El Ayuntamiento de Madrid revisará el contrato de la M-30 por "sangrante"

El Ayuntamiento de Madrid revisará el contrato con la empresa Calle 30, en la que participa el consistorio junto a Dragados y Ferrovial, al considerar que ha sido "absolutamente oneroso desde el punto de vista del coste para los madrileños". El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha detallado hoy en la comisión de economía los 502 millones que desde 2004 han abonado los madrileños "en pagos relacionados con el tipo de sociedad mercantil desarrollada por el anterior equipo", del PP.

Calle 30 es la empresa que gestiona y mantiene los túneles de la M-30 construidos en época de Alberto Ruiz-Gallardón. El PSOE ha preguntado hoy en la comisión de economía a Sánchez Mato por el futuro de la sociedad. El portavoz socialista, Julio Ransés Pérez Boga, ha denunciado el sinsentido de las cuentas de Calle 30. "Ingresa 125 millones que proceden totalmente de aportaciones del ayuntamiento y destina 37 a gastos de explotación. El resto son beneficios. Parece contradictorio que los madrileños den 125 millones y que la sociedad gaste 37".

Sánchez Mato (Ahora Madrid) no ha quitado gravedad a la situación. "Es un tema especialmente sangrante para este delegado", ha comenzado, ya que es responsable de Hacienda y presidente de Calle 30. Según Sánchez Mato, además de los 502 millones ya pagados, el contrato impone que el ayuntamiento debe seguir "pagando unos 50 millones a gastos prescindibles". Sánchez Mato matizó que parte de ese dinero va a impuestos a la Hacienda estatal pero "la triste gracia es que el coste lo asumen los madrileños".

Calle 30 se diseñó como sociedad mixta para eludir que el agujero de la M-30 contabilizara como deuda municipal. En 2011, el consistorio asumió la deuda de Calle 30: aun así, siguió pagando mucho más de lo que gastaba la sociedad en mantener los túneles. El resultado es que Calle 30 daba enormes beneficios, por los que ha pagado 106 millones de euros en impuesto de sociedades en una década. Además, el ayuntamiento ha abonado 66 millones en intereses a sus socios privados, 279 en IVA, además de los 39,8 millones en dividendos a Ferrovial y Dragados (del grupo ACS).

El equipo de Manuela Carmena cree que esos pagos han sido innecesarios y que vienen del intento de Gallardón de camuflar la deuda de la M-30. Esos 502 millones no incluyen los posibles sobrecostes en la obra y en la gestión de la M-30. Son solo achacables al diseño mercantil de la operación para construir y mantener los túneles mediante una sociedad mixta. Pérez Boga ha definido el esquema como "una operación demoníaca e inviable" y ha añadido que "el panorama es desolador".

Sánchez Mato ha deslizado que intenta revertir esta situación, algo complicado porque el acuerdo obliga al menos hasta 2025. Señaló que buscará "la fórmula para que este tipo de situación no se siga produciendo en el futuro sobre un diseño que destroza las arcas públicas". Sánchez Mato afirmó que espera resolver antes la situación: "En 2025 voy a ser muy viejecito si es que estoy vivo; seguramente querremos solucionarlo mucho antes", declaró a los medios.