con el Consorcio para tratar este tema. No entendemos esta presión, injusta, que se ejerce contra el municipio, y que no se ejercía cuando en Alcalá gobernaba el PP", sentencia Fernández, que recuerda que cuando el nuevo Gobierno llegó al Ayuntamiento se encontró con una deuda de 261 millones de euros.

Compensar para cobrar

Desde el Consorcio aseguran que ya han mantenido reuniones con el interventor municipal de Alcalá, "que conoce la situación. El incumplimiento de los pagos ha sido reiterado y nuestra actuación se ha ajustado a la legalidad. La ley dice que si hay dos incumplimientos de pago se puede reclamar todo el montante de la deuda". Un portavoz del Consorcio, no obstante, asegura que la Comunidad no quiere perjudicar a ningún municipio y que están dispuestos a sentarse a hablar.

La propia Cámara de Cuentas ya aconsejaba en un informe presentado en diciembre de 2015 (que analizaba las cuentas del Consorcio de 2012) que si los municipios seguían sin pagar lo adeudado, la Consejería de Hacienda debía "instruir el procedimiento de compensación de transferencias" (es decir, restar la deuda a lo que la Comunidad les transfiere cada año) para "compensar los pagos hasta la cancelación" del importe debido. La Cámara revela que había 34 localidades madrileñas que no habían pagado su parte en el servicio cofinanciado de autobuses.

La Cámara de Cuentas ya reveló que hay 34 localidades madrileñas que no han pagado su parte en el servicio cofinanciado de autobuses.

Según datos aportados por el Consorcio, Alcalá de Henares pagó 2,1 millones en el año 2012, 5,6 millones en 2013 y ahora un millón en mayo de este año. Pero en 2014 y 2015 la Comunidad tuvo que liquidarles por vía ejecutiva otros 971.000 euros. El "compromiso total pendiente de abono", que el Gobierno regional quiere ejecutar ahora en un solo pago, asciende de 14.614.935 euros.

"¿Por qué el Consorcio no ha ejecutado antes la deuda, cuando gobernaba el PP?", se pregunta Fernando Fernández. "Me temo que no es una pregunta, es la respuesta. Esto le suele pagar a los buenos pagadores. El Ayuntamiento cuando gobernaba el PP no pagaba y no pasa nada, y ahora llega el PSOE y empieza a pagar, y ahora nos exigen lo anterior nos quieren ejecutar la deuda por vía ejecutiva", concluye el concejal del Hacienda, que reclama una reunión con el consejero de Transportes y con el presidente del consorcio "para cambiar el calendario de pagos que firmaron con el PP si no les gusta". El Consistorio de Alcalá recalca que la única deuda pendiente a día de hoy es de 1,1 millones de euros.

La deuda asciende a 14,6 millones de euros. Y el Consorcio Regional de Transportes (dependiente de la Comunidad de Madrid) quiere cobrarla. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PSOE con el apoyo de Somos Alcalá, asegura que tiene hasta el año 2025 para pagarla y que el Gobierno regional está siendo "injusto" con este municipio de 198.000 habitantes del este de la región por el simple hecho de ser de otro signo político. El Consorcio rechaza esta acusación, afirma que "su actuación se ajusta a la legalidad", que trata igual a otras localidades en la misma situación, y que quiere ejecutar la deuda "al haberse producido el incumplimiento de dos vencimientos".

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