Carmena cifra los escolares desnutridos con un estudio pagado por debajo de convenio

La guerra de cifras sobre la malnutrición infantil en Madrid generó una de las primeras polémicas tras la llegada de Manuela Carmena a Cibeles. La alcaldesa criticó entonces al antiguo Ejecutivo popular por no tener contabilizados los niños que sufren malnutrición y anunció que impulsaría una base de datos fiable que aglutine todos los datos oficiales del ayuntamiento. Un cometido para el que, siete meses después, se ha sacado a concurso público una contrata con el objeto de realizar un estudio de campo que ponga los datos negro sobre blanco. Los resultados de este "estudio científico para conocer el estado nutricional en la población infantil (3-12 años) de la ciudad de Madrid" estarán listos en seis meses.

La regidora de Ahora Madrid criticó al anterior Gobierno de Ana Botella porque solo 2.700 niños habían sido detectados por los servicios sociales como destinatarios de las prestaciones por malnutrición. Frente a esta cifra, los cálculos del equipo de Carmena, basados en el estudio 'Condiciones de vida' del Instituto Nacional de Estadística (INE), eran que del 31% de los madrileños en riesgo de pobreza, el 4,1% son niños. Según estos datos, serían 25.500 los niños madrileños incluidos en la tasa AROPE (no comen carne, pollo o pescado cada dos días).

Durante la pasada época estival, los servicios sociales atendieron a más de 30.000 menores vulnerables. Del total de esos 30.000 menores atendidos en recursos generalistas, 9.374 se han acogido a los programas diseñados para cubrir sus necesidades alimentarias a través de programas específicos, como el servicio de comida a domicilio, plazas gratuitas en campamentos de verano, centros abiertos en inglés y ayudas económicas a familias, con un coste total de más de 1.500.000 euros.

El servicio de comida a domicilio en 2015 solo atendió a 2.481 menores, con un presupuesto de 436.300 euros. Unas previsiones que sin embargo superaron a las de 2014, cuando el servicio de ayuda a domicilio atendió a 2.069 menores y empleó un presupuesto de más de 264.200 euros, pero que se quedan muy por detrás de las necesidades marcadas por la tasa AROPE. Desde el Gobierno municipal, aducen que el servicio es siempre a demanda. Una disfunción por la que se están estudiando otras líneas de actuación, que superarían el puesto en entredicho servicio a domicilio bajo demanda.

Las cláusulas sociales, en duda

El Gobierno municipal de Ahora Madrid se marcó como objetivo desde su entrada en Cibeles el cambio de criterios en las licitaciones públicas para primar a las empresas con mejores condiciones labores. Como telón de fondo, las dificultades mostradas por las adjudicatarias de la limpieza para cumplir con su cometido, principalmente por la inestabilidad laboral de sus trabajadores, sometidos a constantes ERTE. Para acabar con estas situaciones, el concejal del Área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, firmó el pasado 19 de enero un decreto que obliga a todas las áreas y organismos municipales a incluir cláusulas sociales en las licitaciones. Criterios de los que adolece en materia laboral un estudio científico encargado por Madrid Salud sobre malnutrición infantil, que se anunció en el BOE el pasado día 13.

La valoración económica para este estudio nutricional de los escolares madrileños comprende salarios anuales incluso por debajo de lo marcado en determinados convenios colectivos. Este último es el caso de los administrativos, para quienes se marca un salario anual de 10.000 euros (incluyendo la Seguridad Social, que debe pagar la empresa). Según el convenio actualizado en 2015, los auxiliares administrativos tienen un sueldo anual de 12.148 euros, que aumenta si se trata de oficiales de primera, segunda, coodinadores o jefes administrativos, titulados medios o superiores. Por debajo de los 10.000, solo se encontrarían los auxiliares administrativos con contrato de formación o de primer año, con un sueldo anual de 9.717 euros.

El personal de campo contaría con un salario anual de 12.000, siempre según la valoración económica del estudio nutricional que firma la jefa del Departamento de Evaluación y Calidad de Madrid Salud, Mercedes Rodríguez. En este caso, no incumplirían el convenio colectivo de encuestadores-entrevistadores, que lleva sin actualizarse desde 2009, pero no deja de suponer un contrato precario de 857 euros mensuales.

Otras de las valoraciones económicas realizadas por Madrid Salud corresponden a un titulado superior, como sería el caso de un epidemiólogo con cinco años de experiencia, que cobraría 23.000 euros anuales, y un doctor en medicina con siete años de experiencia, 26.000. Ambas cifras incluyen la Seguridad Social de la empresa.

A finales de este mes, está prevista la creación de una comisión de seguimiento de ejecución de contratos para comprobar el cumplimiento del decreto. En este caso, el presupuesto base de licitación es de 60.000 euros, por lo que podría sortear algunas de las cláusulas sociales, puesto que la subrogación contractual de los trabajadores solo será obligatoria en los contratos de más de 300.000 euros. Sin embargo, sí choca con la filosofía y el programa del nuevo Gobierno municipal.