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C's se querellará contra cinco exmilitantes que le impidieron presentarse en Móstoles
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ya están denunciados por injurias

C's se querellará contra cinco exmilitantes que le impidieron presentarse en Móstoles

El partido no tiene representación en el Ayuntamiento de Móstoles porque cinco de sus candidatos iban en otra lista electoral. Ciudadanos cree que urdieron un plan para boicotear su candidatura

Foto: Ignacio Aguado, a la izquierda.
Ignacio Aguado, a la izquierda.

Móstoles es la segunda ciudad con más población de la Comunidad de Madrid. Y en su ayuntamiento no hay ningún concejal de C's. La formación liderada en la región por Ignacio Aguado cree que hay responsables de que Ciudadanos no tenga presencia en el pleno municipal y ultima una querella criminal por un delito contra los derechos fundamentales contra cinco de sus exmilitantes en esta localidad, a los que acusa de urdir un plan para boicotear la candidatura que Ciudadanos presentó a las elecciones municipales de mayo. La querella será presentada a finales de noviembre, ya que antes los cinco exafiliados fueron denunciados por injurias y calumnias, y la ley exige que se celebren actos de conciliación para llegar a un acuerdo, algo que de momento no ha sucedido.

Los nombres de los cinco exmilitantes aparecieron en dos listas distintas en los comicios de mayo: en la de Ciudadanos y en la de un nuevo partido independiente que se llama Tercera Vía, lo que provocó una cascada de denuncias y recursos ante la Junta Electoral. Al final, perdió la candidatura de Ciudadanos, que no se pudo presentar, mientras que Tercera Vía sí lo hizo aunque no obtuvo representación en el consistorio. La defensa de los cinco exmilitantes asegura que sus clientes desconocen esta nueva querella y que "ellos se dieron de baja porque Ciudadanos no respetó las primarias de Móstoles".

La agrupación de Móstoles se fracturó en dos bandos cuando la dirección de Madrid vetó a un candidato por irregularidades en su gestión

Los problemas en Móstoles comenzaron a principios de año. Algunos militantes denunciaron a la dirección de Madrid que el coordinador, Pedro Benayas, dirigía la agrupación como "un cortijo", colocando a amigos en los primeros puestos de la candidatura. También se detectaron ciertas irregularidades en su gestión como empresario, algo que no gustó a la dirección madrileña del partido, que en abril le comunicó que no iba a ser el candidato a la Alcaldía de Móstoles. Ciudadanos nombró entonces una gestora con el objetivo de organizar una candidatura de consenso en una agrupación que quedó bastante fracturada.

La gestora presentó una lista el 19 de abril que incluía a militantes de los dos bandos: partidarios de Benayas y los que habían denunciado su gestión. La Junta Electoral recibió la candidatura, provisional el día 20, y el 22 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Fue ese día cuando se destapó todo: había cinco nombres que aparecían en la lista de Ciudadanos y en la del partido local Tercera Vía, que se autodenominaban "los ciudadanos auténticos". Se trataba de Carlos Javier Rodríguez Domínguez, Ernesto Sánchez Quiñones, Jorge González Expósito, María Natividad López y Sergio Gómez.

Recurso y anulación

La Junta Electoral permitió a Ciudadanos subsanar su lista siempre que respetara la paridad en los tramos de cinco que exige la ley. Pero Tercera Vía presentó un recurso ante un juzgado contencioso-administrativo argumentando que una de las sustituciones que había hecho Ciudadanos no cumplía esa paridad. El juzgado dio la razón a Tercera Vía y anuló la candidatura. Ciudadanos presentó entonces un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que también fue rechazado. Ciudadanos está convencido de que estos cinco exmilitantes maquinaron para boicotear la candidatura naranja como venganza por la expulsión de Benayas.

"Vamos a acreditar que maniobraron con alevosía para impedir nuestra candidatura. Uno de ellos presentó en persona dos horas antes de que acabara el plazo sus datos para ser candidato, lo que hizo sabiendo que ya iba en otra lista. Los cinco habían dado su consentimiento para ir en nuestra lista e incluso firmaron la carta ética que se exigía a todos los candidatos", señala un portavoz de los servicios jurídicos de Ciudadanos. "No podemos dejar esto impune. Lo hicieron de mala fe para perjudicarnos", señala César Zafra, secretario de organización de Ciudadanos Madrid.

La mejor prueba de que actuaron de mala fe, explica Ciudadanos, "es que recurrieron ante un juzgado el supuesto incumplimiento de la paridad de nuestra lista, algo que habíamos subsanado según la Junta Electoral, pero que ellos quisieron judicializar. Es una prueba definitiva y evidente. Tenemos testigos y documentos. Vamos a acreditar que mienten".

Ciudadanos presentará una querella conjunta contra los cinco exmilitantes. Ya ha presentado una denuncia por injurias y calumnias, "porque encima dijeron en algunos medios que habíamos utilizado sus firmas y sus datos sin su permiso, y eso era acusarnos de un delito y no lo vamos a consentir". Ya se han celebrado tres de los cinco actos de conciliación por las denuncias de injurias y calumnias, que han acabado sin acuerdo. "Ciudadanos alega que mis defendidos cometieron injurias los días 23 y 24 de abril pero no han aportado pruebas. Ciudadanos ha querido tapar un error suyo, ya que un tribunal tumbó su lista, denunciando a estos exmilitantes", explica la defensa de los cinco exafiliados.

Móstoles es la segunda ciudad con más población de la Comunidad de Madrid. Y en su ayuntamiento no hay ningún concejal de C's. La formación liderada en la región por Ignacio Aguado cree que hay responsables de que Ciudadanos no tenga presencia en el pleno municipal y ultima una querella criminal por un delito contra los derechos fundamentales contra cinco de sus exmilitantes en esta localidad, a los que acusa de urdir un plan para boicotear la candidatura que Ciudadanos presentó a las elecciones municipales de mayo. La querella será presentada a finales de noviembre, ya que antes los cinco exafiliados fueron denunciados por injurias y calumnias, y la ley exige que se celebren actos de conciliación para llegar a un acuerdo, algo que de momento no ha sucedido.

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