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Madrid propone multar, cesar e inhabilitar al que incumpla la ordenanza de transparencia
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multas de 750 a 3.000 euros

Madrid propone multar, cesar e inhabilitar al que incumpla la ordenanza de transparencia

El ayuntamiento encabezado por Manuela Carmena plantea crear un régimen sancionador para los cargos públicos, contratistas, perceptores de subvenciones y 'lobbistas' que incumplan sus obligaciones

Foto: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid presidida por la alcaldesa Manuela Carmena. (EFE)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid presidida por la alcaldesa Manuela Carmena. (EFE)

Las sanciones llegan a la Ley de Transparencia, al menos en la ciudad de Madrid. El ayuntamiento capitalino presentó este mediodía el borrador de la ordenanza de transparencia en el que se incluye uno de los primeros regímenes sancionadores para las instituciones y cargos públicos que incumplan la normativa municipal. Ni siquiera el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de velar por el cumplimiento de la ley en territorio nacional, tiene capacidad sancionadora, lo que ha llevado a algunas instituciones públicas como RTVE a desobedecer y llevar a los tribunales las resoluciones del Consejo.

La propuesta normativa del consistorio madrileño prevé multas de 750 a 3.000 euros para los representantes locales y cargos directivos que eludan sus responsabilidades en materia de transparencia. Algunas de las infracciones más graves recogidas en la ordenanza son el incumplimiento de la publicidad activa por parte de las entidades locales o la ocultación o manipulación de información pública.

Además de las multas económicas, la normativa local prevé sanciones disciplinarias, como el cese en el cargo de aquellas personas que cometan una infracción grave o la inhabilitación para ejercer un cargo en el Ayuntamiento de Madrid durante un plazo máximo de hasta tres años en el caso de las infracciones tipificadas como muy graves.

La ordenanza municipal también plantea extender estas sanciones a contratistas y perceptores de subvenciones que incumplan sus obligaciones en materia de transparencia, lo que acarreará la resolución del contrato o el reintegro de la ayuda.

Registro obligatorio de 'lobbies'

La segunda novedad de la normativa madrileña tiene que ver con el registro de 'lobbies'. Todas aquellas entidades, empresas o personas que quieran reunirse con el ayuntamiento encabezado por Manuela Carmena deberán estar inscritas en este registro. En caso contrario, no podrán mantener encuentros con representantes locales so pena de una futura sanción. Asimismo, los 'lobbies' inscritos aceptan la publicidad de las reuniones que mantengan con el consistorio y de los principales documentos que se utilicen durante el encuentro.

Pese a no estar contemplado en la Ley de Transparencia, la inmensa mayoría de los partidos políticos llevan en su programa electoral la creación de un registro de 'lobbies' nacional, tal y como señalaron en una charla organizada por Poletika. No obstante, el Consejo de Transparencia ya ha dado la razón a varias personas que pedían el detalle de reuniones mantenidas por altos cargos del Gobierno.

Ciudadanos y entidades civiles pueden presentar sus propuestas al borrador de la ordenanza de transparencia hasta el próximo 15 de enero. Tras la fase de alegaciones, el Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar el borrador definitivo en marzo de 2016. Hasta entonces, la capital, al igual que el resto de comunidades autónomas y entidades locales sin una normativa propia, tendrá que cumplir con la redacción de mínimos de la Ley de Transparencia nacional, que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre para estas instituciones.

Las sanciones llegan a la Ley de Transparencia, al menos en la ciudad de Madrid. El ayuntamiento capitalino presentó este mediodía el borrador de la ordenanza de transparencia en el que se incluye uno de los primeros regímenes sancionadores para las instituciones y cargos públicos que incumplan la normativa municipal. Ni siquiera el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de velar por el cumplimiento de la ley en territorio nacional, tiene capacidad sancionadora, lo que ha llevado a algunas instituciones públicas como RTVE a desobedecer y llevar a los tribunales las resoluciones del Consejo.

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