15 días sin los GAZ: el polémico cuerpo de la Policía madrileña que iba de paisano

“Queremos que vuelva la policía secreta al barrio. No es un tema de racismo. Nosotras mismas somos latinas, de Ecuador. Es un tema de salud pública, de competencia desleal, de que pagamos nuestros impuestos y nos ponen mercadillos en la puerta de nuestras tiendas. Acabaremos cerrando, y las denuncias, por experiencia, no sirven. Los vendedores ambulantes ilegales se ríen de los coches patrulla. Les basta con esconder sus bolsas o salir corriendo”. Pide que no se vean sus rostros a cámara. Ni demos sus apellidos. “No más problemas, por favor”, suplica.

Para entender la petición desesperada de Susana, que regenta desde hace tres años una panadería centrada en productos latinos, junto con su hermana María, en el suroeste de Madrid, hay que volver en el tiempo 15 días atrás. Justo cuando la alcaldesa Manuela Carmena y el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, decidieron finiquitar el Grupo de Apoyo Zonal, conocido como GAZ.

Esta sección estaba formada por 23 agentes. Un cabo y ocho policías en turno de mañana y 13 policías y otro cabo por la tarde, que teóricamente se presentaron voluntarios a esta unidad. Su trabajo se desarrollaba en la Subinspección Suroeste, que comprende los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, Latina y Arganzuela. Teóricamente, su misión era una experiencia piloto para acabar principalmente con los mercadillos ilegales, el botellón y el menudeo de la droga en los espacios públicos de este conflictivo distrito. Y, como explican fuentes policiales, había intención de trasladar el modelo a las otras cuatro subinspecciones de Madrid.

¿Por qué surgió esta iniciativa? ¿Para qué introducir policía armada pero sin uniforme cuando están ya las patrullas municipales? Según las asociaciones vecinales y las mencionadas fuentes policiales, el motivo de la creación de este equipo de trabajo fueron las continuas denuncias y demandas de los ciudadanos de estos distritos, como es el caso de Susana y María, las dueñas de la panadería y vecinas del distrito de Usera con quienes arrancamos este reportaje. Esta demanda fue trasladada al ayuntamiento por las juntas locales de seguridad vecinal. Y recalcan: “Desde las unidades de distrito no se puede acometer la problemática mencionada, dado que, unido a la no menos importante labor que la policía uniformada debe hacer frente de forma diaria, su alta visibilidad le impide actuar por sorpresa, factor esencial en el éxito de las tareas referidas”.

¿Un grupo "elitista y oscuro", elegido "a dedo"?

En el ayuntamiento la respuesta es diametralmente opuesta. Lo tildan de cuerpo “elitista y oscuro” y subrayan que había provocado “recelos entre sus compañeros”. Explican que los miembros del GAZ “habían cobrado 155.000 euros en horas extra”. Les contamos que hemos ido al barrio. Y más tarde puntualizan vía correo electrónico: “Tenían unos privilegios dentro del cuerpo del que no gozaban otros agentes que sin embargo hacían el mismo trabajo uniformados. Se ha desmantelado el GAZ por su pérdida de eficacia (iban de paisano), porque sus miembros se eligieron a dedo, porque se creó en su día de forma esporádica y porque sus competencias las tienen que tener las unidades de distrito".

"El modelo de Policía Municipal en el que se está trabajando no se basa en quitar efectivos policiales de los distritos para atacar la venta ambulante desde una perspectiva reactiva. El modelo se basa en atender a la ciudadanía desde una perspectiva preventiva, desde los distritos”. Solo aquí una pequeña cuenta de nuestra cosecha con los datos que nos aportan fuentes policiales. El GAZ ha hecho en 13 meses 4.200 horas extra. Si se dividen entre 25 policías de la unidad, sale 168 horas extra, que tocan a 12,9 horas por persona. Actualmente se paga a 23 euros la hora extra (sin impuestos). La cifra resultante dista mucho de los 155.000 euros que dice el ayuntamiento.

Como no nos cuadran los números, volvemos al barrio. Es domingo. Son las tres y media de la tarde. Estamos en las inmediaciones del metro Doce de Octubre, en el distrito de Usera. Conocido popularmente como el Chinatown madrileño, ya que de los 50.000 ciudadanos chinos de la capital, más de 10.000 están afincados aquí, según fuentes municipales. El otro colectivo predominante es el de los latinos, sobre todo procedentes de Ecuador y Bolivia. Hemos dejado hace escasos cinco minutos a las panaderas ecuatorianas Susana y María y vamos a una de los parada de metro de Usera, donde Francisco, otro comerciante, nos da más datos sobre la problemática del barrio.

