los sindicatos reclaman un convenio propio

El Canal de Isabel II privatiza los informes con los que sanciona a sus trabajadores

Recurre a bufetes externos para buscar "imparcialidad". Uno de ellos fue DLA Piper, que fue contratado antes de la llegada de Aznar como asesor. El Canal no informa del coste

Foto: Sede de Canal Isabel II Gestión, en Madrid.
Sede de Canal Isabel II Gestión, en Madrid.

El Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, recurre a bufetes privados para elaborar los expedientes que sirven para sancionar a sus trabajadores. Un portavoz del Canal asegura que se contrata a empresas privadas para esta labor para mantener la "imparcialidad" y porque el ente público no tiene servicio jurídico propio para estos temas, debido a que los expedientes que se tramitan son "muy escasos". Los trabajadores acudieron este martes a la Asamblea de Madrid para pedir el apoyo de los grupos de la oposición. Quieren un convenio colectivo propio, que incluya un régimen disciplinario propio que obligue a que los expedientes se lleven internamente desde el departamento de Recursos Humanos. PSOE y Podemos presentarán una proposición no de ley en este sentido.

Uno de esos despachos es DLA Piper, cuyo socio director en España es Juan Picón García de Leaniz, uno de los consejeros que fundaron junto a José María Aznar el Instituto Atlántico de Gobierno. Aznar es también asesor de DLA Piper desde mayo de 2013, aunque el bufete trabajó para el Canal entre 2010 y 2012. En esos dos años, se llevó 70.000 euros, según fuentes no oficiales del Canal. Un portavoz del bufete ha confirmado que trabajó para la empresa pública "en el asesoramiento de expedientes disciplinarios". A partir de 2012, otro de los bufetes ha sido el Estudio Jurídico Fernán González. El último expediente data de mayo de 2015.

Los trabajadores aseguran que desde que perdieron en junio de 2012 su convenio, sus condiciones laborales han empeorado

El PSOE lo califica de "ilógico" y asegura que "se trata de una privatización más de una actividad interna del Canal" que no pasa en ninguna otra empresa pública. Los trabajadores, por su parte, denuncian la opacidad que hay sobre este tema, y que sus derechos han menguado desde que el Canal de Isabel II, una entidad de derecho público (EDP) que actúa como matriz de un grupo más amplio, creó en junio de 2012 la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión. Desde entonces, a los 2.400 trabajadores del ente público no se les aplica el convenio colectivo que tenían, "sino uno estatal que merma nuestras condiciones".

Desde junio de 2012, el convenio colectivo ya no rige en el Canal. Lo hace el convenio estatal de aguas, que limita el tiempo de prescripción de las sanciones entre 10 y 60 días. Uno de los motivos que también utiliza el Canal para recurrir a bufetes externos, "ya que los plazos para sancionar son cortos y se necesita agilidad". Los sindicatos CCOO y UGT acudieron este martes a la Asamblea de Madrid para pedir el apoyo de la oposición, ya que el Canal se ha negado, "por tercera vez", a negociar un convenio propio como el que había antes. PSOE y Podemos se han comprometido a presentar una proposición no de ley que inste al Gobierno regional a que el Canal negocie el convenio, lo que permitiría tener "un régimen disciplinario propio" y que los expedientes se llevaran internamente desde el departamento de Recursos Humanos, explican desde el comité de empresa.

Trabajadores del Canal.
Trabajadores del Canal.

"Una privatización más"

Uno de los trabajadores sancionados gracias a los informes de DLA Piper compareció en la Asamblea de Madrid, en la comisión de deuda que está intentando auditar las cuentas del Canal. Se trata de Juan Arturo Alonso Parra, jefe del Departamento de Construcción de Redes entre 2006 y 2012. Alonso Parra fue suspendido de empleo y sueldo durante tres meses después de que el Canal constatara que una empresa privada, Joca Ingeniería y Construcciones, había percibido 1,49 millones por trabajos que finalmente no realizó. El extrabajador negó irregularidades. El director general del Canal, Adrián Martín, también compareció en febrero en la Asamblea para explicar esta adjudicación, aunque no especificó el grado de responsabilidad de los tres empleados expedientados. 

Los sindicatos aseguran que los bufetes han llevado a cabo una decena de expedientes desde el año 2010 hasta la actualidad. "No solo el de Joca, también, por ejemplo, realizaron un informe cuando dos trabajadores se pegaron en una presa o cuando otro trabajador utilizó medios del Canal para usos personales". El PSOE, por su parte, asegura que hay poca transparencia sobre este asunto: "No es lógico que el Canal externalice este servicio. Tiene sus propios medios para analizar las conductas irregulares de sus trabajadores. No tenemos conocimiento de que pase en otras empresas públicas. Es una privatización más de una actividad interna del Canal", señala el diputado socialista Pedro Santín.

Sin información del coste

El Canal no ha querido especificar cuántos expedientes abiertos a trabajadores ha encargado a bufetes externos ni el coste de los mismos. "Se realizan por los procedimientos internos de contratación", señala un portavoz, que matiza que se recurre a empresas privadas buscando "imparcialidad" a la hora de solucionar un conflicto laboral interno, y que de media se tramitan "unos tres expedientes al año" en una plantilla que suma 2.400 trabajadores. "No tenemos un servicio jurídico interno para hacer esta labor debido a la escasez de expedientes que se abren".

Por ley, el Canal puede optar a una fórmula de contratación propia denominada contrato simplificado sin licitación previa, que se basa en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Este artículo permite la adjudicación a dedo y sin publicidad cuando la prestación "solo pueda encomendarse a un empresario determinado". El Canal no ha aclarado cómo contrata a estos bufetes.

El anterior convenio colectivo que regulaba las condiciones laborales de los trabajadores del Canal (vigente hasta mediados de 2012) dividía en tres las sanciones: leves, graves y muy graves. Para la imposición de una falta grave, se precisaba "una propuesta motivada", y para una falta muy grave, se necesitaba "la tramitación previa de un expediente disciplinario", que constaba de tres partes, "incoación, desarrollo y conclusión". La dirección del Canal podía delegar la incoación del expediente. Algo que, según los trabajadores, se empezó a hacer en 2010 con la excusa de la "imparcialidad".

Madrid

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