El PSOE se une a PP y C's para tumbar la policía comunitaria de Carmena

El plan piloto en los barrios de Lavapiés y Embajadores para la instauración de una policía comunitaria ha sido tumbado esta tarde en el pleno del distrito centro con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. La propuesta transaccionada de populares y centristas deja sin efecto el denominado plan de gobernanza de convivencia y seguridad gracias al respaldo de los socialistas. El concejal del PP y número dos de Esperanza Aguirre, Íñigo Henríquez de Luna, valoró con satisfacción la decisión, al ratificarse el acuerdo plenario del pasado mes de enero para crear una mesa de seguridad y convivencia, pero que anula el proyecto impulsado por el edil de Ahora Madrid, Javier Barbero.

"Es un modelo que no tiene acuerdo ni consenso y que pretende sustituir a nuestras instituciones representativas -entendiendo el pleno de la junta municipal, el consejo de seguridad y la mesa recién creada- por un entramado institucional paralelo que está en las antípodas de lo que pensamos en la oposición", afirmó Henríquez de Luna tras la votación. El grupo conservador se reafirmó en que, en su opinión, el plan de Carmena "equipara a víctimas e infractores" e "impone figuras como los gestores de barrio y los jurados vecinales que controlan a la sociedad pero no dan seguridad".

El denominado 'Plan de gobernanza comunitaria en materia de convivencia y seguridad en el barrio de Embajadores' tenía como objetivo avanzar sobre el modelo clásico de policía comunitaria y, basándose en las buenas prácticas internacionales, "situarse a la vanguardia en métodos de gestión integral, colaboración intersectorial, participación ciudadana y gobernanza de la seguridad ciudadana". Por ello, uno de sus objetivos destacados, según el concejal del distrito Centro, Jorge García Castaño, sería "la dinamización y promoción de espacios y órganos de participación en la seguridad ciudadana de los actores implicados".

El Ayuntamiento tenía previsto iniciar su desarrollo piloto este mismo mes y desarrollar su implantación en fase de pruebas hasta diciembre. Con la transacción de una enmienda entre las tres fuerzas de la oposición, el plan no saldrá adelante. El concejal de Centro, García Castaño, ha respondido, ante las críticas de la oposición durante el debate, que "no se va a suplantar, ni sustituir, ni crear ningún nuevo tipo de policía ni de juzgado". Por otra parte, ha añadido que "en este momento hay una fase de diagnóstico participativo con los vecinos y vecinas de los barrios". El edil de Ahora Madrid ha reprochado a la oposición que "está en contra de conceptos e ideas que no existen en el plan piloto de Lavapiés", para finalmente resignarse a admitir que "suya es la victoria política".

Según explicaron fuentes consistoriales, la votación de este jueves ha paralizado todas las reuniones previstas para este mes y el próximo sobre la creación de la mesa, y será después de verano cuando Ahora Madrid se replantee el plan para lograr el máximo consenso en la oposición. Precisamente la líder de los socialistas madrileños, Puri Causapié, criticó la pasada semana en el debate sobre el estado de la ciudad que el proyecto o estaba "muy mal contado" o estaba "muy mal planteado, porque juzgar solo debe hacerlo el poder judicial". La portavoz del PSOE-M aseguró entonces que si se trataba de un plan de mediación, "ya existen los servicios sociales, que la desarrollan en coordinación con la Policía Municipal".

Así era el plan de la policía comunitaria

Tras la polémica generada en torno a la cuestión de la policía comunitaria, el equipo de gobierno matizó en una rueda de prensa la pasada semana la capacidad de actuación de la misma, desmintiendo que los delitos penales puedan solucionarse a través de ese cauce. Los agentes comunitarios se ceñirían a labores de mediación y a cuestiones de gestión de la convivencia. La idea pasaba por solucionar conflictos vecinales "de manera comunitaria", siempre y cuando no existieran delitos penales, cuya responsabilidad recaerá solo en un juez ordinario. Un ejemplo sería la existencia de un conflicto entre vecinos y empresarios por una cuestión de ruido. Entonces se reunirían los vecinos afectados y la persona encargada del bar en cuestión, acompañados de agentes mediadores para tratar de llegar a una solución común y satisfactoria para ambos.

El sistema a implantar en Madrid pretendía avanzar sobre el modelo clásico de policía comunitaria y, basándose en las buenas prácticas internacionales, situarse a la vanguardia en métodos de gestión integral, colaboración intersectorial, participación ciudadana y gobernanza de la seguridad ciudadana. El plan, que se desarrollaría desde la Unidad Integral de Centro Sur, pensaba comenzar de forma inmediata y prolongarse hasta diciembre. En una primera fase, se centraría en la definición y adaptación del sistema a las características de Madrid, en general, y del barrio de Embajadores, en concreto.

El concejal de Centro, Jorge García Castaño, explicó los objetivos de esta primera fase. “Se trata de elaborar un conjunto de diagnósticos y auditorías participativas sobre la seguridad y la convivencia en el barrio, estudiando las estructuras, procesos y roles de cada actor en el barrio en la seguridad y la convivencia”. También Miguel Ángel Gandarillas, director del Instituto de Innovación en Organización y Desarrollo Social, explicó que “la implantación piloto de este proyecto en el barrio de Embajadores no era ningún experimento", ya que se basaba en métodos probados y regulados en países como Holanda y EEUU.