“Tenemos que convivir todos. Yo no puedo competir con la venta ambulante. Me ahogan las deudas y los impuestos. Luego está la basura. Venden de todo a las puertas de mi negocio, hasta pantalones, me dejan los cartones en la puerta. He visto cómo esconden la comida en el hueco de las ruedas cuando ven al coche patrulla. Lo bueno de la policía secreta es que iban de paisano y no les veían venir. Estábamos contentos, en un año el barrio estaba mucho mejor. El fin de semana, como mi negocio está frente a un parque, tengo botellón en mi acera. Los latinos beben sin control y hacen sus necesidades en cualquier lado. No es racismo, cojones. Que venga la alcaldesa a verlo. La invito a venir un día entre semana. Doña Manuela, coja el metro y bájese en Usera y véalo usted misma”.

Grabamos en cámara la basura y nos cruzamos con un coche patrulla dos veces. En el parque frente al establecimiento de Francisco hay una vendedora ambulante. Nos vende un bollo relleno de queso salado a 50 céntimos, cuando en la tienda de Susana y María vale un euro. Es boliviana y lleva la mercancía en una bolsa de plástico entre las piernas. “Es mi medio de vida. Soy vieja para trabajar en la limpieza y tengo cinco hijos en mi país. ¿Qué haría usted?”, nos dice. La patrulla de la policía vuelve a pasar y sigue su ruta. La mujer cierra la bolsa y mira para otro lado.

Botellón, barbacoas y ‘ecuavoley’

La siguiente parada: el parque de Las Cruces. Una impresionante arboleda con un lago central que ocupa los distritos de Carabanchel y Latina. Aquí, junto a las canchas de deporte unas 200 personas acuden a ver jugar al ‘ecuavoley’. Por si no lo han visto antes, es el deporte nacional de los inmigrantes ecuatorianos. Se juega con dos equipos cada uno de tres jugadores. Cuando el balón choca contra la red no es gol, sino un mal remate como en el voleibol.

Marta es ecuatoriana y fue presidenta de las vendedoras ambulantes del distrito de Lago. Ella aprovecha para vender sus bollos y bocadillos entre los compatriotas que miran los partidos. Han modificado las canchas y todas en el suelo tienen clavos oxidados que sujetan sus redes. No hay españoles y la vida alrededor de una cancha de 'ecuavoley' discurre entre barbacoas de pinchos de carne montadas encima de cajas de cartón, puestos de helado sin refrigeración alguna, latas de refrescos y alcohol. La gente acude con sus familias para pasar el día.

"Es nuestra cultura. Pasamos mucho tiempo encerradas limpiando en las casas y este es nuestro momento”, dice otra vendedora. Marta, sin mirar a cámara, explica que ella aunaba a más de 200 vendedoras del distrito de Lago y que se reunieron con Esperanza Aguirre. “Nos prometió regularizarnos. Muchas tenemos el carné de manipulador de alimentos. Queremos pagar impuestos y que nos den una zona y vender en las condiciones que nos exijan, como hacen los mercadillos medievales. Aguirre cogió nuestros votos y no volvimos a saber de ella. Botella no nos recibió. Y la de ahora, ya no confiamos en nadie. Tenemos que sobrevivir, señora”, dice, y nos da con cautela su número de móvil. “Espero que no me metan presa por esto. La policía secreta nos quita el dinero. Nos multa. Muchas de mis compañeras deben hasta 4.000 euros. Hable usted con esa alcaldesa nueva. Nosotros no tenemos voz”, nos insta.

Según avanza la tarde, las litronas se dejan de meter en las bolsas. Quedan menos niños y se ven los efectos del alcohol. Los taxistas del barrio nos dicen que se niegan a llevar a los borrachos. “Cuando estaba la policía secreta, los latinos andaban con más cuidado. Ahora campan a sus anchas. Yo, se pongan como se pongan, solo llevo a la mujer y a los niños. Si el marido ‘toma’, como dicen ellos, como un animal, no es mi problema. A mí me jode el servicio y no es por limpiar la vomitona, sino que por el olor ya no puedo trabajar ese día”, relata Andrés, un veterano taxista de una emisora independiente.

A la salida del parque también está Elena, una vecina del barrio, que tiene un niño de tres años y accede a que le grabemos unas declaraciones. “No podemos sacar los niños a los parques. Estamos acostumbrados a convivir con otras culturas. Los chinos, por ejemplo, pagan sus impuestos en sus negocios y no les ves borrachos por las aceras. Si la policía de paisano estaba haciendo un buen trabajo y estábamos contentos, no entiendo por qué quieren que volvamos a lo de antes”.

Actualmente, los 24 miembros de los GAZ han vuelto a sus unidades de origen. Su trabajo, dicen desde el ayuntamiento, lo harán las patrullas policiales “como en el resto de distritos”. En la subinspección donde trabajaban, los vecinos y vendedores ilegales siguen sin ver cubiertas sus demandas. Y ahí queda la invitación unánime que hacen a Manuela Carmena para que un día baje en metro a visitarles. Comerciantes como Xian, el dueño del Bar La Oliva, se ofrecen a hacerle de guía.