La agencia de informática de la CAM adjudicó 3,8 millones al grupo de su propio consejero

Tres contratos que suman 3,87 millones. Que la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid adjudicó en el año 2007 a una empresa del mismo grupo en el que era directivo el consejero delegado de ICM, ente público investigado dentro del caso Púnica. Y uno de esos contratos ordenado por el exconsejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, cuando en teoría correspondía a otra consejería, la de Cultura. La comisión de corrupción que se está celebrando en la Asamblea de Madrid está deparando muchas sorpresas y algún que otro embrollo que genera más dudas que certezas. Tantas dudas que el PSOE ha anunciado que citará a la comisión (la comparecencia es obligatoria) a la actual consejera de Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, por los "extraños contratos" que firmó ICM cuando Hidalgo era su presidenta.

La oposición cree que ICM "es mucho más que la Púnica". De hecho, PSOE, Podemos y Ciudadanos han solicitado al Gobierno regional todas las adjudicaciones de ICM desde el año 2007. José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de ICM, imputado por la Audiencia Nacional, no aclaró mucho en la primera sesión de la comisión celebrada este viernes que investiga a ICM. "Me remito a la declaración judicial", "no me tiren de la lengua, por favor", fueron sus frases más repetidas. La comisión, que aún debe recabar mucha documentación sobre la agencia de informática, que emplea a 629 trabajadores y tiene un presupuesto anual de 150 millones de euros, ha detectado tres contratos "sospechosos" que ICM adjudicó a la firma Avanzit Tecnología, una de las filiales de Avanzit.

El exconsejero delegado de ICM está además imputado por la Audiencia Nacional en la causa de las tarjetas opacas de Caja Madrid

Avanzit (ahora Ezentis) es hoy uno de los principales grupos españoles de infraestructuras y tecnologías de la información y las comunicaciones. Cándido Cerón Escudero, consejero delegado de ICM cuando se adjudicaron esos tres contratos a Avanzit Tecnología, ha sido y es directivo de otras filiales del grupo, como Avanzit Wireless, Avanzit Telecom y Avanzit Ena SGT (algunas de ellas ya extinguidas). Fuentes de la comisión han explicado a El Confidencial que será necesario "ampliar las sesiones sobre ICM más allá del 18 de diciembre", que es cuando está prevista la segunda sesión. "Hay muchas presuntas irregularidades que analizar, por ejemplo que ICM adjudicará casi 4 millones a una firma relacionada con el consejero delegado", señala la diputada socialista Encarnación Moya.

Cerón Escudero está imputado en la Audiencia Nacional en la causa abierta de las 'tarjetas black' de Caja Madrid. Como representante del Gobierno regional en la Comisión de Control de Caja Madrid gastó 78.000 con las tarjetas opacas de la caja.

Un contrato para el Campus de la Justicia

Los tres contratos son de 2007. El primero se adjudicó en junio por importe de 2,5 millones de euros. Se trataba de la "definición de servicios innovadores y gestión y control de los mismos para su implantación en el Campus de la Justicia". Precisamente el coste del fallido Campus, el proyecto de Esperanza Aguirre de aglutinar todas las sedes judiciales en un solo complejo, está siendo auditado en otra comisión de la Asamblea, la de la deuda. El segundo contrato, de octubre, es "la oficina técnica de coordinación, control, gestión y seguimiento del proyecto Ilustra Madrid de la Comunidad" por 1,23 millones de euros. El tercero era de noviembre: "evolución de la arquitectura tecnológica de los sistemas de información de la ICM" por 126.818 euros.

Los tres contratos generan sospechas. Y el segundo, más todavía. Ilustra Madrid era un "proyecto destinado a poner en red los fondos de las bibliotecas de la comunidad", que en teoría dependía de Cultura, aunque fue ordenado por la Consejería de Deportes, que desde mayo de 2007 dependía de Alberto López Viejo, uno de los principales imputados en el caso Gürtel y acusado de amañar 360 contratos del Gobierno regional. "El contrato de Avanzit para el Campus de la Justicia era una entelequia demencial, una solución tecnológica disparatada", señaló en la comisión el ingeniero Silvano Corujo, número dos de ICM esos años.

Martínez Nicolás reconoció en la Asamblea que él, cuando llegó a ICM en enero de 2008, ya se encontró con el contrato de Ilustra Madrid y admitió que todo partía de López Viejo. Nicolás, no obstante, aseguró que en su etapa al frente de ICM (estuvo hasta octubre de 2014) todos los contratos que se adjudicaron cumplieron la legalidad, que nunca recibió presiones de nadie, pero que se pudo "equivocar". En ningún momento quiso comentar ante los diputados lo que ya ha declarado ante el juez Eloy Velasco, instructor del caso.

El exconsejero delegado de ICM (empresa 100% pública dependiente del Gobierno regional) explicó al juez que su entonces superior, el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, le presionó para que pidiera a Indra (una de las principales adjudicatarias de la Comunidad de Madrid) que pagara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad mantenía con una de las firmas de la Púnica, Eico Online, que había hecho trabajos de reputación en redes sociales para políticos del PP. "Todo está en el sumario", repitió Nicolás, que está imputado junto a Victoria.