Los 'espías' declararán el 4 de marzo en la Asamblea: 'El objetivo también era Cifuentes'

Ya hay fecha. La comisión sobre la corrupción puesta en marcha en la Asamblea de Madrid oirá a los 'espías' el próximo 4 de marzo. PSOE, Podemos y Ciudadanos han decidido que Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez (guardias civiles) y José Manuel Pinto Serrano (extrabajador de la Consejería de Interior) comparezcan ese día para arrojar luz sobre el oscuro caso de espionaje que salpicó a la Comunidad en 2008 y 2009, los presuntos seguimientos que varios funcionarios adscritos a la consejería de Interior hicieron a Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) y Alfredo Prada (era consejero de Justicia e Interior). Los tres, Coronado, Oreja y Pinto, están imputados en un juzgado y solicitaron voluntariamente declarar en la Asamblea el pasado 5 de enero, como adelantó El Confidencial.

Están dispuestos a explicarlo todo, a no callarse nada, según fuentes de su entorno. Incluida la orden que les dieron y que no cumplieron de hacer seguimientos a Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces diputada en la Asamblea madrileña. En el escrito que presentaron en la Cámara, los tres aseguran sentirse "el eslabón más débil de la cadena", y recuerdan que esta nueva comisión de corrupción "nació con el objeto de determinar responsabilidades políticas [...] en relación con casos de corrupción organizada conocidos en la Comunidad de Madrid durante las últimas dos legislaturas". Aseguran que han tratado de demostrar en sede judicial que son inocentes y que se negaron a obedecer actuaciones ilegales "anteriores incluso a la creación de la Dirección General de Seguridad" en la que fueron encuadrados.

Fuentes de su entorno aseguran que tienen muchas ganar de explicarlo todo y que incluso disponer de una sola mañana les parece poco tiempo

Las mismas fuentes señalan que tienen tanto que decir "que una sola mañana es poco tiempo, por lo que acudirán las veces que haga falta". Quieren explicar todo lo que vivieron esos años, cómo llegaron a la Comunidad, quién les contrató, sus funciones, el montaje que sufrieron, quién realizaba realmente los seguimientos y quién les traicionó. De hecho, el escrito que presentaron en el registro de la Asamblea revela su desesperación: "En los siete años que dura ya el caso, nos han hecho seguimientos, nos han robado, nos han extorsionado, y hemos sufrido un largo elenco de injusticias simplemente por defender nuestra inocencia. Estas actuaciones se hacen insoportables para cualquier ciudadano honrado".

Hay seis imputados

Los tres están imputados por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid, que lleva ya siete años investigando el caso. Los seguimientos a Prada y Cobo, que no apoyaban el asalto de Esperanza Aguirre a la dirección del PP, han dejado de momento seis imputados. Aparte de Coronado, Oreja y Pinto, también lo están José Luis Caro Vinagre (otro guardia civil, amigo personal de Francisco Granados) y los dos jefes de todos ellos: Sergio Gamón Serrano (ex director general de Seguridad que antes fue escolta de Aguirre) y Miguel Castaño Grande, policía nacional y ex subdirector de Seguridad.

Aseguran que han colaborado en sede judicial. En enero de 2013 ya declararon que recibieron órdenes de manera verbal, que no cumplieron, de ampliar la nómina de personas investigadas. En la lista estaban Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes, dos subalternos de Alfredo Prada en la consejería de Interior y los entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada (los socialistas Pedro Castro y Manuel Robles), además del jefe de policía municipal de Fuenlabrada. Las órdenes partieron de Sergio Gamón, que les señaló que Ignacio González, entonces vicepresidente del Gobierno regional, tenía mucho interés en estas personas.

La diputada Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión de corrupción, ya participó en la comisión que la Asamblea montó a principios del año 2009 cuando se destapó el caso. "La presidía Francisco Granados. Se cerró en falso. Fue un paripé. Ahora con estos nuevos testimonios tenemos la oportunidad de conocer la verdad", explica. Según Coronado, Oreja y Pinto, "las presuntas actuaciones irregulares" se habrían cometido "bajo las órdenes directas de la presidenta y del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid". Acusan directamente a Esperanza Aguirre y a Ignacio González de ordenar un espionaje que fue gestionado por Sergio Gamón. "Estos órganos de dirección instrumentalizaron a medios de comunicación para dar vida a este burdo montaje".

Los tres han pedido en sede judicial la imputación de González por ordenar los seguimientos y de Granados por conocerlos y no hacer nada por denunciarlos (delito de omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución). También han recusado a la jueza que lleva el caso, Carmen Valcarce, por entender que es amiga de Francisco Granados y por tanto estaba contaminada para seguir llevando el procedimiento. Los tres imputados denuncian la parcialidad de la jueza, que les ha rechazado 17 pruebas (entre ellas incluir en el procedimiento grabaciones comprometidas) y la imputación de nuevas personas. El caso fue cerrado tres veces y reabierto otras tres por la Audiencia Provincial de Madrid.