Cómo cooperativas del PSOE e IU acabaron enfangadas en el mayor pelotazo de la Gürtel

"Tuve una reunión con ellos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey por orden de Fernando Martín, dueño de Martinsa. Él solo quería saber el nombre de pila de los concejales porque decía que era un buen truco para ganárselos. Pero ya parecían convencidos. Yo esperaba que acudiesen acompañados por técnicos para asesorarles en una tema tan complejo, pero no, vinieron solos. Daba la impresión de que era más una reunión de cara a la galería y que todo ya estaba acordado". El arquitecto Gilbert Barbany Fontdevila describe así el encuentro que mantuvo con una delegación de la oposición, compuesta por PSOE e IU, durante el proceso de adjudicación de la parcela UE-124, que los investigadores ya han calificado como el mayor pelotazo de la trama Gürtel en la comunidad de Madrid.

El despacho de Barbany fue contratado por Martinsa para estudiar la viabilidad urbanística de la compra de la parcela, una operación que según el sumario del caso estuvo amañada desde el principio. El Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente la UE-124 a la constructora por 77 millones de euros y después modificó las condiciones iniciales que aumentaban las plusvalías de Martinsa de 336 a 535 millones. La Comunidad de Madrid, dirigida por Esperanza Aguirre, autorizó la operación. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, pudo cobrar 25 millones por intermediar en ella, pagando después comisiones a varios políticos implicados. Y los dos partidos de la oposición municipal, que en un principio votaron en contra pero que luego cambiaron el sentido de su voto, promovieron cooperativas que acabaron teniendo intereses en estos polémicos terrenos.

¿Cómo? Martinsa dividió la UE-124 en 21 parcelas, aunque solo consiguió vender tres antes de que entrara en concurso de acreedores en julio de 2008. La inmobiliaria Espais Promociones Inmobiliarias pagó 69 millones y dos cooperativas, otros 10,9 millones. Pradera de San Isidro, vinculada a Izquierda Unida, compró el 20 de diciembre de 2006 la parcela P-18 por 4,24 millones (IVA aparte) para levantar 90 viviendas. El 27 de junio de 2007 Progreso Arganda, promovida por el PSOE, adquirió la parcela P-20 por 6,69 millones (IVA aparte) para construir 125 pisos (aunque se terminaron haciendo solo 109). Hijos y familiares de concejales de ambas formaciones que entonces aprobaron la venta de la UE-124 han sido inquilinos de los inmuebles.

Las dos cooperativas están hoy en concurso de acreedores. El juez decretó la de Pradera de San Isidro en octubre de 2013, y la de Progreso Arganda un año después, en octubre de 2014. Además, el juzgado de instrucción número 52 de Madrid investiga a los gestores de esta última por estafa, apropiación indebida y falsedad documental tras la querella criminal interpuesta por uno de los cooperativistas afectados. Aunque el edificio se terminó y algunas viviendas están ocupadas, 47 cooperativistas, muchos de ellos militantes y simpatizantes socialistas, se quedaron sin casa y sin los ahorros que adelantaron. En el caso de Pradera de San Isidro también hay cooperativistas afectados, pero en un número bastante inferior.

Cambio de voto

Martinsa ganó la adjudicación de la venta de la parcela en noviembre de 2014, terrenos en los que podía construir inicialmente 1.280 viviendas libres y 300 protegidas. En mayo de 2005, la constructora conseguía que la edificabilidad subiera a 1.772 viviendas libres y 450 protegidas. En el año 2006, Martinsa logra más cambios: las viviendas libres pasan a 2.131 y las protegidas suben a 600. El Gobierno regional lo ratificó, en lo que el arquitecto Barbany califica de "amaño a tres bandas", es decir, Comunidad, Ayuntamiento y constructora. El 5 de julio de 2006, el plan definitivo de la UE-124 llegó al Pleno municipal de Arganda del Rey.

El Pleno lo aprueba por mayoría con 19 votos a favor, 11 de los concejales del PP, siete del PSOE y uno de IU (estaba ausente otro edil de esta formación). Solo hubo un voto en contra, en el Pedro María Párraga Villajos, que tuvo que desvincularse del grupo municipal socialista y votar como edil no adscrito porque estaba en contra del proyecto. Hasta esa fecha, la oposición no había avalado la venta de la parcela en ninguno de los Plenos precedentes en los que se trató el tema. ¿Que les hizo cambiar de idea?

Todos los concejales socialistas, menos uno que tuvo que dejar el grupo, votaron en julio de 2006 a favor de los cambios urbanísticos que beneficiaban a Martinsa

"Hasta entonces habíamos presentado muchas alegaciones. Si en 2006 finalmente dimos nuestro voto a favor es que porque se aceptaron muchas de nuestras propuestas", señala un exconcejal del PSOE que preferie guardar el anonimato. Martinsa pagó 66,6 millones por el suelo, pero se comprometió a invertir otros 11 millones en dotaciones para el municipio: la construcción de un parking municipal subterráneo con 300 plazas, la construcción de una rotonda, la rehabilitación de las fachadas de los edificios de dos barrios, el realojo de las familias que habían sido expropiadas, la reforma del auditorio Víctor Jara, una nueva guardería municipal y el traslado de la piscina municipal a otra ubicación.

Un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, del ejercicio 2010, revelaba los graves incumplimientos de Martinsa a la hora de realizar los trabajos acordados, y del Ayuntamiento de Arganda a la hora de fiscalizar que esos trabajos se estuvieran realizando. En el año 2010, el caso Gürtel ya se había destapado, Martinsa estaba quebrada y las obras en la parcela se había paralizado.

La operación, un fracaso

"El proyecto también preveía una Museo del Vino, 30.000 metros cuadrados de jardín para unir este nuevo ámbito urbanístico que quedaba dividido en dos por una carretera. Nada de eso se hizo", concluye Barbany. "Todo ha resultado ser un fracaso. La venta de la parcela está investigada en la Audiencia Nacional. Los beneficios en forma de dotaciones que iba a recibir el municipio no se han llevado a cabo y las dos cooperativas, tanto la del PSOE como la nuestra, también han supuesto un problema. Algo hicimos mal entre todos", señala un exmilitante de Izquierda Unida en el municipio. El PSOE hizo un informe de 70 páginas en julio de 2009, aportdo al sumario del caso Gürtel, que analizaba todas los contratos que la trama se llevó en el municipio. El texto, en cambio, no trata la venta de la parcela UE-124.

Hoy, diez años después de que el Pleno municipal aprobara la venta de la parcela, la Audiencia Nacional mantiene imputados a varios excargos públicos del municipio: el exalcalde Ginés López (acusado de cobrar 523.000 euros de la trama); Benjamín Martín Vasco, el ex consejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (la empresa pública dueña de los terrenos); y el extécnico municipal Juan Fernández Caballero.